El momento es especialmente delicado. La presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Síofra O'Leary, que acaba de admitir los recursos de los presos del procés contra la sentencia del Tribunal Supremo, ha visitado Madrid —incluido un encuentro con el rey Felipe VI— en plenas negociaciones entre el PSOE y Junts per Catalunya, que sitúan la amnistía como elemento nuclear de la conversación. En paralelo al estudio del TEDH, el posible despliegue de la norma que exculparía a independentistas ha desatado un debate jurídico intenso y se sabe que, de aprobarse, acabará en la mesa del Tribunal Constitucional (TC), que hoy ha acogido la visita de la jurista irlandesa. Dos vías jurídicas que han confluido durante unas horas en la capital española.
En su discurso magistral en perfecto castellano, la presidenta del Tribunal de Estrasburgo se ha cerrado en banda y ha evitado referirse a los recursos que tiene sobre la mesa en torno al procés independentista. "No tomaré posición sobre casos pendientes o posibles casos futuros", ha dicho O'Leary en un auditorio lleno de magistrados del TC y del Supremo. En conversación con sus interlocutores, la jurista sí que admite que esta carpeta resulta "importante" para la Gran Sala del TEDH, aunque no se atreven a ponerle fecha. Esta causa es una patata caliente que quema y, de hecho, el magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín aseguró en una entrevista a ElNacional.cat que era "significativo" que el TEDH aceptara los recursos de los líderes independentistas, dado que el procedimiento habitual, afirmó, "es rechazar las demandas".
A la espera de que el TEDH se pronuncie sobre los recursos de los presos del procés, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se ha vanagloriado de representar a España, "uno de los países que menos sentencias condenatorias recibe". Y cuando las recibe, ha dicho, el Estado no las considera una "condena", sino "un camino, un avance y un progreso". Según datos del tribunal que se encarga de aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, España acumula 206 condenas entre 1959 y 2022, lejos de las más de 3.500 de Rusia.
Entre los casos que ha mencionado, la jurista irlandesa ha hecho referencia a la sentencia que tumbó la llamada Doctrina Parot, que establecía que la reducción de penas —en este caso, de presos de ETA— se debía aplicar respecto a la pena total y no respecto al máximo legal de encarcelamiento. En este sentido, O'Leary ha recordado que la demandante —una etarra—, que ganó la partida, fue puesta en libertad el día después de la condena. "La división social y política no interfirieron en el estricto cumplimiento de las obligaciones del Estado", ha afirmado.
La incomodidad de la amnistía
En el posterior refrigerio, la posible amnistía también se ha constatado como un elemento incómodo entre los magistrados del TC. Fuentes jurídicas admiten que, sin texto sobre la mesa, los responsables del órgano de garantías estatutarias evitan de cualquier manera referirse a ella para no meterse en ningún jardín. De hecho, los magistrados dicen sentirse molestos por encontrarse en el centro del debate, cuando el proceso normativo no está ni puesto en marcha, y les incomoda que se interprete que la mayoría progresista dará el aval al eventual texto.
Con un CGPJ bloqueado desde hace cinco años y ante un auditorio con presencia de magistrados del órgano de gobierno de los jueces, O'Leary ha subrayado, sin entrar en detalles, que "cuando se producen bloqueos a nivel político", en relación con el nombramiento de jueces, "los tribunales nacionales y europeos pueden intervenir en defensa tanto de la independencia judicial como del buen funcionamiento de un estado democrático de derecho". Al margen de eso, O'Leary ha presentado algunos datos de interés y que afectan a la guerra de Rusia en Ucrania. A fecha del pasado septiembre, el TEDH acumula 75.600 demandas pendientes de resolver, de las cuales 15.000 son demandas individuales contra Rusia.