El presidente del Parlamento de Islandia (Alþingi), Steingrímur J. Sigfússon (en la foto), ha enviado una carta a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado españoles en la que expresa su preocupación por la situación de Carme Forcadell, expresidenta del Parlament de Catalunya. La carta está fechada el 4 de diciembre.

En su carta, Sigfússon recuerda que Forcadell "está encarcelada desde el 23 de marzo de este año, acusada de rebelión contra el Estado español," sin que el caso se haya juzgado, en alusión al retraso del procedimiento. Remarca también "los valores básicos del Consejo de Europa sobre la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho" y llama la atención sobre la necesidad "de un proceso judicial diligente", de acuerdo "a los derechos de las personas detenidas", como establece la Carta Europea de los Derechos Humanos.

 

El partido de la primera ministra

Sigfússon es diputado del Movimiento de Izquierda-Verdes (Vinstri Græn, VG), el segundo partido en número de escaños (once de 63) en el Alþingi. Ha sido ministro de Finanzas, de Agricultura y Pesca, y de Agricultura y Comunicaciones. También fue presidente de su partido hasta 2013.

El programa del VG defiende los valores socialistas, feministas y ecologistas y la participación directa de los ciudadanos en el gobierno. Se opone a la pertenencia de Islandia a la UE (actualmente no es estado miembro) y a la OTAN. VG es parte de la coalición que gobierna Islandia y la presidenta del partido, Katrín Jakobsdóttir, es la actual primera ministra del país.

Resolución de condena

Este no es el primer movimiento de las instituciones islandesas sobre los presos y exiliados catalanes. El parlamento de la isla debatirá, en fecha por determinar, una propuesta de resolución que condena "la respuesta del gobierno de España al referéndum de independencia de Catalunya, incluidas las detenciones de políticos catalanes". La propuesta la presentaron los seis diputados del Partido Pirata, el quinto del país.

La resolución "no es de apoyo a la causa de la independencia, sino un recordatorio serio en el gobierno español de que todo el mundo tiene derecho a servir a sus votantes sin arriesgarse por eso a perder su libertad". Una de las firmantes de la propuesta, la abogada y periodista Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, es la presidenta del comité Jurídico y de Derechos Humanos del Consejo de Europa.