Un grupo de independentistas se ha manifestado ante las sedes de ERC, Junts y la CUP para presionar a las formaciones a apostar por una acción de gobierno conjunta.
El vicepresidente con funciones de presidente y candidato a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, ha firmado esta mañana el decreto de convocatoria de la sesión constitutiva del Parlament para el día 12 de marzo a las 10 de la mañana. De esta manera, se estira el plazo de negociación hasta al máximo permitido.
Ante el estancamiento de las conversaciones entre el bloque independentista, los manifestantes se han concentrado delante las sedes con pancartas con la consigna "queremos un gobierno independentista, ¡república ya!".
Un grupo de ciudadanos reclama hoy un pacto delante las sedes de la CUP, ERC y Junts. Reclaman que los tres partidos apuesten por una acción de gobierno conjunta.
— Pacto (@PacteCatalunya) March 4, 2021
¡Queremos un gobierno independentista, República ahora! pic.twitter.com/75uJM5Qtbr
Todo el grupo ha ido equipado con una vestimenta similar a los EPI blancos que llevan los sanitarios para protegerse contra la Covid-19. Esta ha sido la primera acción de presión después de las elecciones del 14-F donde, por primera vez, el independentismo superó el simbólico umbral del 50% de los votos.
La lucha por la presidencia del Parlament
la negociación Dentro de una semana exacta, pues, se resolverá la primera gran incógnita de la legislatura, que es quien acabará asumiendo el cargo de segunda institución del país. Durante la sesión constitutiva, los diputados escogen los siete puestos de la Mesa, incluyendo el president del Parlament, una silla para la que se han postulado Junts, la CUP y el PSC.
Si los grupos independentistas no dinamitan su mayoría de 74 escaños y el 52% de los votos en la cámara, la presidencia tendría que volver a recaer en un independentista. Ahora bien, si ERC y la CUP insisten en apostar por un diputado cupaire y Junts salta del acuerdo proponiendo su propia candidatura, el desacuerdo podría dar alas al PSC, que presentará a Eva Granados.
Cordón sanitario a Vox
Con respecto al resto de plazas de la Mesa, el reparto acostumbra a otorgar dos puestos a cada uno de los tres primeros grupos parlamentarios, en este caso PSC, ERC y Junts. El último asiento es habitualmente para la cuarta fuerza de la cámara. Como en este caso se trata de Vox y todos los partidos menos Cs y el PP trabajan en un cordón sanitario a la extrema derecha, se da por hecho que cerrarán el paso a Vox al máximo órgano de gobierno del Parlament. Eso querrá decir que la CUP, que es el siguiente grupo con más representación, podrá acceder a la Mesa por primera vez en la historia.
La ley determina que en los diez días hábiles posteriores a la constitución del Parlament se celebre ya la primera sesión de investidura. El nuevo presidente —o presidenta— de la cámara catalana abrirá una ronda de consultas con todos los grupos para sondear quién tiene más opciones para salir airoso. Dos candidatos darán el paso adelante, un escenario inédito hasta ahora en Catalunya. Uno, el ganador de las elecciones, Salvador Illa, que a pesar de no contar con más apoyos que los 33 diputados socialistas, quiere probar suerte, en contra de lo que hizo Arrimadas el año 2017. El otro aspirante, Pere Aragonès, trabaja a contrarreloj para garantizarse los votos necesarios.
Este jueves, el líder de los republicanos insistía todavía en una gran alianza a cuatro entre ERC, Junts, la CUP y los comunes, que sumarían una holgada mayoría de 82 escaños. Que su deseo de un "Govern del 3-O" no se hará realidad, es un secreto a voces. Las alternativas pasan por un pacto de gobierno sólo con los de Puigdemont que cuente con el apoyo estable y externo de la CUP —y los comunes si acceden—, o un ejecutivo integrado por las tres fuerzas independentistas. Es decir, incluyendo a la CUP en el Govern de la Generalitat. Los anticapitalistas inician este fin de semana una segunda ronda de asambleas territoriales para adoptar una decisión definitiva el próximo miércoles.
Cualquier otra opción abriría un escenario de incertidumbre. Si la primera investidura fuera fallida, el nuevo Parlament tendría dos meses para encontrar presidente. En caso contrario, tocaría repetir elecciones.