El presidente en el exilio y también eurodiputado Carles Puigdemont ha hecho una serie de preguntas al Tribunal Supremo (TS) después de conocer los argumentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para conseguir autorización judicial y poder espiar a los dirigentes independentistas. "Han intentado hacer un referéndum y trabajar para ganarlo?. ¿Han tratado de respetar lo que el pueblo de Catalunya les pide a través de su Parlament y de sus representantes democráticos?", son las preguntas que ha realizado Puigdemont que no han dudado al responderse a él mismo con otra pregunta: "O en su lógica sólo entran acciones represivas y criminalizadoras"?.
"Las intervenciones telefónicas son la única manera de evitar una secesión en España". Estas son las palabras que utilizó el magistrado del Tribunal Supremo que es responsable del control judicial del CNI para justificar la intervención de las comunicaciones de 18 personas del entorno independentista. Estas intervenciones se realizaron en un momento clave para el independentismo, en octubre de 2019, cuando se conoció la sentencia del juicio al procés. Según afirma El Mundo, entre estos 18 espiados estaba el presidente del Govern, Pere Aragonès (que entonces era vicepresidente y conseller de Economia), y también personas del entorno próximo del Presidente Carles Puigdemont. Según el citado diario, estas autorizaciones judiciales para espiar teléfonos móviles se explicaron a los portavoces de los grupos parlamentarios a la comisión de secretos de la semana pasada, cuando Paz Esteban todavía era directora del CNI.
Los autos judiciales que autorizaban las escuchas contenían razonamientos como: "la necesidad de cortar un nuevo intento de atentar contra la unidad nacional" o "la intención de los investigados de desprestigiar España promoviendo actividades delictivas". Estas son las excusas que permitieron el espionaje, además de otros argumentos personalizados donde se detallan supuestos delitos cometidos por los investigados. En todos los autos se explica que la medida tomada para combatir el independentismo es "la intervención de los teléfonos móviles" de los dirigentes independentistas y su entorno directo. Ahora bien, las resoluciones no especifican en ningún momento que la infección de los móviles se haga con Pegasus.
El Gobierno defiende la legalidad
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defendió este miércoles en el Congreso la legalidad de las actuaciones del CNI en el espionaje al independentismo, y cerró la puerta a la comisión de investigación sobre Pegasus que piden a los socios del ejecutivo español, porque a su entender "ya existe una comisión de secretos oficiales para esta finalidad" y en la reunión de la semana pasada "ya se enseñaron los documentos". Según Bolaños, la democracia española "funciona" y su gobierno velatorio para que no haya cualquier "vulneración de derechos fundamentales". Bolaños hizo estas manifestaciones durante su comparecencia a la Comisión Constitucional del Congreso, donde ha apuntado que "entiende perfectamente" la "preocupación" de las personas que salen a la información de The New Yorker, sin embargo "la democracia española funciona y protege a todo el mundo, igual que lo hace el CNI".