La presidenta del Tribunal de Cuentas (TCu), Enriqueta Chicano, ha asegurado este lunes en el Congreso de los Diputados que los informes que su organismo aprobó por unanimidad sobre los contratos sanitarios que hizo la Administración General del Estado durante la pandemia de la covid-19 señalan que se produjeron algunas "deficiencias e irregularidades", sin embargo, "con carácter general el uso de la tramitación de emergencia y los contratos examinados fueron ajustados a derecho", y los precios que se pagaron "respondieron al comportamiento normal del mercado en aquellas fechas". Chicano ha defendido el informe de fiscalización de 2023 que elaboró el Tribunal de Cuentas, y ha defendido que en ningún caso se blanquearon las actuaciones irregulares de ninguna administración.
Según ha remarcado Chicano, sus fiscalizaciones han sido "extensas, técnicamente fiables y rigurosas" realizadas por "centenares de servidores públicos, auditores, letrados y funcionarios de todo tipo". Mientras se realizaron fiscalizaciones, las Cortes renovaron el Tribunal en 2021, pero el nuevo pleno hizo suyo el trabajo de sus antecesores y los siete informes se aprobaron por unanimidad.
Actuación en el marco de la ley
La presidenta del TCu ha lamentado la entrada de algunos "oportunistas" en el sistema durante la contratación de urgencia de material sanitario en un momento en el que el mercado "estaba muy tensado". A pesar de este escenario, ha asegurado que la administración general del Estado, es decir, el Ministerio de Sanidad y los organismos autónomos de carácter estatal, se ciñeron a los precios establecidos y actuaron "de la mano de la ley". "En algunos organismos se pidieron hasta cinco informes", ha recordado.
Chicano ha protagonizado un enfrentamiento con el diputado del PP, José Vicente Marí, quien ha acusado a la presidenta del TCu de haber modificado informes en favor del Gobierno sobre contratos de emergencia por valor de 87 millones de euros firmados por el Ministerio de Sanidad mientras estaba liderado por Salvador Illa. El popular ha afirmado que la institución se ha dedicado a "blanquear irregularidades burdas" e incluso a "dar la enhorabuena" a sus autores. En su réplica, la presidenta del TCu ha recordado que los informes se aprueban en pleno y recogen todas las deficiencias detectadas. Marí ha asegurado que el tribunal, "en lugar de poner luces rojas en las prácticas que pudieran suponer fraude o corrupción, se dedicó a dar luces verdes y a dar la enhorabuena y a blanquear las situaciones irregulares".
Revisión de los contratos
Los exámenes del tribunal sobre la contratación de emergencia se ciñen a contratos de 2020, en plena pandemia del coronavirus. Durante aquellos meses, se firmaron 13.211 contratos de emergencia por un importe de 2.129 millones de euros y el Tribunal de Cuentas ha analizado 1.328 contratos, que suponen el 83% del importe total de las adjudicaciones realizadas. Después de más de 2.600 páginas de análisis de la contratación de emergencia, el Tribunal de Cuentas concluyó que, al margen de "una serie de deficiencias e irregularidades que constan en los informes, con carácter general, la utilización de la tramitación de emergencia resultó ajustada a derecho y, también con carácter general, los precios respondieron al comportamiento normal del mercado en esas fechas". Chicano ha querido dejar claro que el Tribunal de Cuentas es parte del entramado constitucional, pero no es un órgano antifraude ni anticorrupción.