El Reino de España gana más tiempo para responder a las demandas de vulneración de derechos políticos y de libertad de expresión, presentadas por los nueve presos políticos contra la actuación del Tribunal Supremo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La Abogacía del Estado tenía hasta mediados de este mes para responder a las segundas alegaciones de los letrados de los líderes independentistas y el tribunal con sede en Estrasburgo le ha dado un nuevo plazo, hasta el 29 de julio. En este procedimiento, se han pedido distintas prórrogas, tanto de los presos políticos como del Estado. Sin embargo, ¿el Estado espera incluir la aplicación de ley de amnistía del procés como motivo de resarcimiento? Por ahora, los abogados de los nueve presos políticos han insistido en que el Tribunal Supremo vulneró sus derechos políticos y sociales, y en el escrito del expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, se acusa al Estado de salirse por la tangente y de no responder con razonamientos a las seis preguntas que le hizo el TEDH.

En concreto, el penalista Benet Salellas, en nombre de Cuixart, manifiesta que la Abogacía del Estado solo reproduce la sentencia del Supremo, que los condenó por sedición, malversación y desobediencia en el 2019, y hace lo mismo con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que validaba la actuación del alto tribunal español, sin citar, sin embargo, los votos discrepantes que aseguraban que la condena de entre 9 a 13 años fue "desproporcionada". Los letrados de los presos políticos sí que hacen referencia a los argumentos de los jueces progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, y los comparten con el TEDH.

Primeras respuestas del TEDH

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió en septiembre de 2023 admitir a trámite las demandas de los presos políticos y las unificó en un único procedimiento (Jordi Turull y ocho más contra España, en la demanda n. 30096/21), aunque la Abogacía del Estado tiene que dar respuesta individual, caso por caso. Ahora, el Estado ha ganado unas semanas más de margen y responderá cuando la ley de amnistía lleve un mes de aplicación, y posiblemente ya se habrán desvanecido las incógnitas sobre si el Tribunal Supremo lleva la norma del olvido penal al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y deja su aplicación a los presos políticos congelada.

Paralelamente a la causa de los presos políticos, el TEDH tiene que resolver, por separado, las demandas del exconseller y secretario general de Junts, Jordi Turull, del exdiputado Jordi Sànchez y del exvicepresidente Oriol Junqueras, por vulneración del derecho político al enviarlos a la prisión por el 1-O. El juez Pablo Llarena envió a la prisión Turull en marzo del 2018 cuando tenía que ser investido president de la Generalitat; Jordi Sànchez denunció que se le vulneró su derecho político en cinco ocasiones por decisiones de las autoridades judiciales españolas al ser elegido diputado de Junts, y Junqueras, también y con el precedente que el TJUE indicó que tenía inmunidad como europarlamentario, pero el Supremo lo condenó igualmente. La respuesta de España es que Turull, Sànchez y el resto de presos políticos han "colapsado" el tribunal de garantías, y ahora se espera las sentencias del TEDH con respecto a la vulneración del derecho político de Junqueras, Turull y Sànchez.

Un daño "incalculable", pero reclaman

Los abogados de los presos políticos coinciden en afirmar que el daño causado por su persecución por ser independentista y la acción del Tribunal Supremo, al dictar su prisión preventiva y las elevadas condenas, es "incalculable". Los indultos parciales del gobierno del PSOE llegaron cuando habían pasado más de tres años en la prisión, con todo la abogacía del Estado, los luce y pone las fechas dela  liberación de los 9 presos políticos catalanes, el 23 junio del 2021.

