Tres de los jóvenes presos de Altsasu han obtenido este jueves el tercer grado penitenciario después de 1.325 días en prisión. Desde la cuenta de Twitter gestionada por familiares de los jóvenes, se ha anunciado que Adur Ramírez de Alda, Jokin Unamuno y Oihan Arnanz podrán acceder a los permisos correspondientes a partir de mañana mismo. Esta clasificación les permitirá salir de la prisión de Zaballa, donde se encuentran actualmente, y tener que regresar sólo para dormir.
El mes de diciembre pasado ya consiguieron el tercer grado dos de los jóvenes, Iñaki Abad y Aratz Urrizola, los que tenían las penas de prisión más bajas. Hay dos condenados más, Jon Ander Cob y Julen Goicoechea, que todavía no tienen el tercer grado, sino que continúan en el segundo y, de momento, no se prevén cambios en su situación.
Esta mañana, los funcionarios de la cárcel de Zaballa han comunicado a nuestros hijos Adur, Jokin y Oihan la obtención del tercer grado. En consecuencia, mañana mismo accederán a los permisos correspondientes a su nueva situación penitenciaria. #Altsasu #Alsasua #AltsasukoakASKE
— Altsasu gurasoak (@Altsasugurasoak) July 2, 2020
Los jóvenes fueron condenados por una pelea de bar el año 2016 con guardias civiles fuera de servicio. La Fiscalía los acusó de terrorismo, aunque finalmente este delito quedó excluido de la condena, que fue por atentado a la autoridad, lesiones, desórdenes y amenazas. Las penas impuestas, después de ser recurridas al Tribunal Supremo, van del año y seis meses de prisión a los nueve años y seis meses.
El Supremo aprobó una reducción de las penas impuestas inicialmente por la Audiencia Nacional. El alto tribunal eliminó el agravante de discriminación, al considerar que la Guardia Civil no es un colectivo discriminado, cosa que repercutió en las penas de los ocho condenados. En algún caso, esta reducción llegó a ser de hasta cuatro años.
Después de la sentencia del Supremo, las defensas de los jóvenes de Altsasu presentaron recursos de amparo al Tribunal Constitucional. Ahora, tiene que ser el alto tribunal quien decida si los admite a trámite o si los rechaza. En este último caso, los jóvenes tendrían vía libre para poder llevar su caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.