El Tribunal Constitucional quiere pronunciarse sobre la ley de amnistía en los próximos meses. El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, reconoce abiertamente su deseo de que la primera sentencia sobre la norma del olvido penal, que será sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP, llegue antes de verano, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley. “El estudio está muy avanzado y, de acuerdo con tratar de hacer un tribunal ágil porque la justicia lenta y tardía no es justicia, tenemos la idea de poder resolverlo antes del verano, pero tampoco podemos precisar más”, ha verbalizado en un desayuno organizado en el Ateneo de Madrid. Se trata del recurso impulsado por el PP, que Pumpido ha reconocido que está “bien fundamentado y argumentado”, cosa que llevará al Constitucional a tener que “responder con una sentencia bien argumentada”. La ponente es la vicepresidenta del TC, la progresista Inmaculada Montalbán.

Esta sentencia será el primer paso para poder resolver el resto de cuestiones que el TC tiene encima de la mesa. “Hemos hecho un ingente trabajo en estos meses para llegar al momento actual, en el que la mayor parte de los procedimientos se están tramitando, se ha elegido un recurso de cabecera para ponernos de acuerdo sobre una serie de temas que se aplicarán en los demás procedimientos”, ha relatado Cándido Conde-Pumpido. En concreto, el TC está estudiando una treintena de recursos: el presentado por el PP, los quince de los gobiernos y parlamentos autonómicos, las seis cuestiones de inconstitucionalidad del Supremo, del TSJC y de la Audiencia Provincial de Madrid y los ocho recursos de amparo impulsados por ciudadanos que invocan sus garantías constitucionales porque no se les ha aplicado la amnistía (por ejemplo, los recursos de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa fueron admitidos a trámite en febrero y el de Jordi Turull espera su turno en las próximas semanas).

“Para poder resolver los recursos de amparo, primero tendremos que resolver si la ley es constitucional”, ha subrayado Pumpido. Eso sí, fuentes del TC consultadas por ElNacional.cat admiten que tendrán que plantearse dos debates jurídicos: uno sobre la constitucionalidad de la ley y otro sobre si la malversación entra en el perímetro de la amnistía, que es lo que ha cuestionado el Tribunal Supremo para negarla a los miembros del Govern del 1-O.

“Cuestionar al Tribunal Constitucional es cuestionar la Constitución”

“¿Le preocupa que se esté cuestionando la legitimidad del Constitucional desde ámbitos políticos o incluso desde el Supremo?”, le han preguntado. Y Cándido Conde-Pumpido ha aprovechado para hacer una defensa a ultranza del TC. “Me preocupa muchísimo porque cuestionar al Constitucional es cuestionar la Constitución y cuestionar la legitimidad del Constitucional para poder dictar sentencias que sometan a los poderes públicos a la Constitución es cuestionar el sistema democrático”, ha contestado. El presidente del TC ha subrayado que el tribunal está “funcionando bien internamente” con doce magistrados que son “juristas magníficos y espléndidos” que desarrollan su trabajo con “toda firmeza”, pero ha lamentado que este trabajo puede quedar “empañado si, desde el exterior, el grado de polarización que existe en la sociedad española se transmite en contra del Constitucional”.

“Ni el legislador, ni el Gobierno, ni el Supremo tienen un poder que solo responde ante Dios y ante la historia. Todos los poderes públicos responden al Constitucional y deben actuar sometidos a la ley y al derecho, especialmente a la Constitución. Para conseguir el propósito de sumisión de la política al derecho, se creó un tribunal cúspide dedicado en cuerpo y alma a asegurar que la Constitución presida la vida nacional y que asegure la convivencia civilizada”, ha reiterado Pumpido, que ha destacado que su labor es “resolver conflictos políticos con argumentos jurídicos”. Además, el presidente del TC ha alertado que, para “defender la Constitución”, los magistrados a veces tienen que enfrentarse a “fuerzas o corrientes de opinión muy poderosas” como “poderes económicos, políticos y mediáticos que tienen intereses de una forma u otra”. “Este enfrentamiento solo puede superarse con el respeto institucional y es un respeto que lamentablemente echamos de menos demasiadas veces”, ha denunciado.

“La experiencia política en el Constitucional es conveniente y necesaria”

Cándido Conde-Pumpido también ha defendido la idoneidad de que en el Constitucional haya miembros con una experiencia política previa: “La imparcialidad del TC está absolutamente garantizada”, ha destacado. “[El TC] tiene a excelentes juristas que, afortunadamente, son personas que tienen otra experiencia”, ha reiterado. Y ha mencionado algunos ejemplos europeos: el presidente del Constitucional de Francia, Laurent Fabius, fue primer ministro en dos etapas, el presidente del Constitucional de Alemania, Stephan Harbarth, fue diputado del Partido Demócrata durante nueve años y el expresidente del Constitucional de Italia, Augusto Antonio Barbera, también había sido ministro previamente.

“En todos los tribunales constitucionales hay personas que, siendo grandes juristas, también tienen experiencia política. Esto no politiza en absoluto el tribunal, lo mejora. […] Esta experiencia es conveniente y necesaria”, ha esgrimido Pumpido. En concreto, actualmente, dos miembros de los miembros del TC tuvieron alguna responsabilidad en el Gobierno de Pedro Sánchez: Juan Carlos Campo fue ministro de Justicia entre 2020 y 2021 (y se apartó de todos los debates sobre la amnistía) y Laura Díez fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de 2020 a 2022 (el TC rechazó la recusación que planteó el PP y los gobiernos y parlamentos autonómicos).

“A diferencia de la jurisdicción ordinaria, el Constitucional no tiene quien lo defienda”, ha sostenido Pumpido, que ha señalado que el TC está “solo con la garantía de que cuenta con el apoyo de los poderes del estado” que lo han elegido, aunque en ocasiones los mismos poderes del estado que lo han elegido “se revuelven contra sus decisiones”. “No se entiende que, con demasiada frecuencia, se cuestione la legitimidad del Constitucional y de sus miembros. Son ellos los que nos han elegido. Descalificar el sistema de elección es descalificar a la propia Constitución, que es la que establece expresamente el modelo de elección”, ha censurado.

Compara el procés independentista con el terrorismo de ETA y defiende la aplicación del 155: “Resolvió pacíficamente la cuestión”

Por otro lado, Cándido Conde-Pumpido también ha hablado sobre el procés independentista. Lo ha puesto en el mismo saco que el 23-F y el terrorismo de ETA como los “tres principales peligros” a los que “se ha enfrentado” la democracia española desde la aprobación de la Constitución. El presidente del TC ha aludido a la “acción secesionista que pretendió desmembrar el estado desde el interior de las instituciones autonómicas” y que fue “superada y vencida gracias a la fortaleza de las instituciones” y a la aplicación del 155. Lo ha definido como un “mecanismo constitucional que muchos autores habían calificado de inútil” y que “resolvió pacíficamente la cuestión”. Previamente, había mencionado el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que fue “superado por la fuerza de las instituciones y de la monarquía parlamentaria” y la “acción armada del terrorismo” de ETA, que fue “derrotada gracias a la acción política de los tres poderes del estado”.