Vicente Guilarte mantiene su cruzada clamando por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque reconoce que “nadie” le hace caso. El presidente interino del órgano de gobierno de los jueces considera que, “en medio de la polarización política”, hay que buscar “fórmulas intermedias” con el objetivo de que los partidos “se olviden un poco de la política y tutelen la independencia judicial para el futuro”. “No hace falta recurrir al belga”, ha exclamado, en referencia a Didier Reynders, el comisario europeo de Justicia, que ha ejercido de mediador entre el PP y el PSOE en tres reuniones en Bruselas con el objetivo de hacer llegar las conversaciones en buen puerto. Pero no ha sido posible. “La situación que tenemos en España no está en otros sitios de Europa: nos fijamos en Europa cuando queremos para lo que queremos y para otras cosas no”, ha sostenido. Guilarte, en tono en broma, ha confesado que preferiría que quien mediara fuera Victoria Ortega, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. “Hoy seguimos en manos de la política, cada uno tiene su interés en captar el espacio entre los jueces, se ha agotado el tiempo de la política, hay que buscar fórmulas alternativas”, ha rematado.
El presidente por suplencia del CGPJ lamenta que es “evidente” que si se mantiene una fórmula “estrictamente política”, los vocales elegidos tendrán el “estigma político”. “Los veinte vocales, aunque pretendan hablar de independencia, serán activistas y nombrarán cien cargos judiciales que tendrán el estigma político, aunque realmente pueda ser que no lo tengan, cosa que dejará un sedimento de politización del que será difícil escapar”, ha argumentado. Ante este escenario, y entrante en la carpeta de propuestas, Guilarte apuesta por “objetivar” los nombramientos de altos cargos judiciales, a quienes sitúa como “el caramelo de la política para captar a los vocales”, que serán “la correa para que los nombramientos tengan un sesgo”.
En un debate organizado en el Consejo General de la Abogacía titulado Salidas para la renovación del Poder Judicial, ha reiterado una vía que trazó hace cuatro meses para facilitar la renovación de un órgano que hace cinco años que tiene el mandato caducado: recortar sus competencias para que no pueda hacer nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales. Eso implicaría que los jueces sean los que eligen a los presidentes de las audiencias provinciales y de los tribunales superiores de justicia: “Sacarlo del ámbito del CGPJ y darlo directamente a los jueces”. Para los nombramientos de las salas del Tribunal Supremo, Guilarte aboga por una “comisión con especialistas” que sean capaces de valorar los méritos y capacidades de los magistrados para garantizar que “las salas estén ocupadas por los mejores”. “No he leído ninguna sentencia del Tribunal Supremo y he designado a no sé cuántos magistrados, es un disparate”, ha proclamado.
No quiere dimitir para evitar un “mayor conflicto institucional”
Preguntado por la posibilidad de dimitir como presidente o en bloque por parte de todos los miembros del CGPJ, se ha alejado de esta posibilidad esgrimiendo que podría “generar un mayor conflicto institucional mayor” y ha recordado que el órgano de gobierno de los jueces también tiene la función de “defender la independencia judicial”. Sin embargo, sí que ha reconocido que habría que “hacer más fuerza conjunta para propiciar desde dentro de la necesidad de renovación”. Ahora bien, ha lanzado a las voces que le piden que dimita que “quien incumple no puede exigir nada al que cumple”: “Proyectan sobre nosotros que arreglamos su problema, nosotros no somos los culpables”.
Juan Carlos Campo y Rafael Catalá, dos exministros de Justicia enfrentados por la renovación del CGPJ
Quien también ha tomado la palabra en este debate, en una mesa redonda anterior, han sido dos exministros de Justicia, uno del PSOE y uno del PP: Juan Carlos Campo y Rafael Catalá. El socialista ha abanderado que el desenlace solo se encontrará “dialogando” y ha apostado por “buscar soluciones imaginativas”. El actual magistrado del Tribunal Constitucional también ha acusado al PP de romper las negociaciones en tres ocasiones cuando estaban muy avanzadas y ha argumentado que en aquellos momentos “nunca se hacía referencia al sistema de elección”. Por lo tanto, la reforma de la Ley del Poder Judicial, como exige el PP, “no puede servir de excusa para no renovar”.
En cambio, Rafael Catalá considera que el Gobierno ha decidido “no promover el diálogo, el acuerdo y el consenso con el PP para las reformas que corresponda”. Quien fue ministro con Mariano Rajoy ha criticado a Pedro Sánchez a través de una pregunta: “¿Por qué el PSOE es incapaz de llegar a acuerdos con el partido político con el que ha tenido entornos de diálogo tradicionalmente y le es más fácil encontrar acuerdos con el comunismo, los independentistas y los herederos políticos de ETA?”.