Los presidentes de los diecisiete tribunales superiores de justicia del Estado espanyol han mostrado hoy su solidaridad con la huelga convocada por todas las asociaciones de jueces y fiscales y su apoyo a las "justas y legítimas reivindicaciones" de un sector "con graves carencias crónicas".
En un comunicado conjunto, los presidentes explican que, debido su posición institucional como máximos representantes del poder judicial, no pueden sumarse a medidas de presión colectivas en su ámbito profesional pero que comparten sus reivindicaciones.
Los presidentes denuncian que "las graves carencias crónicas que sufre la administración de justicia y que los poderes legislativos y ejecutivos siguen sin corregir han desembocado en una situación insostenible, que genera el lógico malestar generalizado en toda la carrera judicial y fiscal." Muestran su solidaridad con las siete asociaciones que convocan la huelga, la segunda en este año de ambas carreras, y su apoyo a unas reivindicaciones que, recuerdan, incluyen la mejoras de las condiciones profesionales de jueces y fiscales.
Jueces y fiscales protagonizaron un paro conjunto el mayo pasado, con el PP en el gobierno español, y han decidido continuar con las movilizaciones al no ver avances tangibles tampoco con la llegada del PSOE al ejecutivo.
Convocantes y demandas
La huelga ha sido convocada por Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Associación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y jueces para la Democracia (JJpD), Foro Independiente Judicial (FIJ), Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han convocado la protesta.
Jueces y fiscales exigen el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la administración de justicia y la mejora de las condiciones profesionales. Por su parte, las asociaciones de fiscales piden la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la independencia del ministerio fiscal y su autonomía presupuestaria.
Jueces y fiscales protagonizaron un paro conjunto el mayo pasado, con el PP en el gobierno español, y han decidido continuar con las movilizaciones al no ver avances tangibles tampoco con la llegada del PSOE al ejecutivo.