“No es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta”. Reacción del Consejo General del Poder Judicial a la propuesta que Pedro Sánchez ha puesto encima de la mesa para intentar conseguir la renovación del CGPJ. El presidente español lanzó ayer un ultimátum al PP y avisó que si durante el mes de junio los populares mantienen el bloqueo, eliminará la facultad que tiene el CGPJ de hacer nombramientos en el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia. Ahora, el presidente interino del CGPJ cierra la puerta: los nombramientos “deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional más elemental”. Vicente Guilarte esgrime que “sustraer competencias” al CGPJ es una “previsión inimaginable” y reclama “dar más protagonismo a la Carrera Judicial allí donde resulta lógico que lo tengan, en lo que afecta al ejercicio de las tareas gubernativas”.
En este sentido, denuncia que, con la propuesta de Sánchez, no solo “se priva al Consejo de competencia para el nombramiento de los altos cargos jurisdiccionales, sino que se limita la inevitable discrecionalidad actual reenviando de manera efectiva las designaciones a llevar a cabo por el CGPJ a los principios constitucionales de mérito y capacidad”. Lo que ha planteado Sánchez “implicaría una frontal vulneración del texto constitucional, tal y como viene siendo pacíficamente asumido y aplicado”. Además, Guilarte pide a Sánchez que, “ante las dudas que pueden suscitar sus palabras”, aclare su postura, dado que “la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo”.
También recuerda que hace años los nombramientos los efectuaba el Ministerio de Justicia y arguye que “no tiene sentido alguno volver a épocas pasadas”. Eso sí, Guilarte reconoce que el mensaje de Sánchez “abre la puerta a la esperanza” porque parece que el presidente español “asume la idea de que el problema radica en la fórmula de elección de los altos cargos judiciales, hoy viciada de discrecionalidad” y “apunta a la necesidad de someterlos a los principios de mérito y capacidad”.
Los nombramientos del Supremo, en manos de una “comisión cualificada”
En relación con los nombramientos, Vicente Guilarte hace propuestas en diferentes direcciones. Por un lado, en lo relativo al Tribunal Supremo, apuesta para que “sean nombrados por una comisión cualificada”, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados del Supremo. Guilarte se abre a otras posibilidades, pero exige que la fórmula esté encaminada a “evitar la «mácula» política de los nombrados” y a “potenciar que impere el mérito y capacidad” en la composición del Alto Tribunal. La comisión “podría estar compuesta por cinco miembros de un nivel de cualificación parangonable con la plaza que se saca a concurso” y se integrarían en ella vocales del CGPJ si reunieran la específica capacitación.
Por otro lado, en lo que atañe a las presidencias de las Audiencias, los Tribunales Superiores de Justicia y las Salas, apunta que la elección se tendría que producir por parte de “los propios jueces del territorio afectado o de la Sala correspondiente”. Esto afectaría a las presidencias de la Audiencia Nacional, las Audiencias Provinciales, los TSJ y las salas de la Audiencia Nacional de los TSJ y del Supremo. Guilarte señala que “los electores deberían ser todos los miembros de la Carrera Judicial del territorio respectivo, aquellos sobre los que el Tribunal, Audiencia o Sala tenga competencias gubernativas”. La segunda opción sería una “designación rotatoria por “rotación de dos años cada presidente de sección” y la tercera consistiría en primar la antigüedad.