El aplazamiento del debate de investidura por parte de Roger Torrent ha situado la política catalana en terreno desconocido. El plazo reglamentario indica que la sesión plenaria se tiene que celebrar durante los diez días hábiles, y el último día es este miércoles. La ley de la presidencia de la Generalitat y del Govern también establece que "si una vez transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato o candidata no ha sido elegido, la legislatura queda disuelta automáticamente y el president o presidenta de la Generalitat en funciones convoca elecciones de manera inmediata". Leyendo la ley de forma estricta, sin "primera votación de investidura", no tendrían que empezar a correr los dos meses. Pero hay un precedente a la Asamblea de Madrid que dice lo contrario.

Fue hace quince años, en 2003, cuando tuvo lugar el polémico tamayazo, el transfuguismo de dos diputados socialistas en la Asamblea de Madrid, que permitió la llegada al poder de Esperanza Aguirre. El reglamento de la Asamblea de Madrid es muy parecido al del Parlament de Catalunya: hay un periodo de quince días para proponer un candidato -en vez de diez-, y se inicia un periodo de dos meses a partir de la primera votación de investidura fallida, después del cual se disuelve automáticamente la cámara. En aquel momento, el gobierno de la Comunidad de Madrid encargó un informe al Consejo de Estado, que emitió su dictamen. Se le preguntaba cuándo empezaban a contar los dos meses.

El 26 de junio del 2003, el máximo órgano consultivo del Gobierno español dictaminó que "si no hay candidato a la investidura en el plazo de quince días", previstos por el reglamento de la Asamblea y el Estatuto de Autonomía, el periodo de dos meses "empieza a contarse desde que queda constatada la imposibilidad de proponer un candidato". Es decir, no es necesaria una votación fallida.

De la misma forma, el Consejo de Estado también establecía que, antes de que transcurriera este plazo de dos meses, "no puede procederse a la disolución de la Asamblea por acuerdo mayoritario de esta", sino que se tiene que agotar el plazo. Finalmente, la Comisión Permanente fijaba que, durante estos dos meses, se pueden presentar todos los candidatos que haga falta para desbloquear la situación.

En el cuerpo del dictamen, el Consejo de Estado expone que "en términos estrictamente jurídicos, no es admisible que la imposibilidad de proponer un candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en el breve e inicial plazo de quince días produzca una paralización institucional (en potencia indefinida)".

En el caso del Parlament de Catalunya, todos los grupos parlamentarios solicitaron este martes un informe a los letrados de la cámara para que aclararan como quedaban los plazos.

ERC ve un margen de 10 días

A pesar de que el plazo para investir presidente acabaría este mismo miércoles y que, según el precedente de Madrid, el plazo de dos meses para la celebración de nuevas elecciones empezaría a contar, Esquerra considera que hay diez días de margen. Los republicanos defienden que el tiempo queda ahora parado, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional.

Este sábado, después de imponer las medidas cautelares a la investidura de Carles Puigdemont, el TC dio diez días a las partes, a la abogacía del Estado y al Parlament, para pronunciarse sobre su decisión y presentar alegaciones.

De momento, la cámara catalana todavía no ha presentado sus argumentaciones en contra de la decisión del tribunal, aunque los servicios jurídicos están trabajando en esta línea, pero la decisión del TC de desestimar las de Junts per Catalunya y mantener el veto a la investidura a distancia de Puigdemont, hacen presagiar un veredicto desfavorable a los independentistas.

ERC, sin embargo, se aferra a la excepcionalidad de la situación, y al plazo dado por lo mismo Constitucional, para dejar la investidura en stand by, sin considerar que eso suponga estar más cerca de la convocatoria de nuevas elecciones. Los republicanos quisieron dejar claro este martes que la sesión de investidura no quedaba anulada sino suspendida,que su candidato seguía siendo Puigdemont, y que la sesión podría empezar inmediatamente cuando se dieran las "garantías" para hacerla efectiva.

¿Arrimadas podría forzar los plazos?

Ya después del aplazamiento del pleno, desde el Partido Popular se pudieron volver a oír voces que presionaban a Ciutadans para que presentara la candidatura de Inés Arrimadas como presidenta de la Generalitat. Asimismo lo pidió el presidente del grupo popular, Xavier García Albiol, en rueda de prensa, que defendió que sería una manera para forzar los plazos y que el tiempo para nuevas elecciones empezara a contar.

Esta opción, sin embargo, sería a estas alturas imposible. En primer lugar, porque las fuerzas que podrían llegar a dar apoyo a Arrimadas (Cs, PP y PSC) no tienen mayoría en la cámara, pero además, porque no es la líder de Ciutadans quien se tendría que proponer como candidata, sino que eso es competencia del presidente del Parlament, Roger Torrent.

Según el reglamento, el presidente hace una ronda de consultas con los diferentes partidos, que son los que le comunican qué candidato tienen intención de dar apoyo, y es este quien propone el candidato a la cámara. Aunque Arrimadas pactara con los partidos unionistas proponerse como candidata para hacer correr los plazos hacia unas nuevas elecciones, Torrent no podría proponerla a la camara. La aritmética parlamentaria surgida de las elecciones del 21-D, hace imposible que la presidencia de la Generalitat sea para C's.

Además, para hacerlo, tendría que anular la propuesta de pleno de investidura para Carles Puigdemont, lo que supondría un descalabro en las relaciones entre los independentistas, y JuntsxCat, ERC y la CUP tendrían que decir en la ronda de contactos que no están de acuerdo en proponer ningún otro candidato. Una situación que, en estos momentos, parece imposible.