La resolución del Grupo de trabajo de la ONU contra las Detenciones Arbitrarias que ha reclamado al Gobierno la libertad inmediata de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart tiene, como mínimo, dos casos precedentes.

En las dos ocasiones, una en Francia y la otra en Polonia, los dos encarcelados quedaron en libertad después del pronunciamiento de las Naciones Unidas. Ninguno de los dos estados europeos, a posteriori, se atrevió a cuestionar la resolución del organismo internacional.

El informe de la ONU sobre el caso de los presos independistas catalanes considera arbitraria la privación de libertad de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y reclama su puesta en libertad "inmediata", a la vez que pide que se lleve a cabo una investigación "exhaustiva e independiente" de las circunstancias que han provocado esta situación y que se adopten medidas contra los responsables de la violación de sus derechos.

El caso de Francia hace referencia a la detención y el intento de extradición del opositor kazako Mukhtar Ablyazov. Este estaba acusado de robar miles de millones de dólares del banco kazako BTA, que opera también en Rusia y Ucrania. En esta ocasión, el Grupo de trabajo de la ONU resolvió que su detención había sido excesiva y emplazaba al estado francés (entonces era ministro Manuel Valls) a dejarlo en libertad. El revés fue duro para el primer ministro, que había aprobado incluso la extradición de Ablyazov.

La opinión del grupo de expertos de la ONU se publicó el 23 de noviembre de 2016. El Consejo de Estado francés, dos semanas más tarde, anuló la extradición del opositor. Ablyazov fue liberado el mismo día, el 9 de diciembre del 2016.

 

El caso de Polonia es más reciente. La petición de la ONU fue para liberar al político y periodista Mateusz Piskorski, que desde el 2016 había sido acusado de espionaje a favor de Rusia y China. Piskorski, exdirector de un canal de televisión, se había comprometido públicamente con la lucha para la independencia de su país. Justo antes de ser arrestado, durante la reunión del Consejo del Atlántico Norte en Varsovia, había publicado en Polonia un artículo sobre la campaña de propaganda de la OTAN que pretendía ocultar el papel de la Unión Soviética en la victoria contra el nazismo.

Hace un mes, en abril del 2018, el caso obtuvo la opinión favorable del grupo de trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, que concluyó que Polonia tenía que liberar a Piskorski de inmediato y pagarle una indemnización y otras reparaciones. Este mes de mayo del 2019, el activista polaco ha sido liberado después de tres años de prisión.

En total, las Naciones Unidas han emitido 245 resoluciones en los cinco continentes con el mismo objetivo que el pasado miércoles el grupo de expertos hizo público reclamando la libertad de los presos independentistas catalanes.

Los cinco diplomáticos internacionales exigen, también, una indemnización por los presos y consideran que su detención y encarcelamiento es una vulneración de los derechos fundamentales, especialmente el de libertad de expresión. Un proceso idéntico al de los casos francés y polaco.

El Tribunal Supremo reconoce que las resoluciones de la ONU se tienen que acatar

España está obligada a aplicar lo que piden las Naciones Unidas. El mismo Tribunal Supremo lo avaló el mes de noviembre pasado, en una resolución en materia de derechos humanos. Que no haya una sanción por incumplimiento, no quiere decir que España, como estado miembro de las Naciones Unidas, pueda eludir los acuerdos y recomendaciones de la organización y las instituciones que están vinculadas, afirmaba entonces el alto tribunal.

En la sentencia reconocía que las recomendaciones de comités y de los organismos vinculados a las Naciones Unidas tienen que ser "efectivamente acatadas y aplicadas". "En su decisión, el Tribunal Supremo reconoció que las cláusulas de los tratados internacionales de los cuales España es estado signatario, forman parte de su legislación y que las recomendaciones del Comité CEDAW son de carácter vinculante. Por lo tanto, las conclusiones del Comité tienen que ser efectivamente acatadas y aplicadas, para que los derechos y libertades estipulados en estos tratados sean "reales y concretos" en España", argumentaba la resolución.

Irene Lozano, puntos de vista contrapuestos sobre la ONU

La actual secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, tiene puntos de vista contrapuestos sobre el grupo de la ONU contra las Detenciones Arbitrarias que ha exigido la liberación inmediata de los presos políticos.

La que fuera diputada de UPyD, exigió el año 2015 la libertad del líder de la oposición venezolana Leopoldo López, a quien definía como preso político. Como base de su argumentario, exponía el posicionamiento de la libertad inmediata de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Cuatro años más tarde, Lozano ha puesto en marcha una campaña para desacreditar a los cinco expertos que forman el grupo de las Naciones Unidas. Sobre la resolución de la ONU, ha comentado que "su labor ha sido poco rigurosa y que han sido víctimas de una nueva campaña de desinformación de parte del independentismo más radical".

El abogado Gonzalo Boye ha recogido las declaraciones que entonces hizo Lozano, mencionando al grupo de expertos de la ONU.