El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha salido este viernes en defensa de la "independencia" del ente que preside y ha pedido que las decisiones del tribunal de garantías sean acatadas por el resto de poderes públicos, ahora que la ley de amnistía ha llegado a su tejado y el Tribunal Supremo se ha negado a aplicarla. "Tal como dice la ley, todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva", ha aseverado, aparte de "reclamar el máximo respeto político e institucional por sus decisiones y su independencia".
El discurso de Cándido Conde-Pumpido se ha producido en el acto de toma de posesión del nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías, jurista conservador que sustituye a Alfredo Montoya (vacante desde 2022 por motivos de salud). El nuevo miembro del tribunal de garantías, cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial, se pronunció en contra de la ley de amnistía antes de que la norma fuera aprobada por el Congreso de los Diputados. Opinó que el estado de derecho se tiene que considerar "abolido" con la entrada en vigor de una norma que tiene la intención de reparar la persecución judicial a independentistas.
La amnistía, en el tejado del Constitucional
El acto en cuestión se ha celebrado 24 horas después de que el PP presentara un recurso de inconstitucionalidad ante el tribunal contra la ley de amnistía. Igual que en 2007, el TC tiene actualmente una composición de mayoría progresista. Y es por eso que, igual que en el recurso contra el Estatut, los populares también han hecho una segunda ofensiva: recusar a tres magistrados para que el ente se pronuncie a favor suyo.
Concretamente, han pedido que se aparte el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, argumentando que ya se apartó en una cuestión relacionada con el Procés; así como Juan Carlos Campo y Laura Díez, con el argumento que han pasado por La Moncloa y no podrían ser imparciales en la deliberación sobre el recurso contra la ley de amnistía. El presidente del Constitucional tiene la intención de llevar este recurso para su admisión a trámite en el Pleno del martes 24 de septiembre.
Con el movimiento del PP, el Constitucional ya ha recibido dos recursos sobre la ley de amnistía (el texto de los populares y una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo). Hace falta que reciba, al menos, uno más: el del independentismo contra algunos jueces españoles. Pero este todavía tendrá que esperar. Uno de los movimientos que se tiene que producir en los próximos días es la resolución, por parte de Pablo Llarena, del recurso de reforma que presentó Carles Puigdemont contra la no aplicación de la amnistía y el mantenimiento de su orden de detención.
Una vez el magistrado cierre la puerta, el abogado Gonzalo Boye tendrá que recurrir en apelación en la Sala Segunda del Supremo antes de elevar la cuestión al Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo, que es la vía que podría utilizar al presidente en el exilio para conseguir ser amnistiado.