El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha rechazado la petición realizada este mismo domingo por parte del vocal progresista Álvaro Cuesta de desconvocar el pleno extraordinario programado para este lunes para debatir una propuesta de declaración institucional contra la amnistía.
Mediante un escrito, Guilarte ha respondido que la convocatoria se ha realizado de conformidad con el artículo 35, segundo párrafo, del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, aprobado mediante Acuerdo de 22 de abril de 1986. En concordancia, expone el escrito firmado por Guilarte, con los antecedentes registrados en supuestos análogos en los cuales la Presidencia del CGPJ ha atendido siempre las solicitudes de convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno que se le han cursado por diferentes vocales.
El manifiesto del vocal progresista
Por todo eso, el presidente interino del órgano ha rechazado aceptar la solicitud del vocal Álvaro Cuesta que ha considerado "manifiestamente ilegal" esta convocatoria y que, además, ha anunciado que no asistirá en caso de que continúe con el pleno, que cree "contrario al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales" del CGPJ, según ha remitido en un escrito este domingo.
Asimismo, el CGPJ se reunirá este lunes a las 19.00 horas en un pleno extraordinario para debatir la propuesta de ocho vocales del ala conservadora de emitir una declaración institucional contra la futura ley de amnistía que beneficiará los represaliados del Procés|. El pasado 1 de noviembre estos vocales pidieron estudiar, votar y emitir una declaración institucional en la cual se exprese la "intensa preocupación y desolación" del órgano por la ley de amnistía que el PSOE está ultimando con ERC y Junts, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente el Gobierno. Los vocales conservadores aseguraron que la ley de amnistía tendrá efectos de "degradación" para España. También insistieron en que cuando se aplique la amnistía a los encausados per el Procés el estado de derecho en España "pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España".
Todo llega en el momento en el cual Junts per Catalunya y el PSOE están negociando una ley de amnistía para los represaliados del Procés. El principal escollo entre las dos formaciones son los casos de 'lawfare'. Y es que los del presidente Puigdemont quieren incluir estos casos, a pesar de las reticencias del PSOE. De hecho, los socialistas españoles han accedido este mismo domingo a negociarlo y, por eso, las conversaciones entre las dos formaciones prosiguen.