La ley de amnistía no ha previsto ningún resarcimiento, solo la extinción de su responsabilidad penal y los antecedentes que les puedan quedar. Habrá que ver, además, si el Supremo con la interpretación de la amnistía, no lo aplica por la consulta en el TJUE y mantiene las inhabilitaciones que continúan en vigor al líder d'ERC  Oriol Junqueras, y a los exconsellers Turull, y Raül Romeva y Dolors Bassa por el delito de malversación, hasta el 2031 y 2030. Por su parte, el Estado insiste que a pesar de ser condenados a entre 9 y 13 años de prisión, el tiempo que estuvieron cerrados fue "inferior a 4 años". Y lo detalla caso por caso, por ejemplo, los políticos estuvieron 1.328 días en la prisión (3 años y 7 meses) y los Jordis 1.345 (3 años y 8 meses).

A pesar del perjuicio incalculable, los abogados han tenido que presentar un reclamo de compensación por la vulneración de derechos al Estado español. La mayoría ha intentado coger baremos objetivables y al ser informado que el TEDH no aprueba ni concede grandes cantidades en las responsabilidades civiles. Por ejemplo, el caso del político kurdo Selahahin Demirtas, encarcelado desde el 2016 y que el TEDH ordenó a Turquía de ponerlo en libertad de forma inmediata, fue una referencia alegada por las defensas de los presos políticos catalanes por sus similitudes y  en la sentencia, al final, el tribunal ha ordenado que se le indemnice con unos 25.000 euros y otros 20.000 por el trabajo de su defensa. Además, la mayoría de presos políticos (menos Turull y la presidenta del Parlament Carme Forcadell) ya denunció su situación al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de la ONU, donde no se puede pedir una responsabilidad civil, pero en este caso estaba por su prisión preventiva, de la cual concluyó que era "arbitraria", pero el Supremo, dirigido por Manuel Marchena, ni se inmutó.

Así, el abogado Jordi Pina, en nombre de los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha pedido que España los indemnice con 70.000 euros a cada uno. La referencia objetiva es que esta cantidad es la que aprobó la Audiencia Nacional, ratificado por el Supremo, en la indemnización que el Gobierno tenía que pagar a Joan Besolí, socio del expresidente del Barça, Sandro Rosell, por haber estado, como él, dos años en prisión y haber sido absuelto. Lo mismo solicita Judit Gené para Quim Forn, que ahora ha asumido su defensa. Por su parte, Andreu Van den Eynde pide una indemnización de 35 euros por día en la prisión, cogiendo de referente sentencias españolas, lo mismo que Iñigo Iruín para la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Así, Junqueras reclama al Estado unos 46.000 euros y Romeva y Bassa, unos 43.000 euros.

Òmnium reclama una rectificación pública

Finalmente, Òmnium ha cifrado en 100.000 euros la reclamación al Estado para Cuixart por los 3 años y 8 meses que  estuvo en prisión. La entidad cultural también pide una rectificación pública de las autoridades españolas por la persecución del líder social. Y es que en las segundas alegaciones, el abogado Benet Salellas reitera la vulneración de los derechos fundamentales de Jordi Cuixart por parte del Estado español y el Supremo porque "su encarcelamiento atenta contra el activismo y la libertad de expresión". Además, el abogado insiste en que las manifestaciones en que participó, "lejos de ser violentas, fueron actos de protesta ciudadana legítima, respondiendo a un amplio apoyo popular a favor del referéndum de autodeterminación del 1-O". El mismo argumento que ahora se sostiene en la defensa de los encausados de terrorismo por las movilizaciones de Tsunami Democràtic contra la sentencia a los líderes políticos y sociales del independentismo, el 14 de octubre de 2019.

Jueces que suplantan al legislador

En este sentido, el penalista Andreu van den Eynde, defensor de los excargos de ERC en el Govern, insiste en que "la violación de derechos políticos ha sido constando con el objetivo de silenciar un movimiento político: el independentismo catalán". Expone que el indulto concedido por el Estado español, "fue condicional y parcial" y que con la reforma del delito de malversación, acordada por el gobierno del PSOE con ERC, y ahora con la ley de amnistía, los jueces "no interpretan la ley, sino que parece que quieren suplantar al legislador", y lo compara con regímenes dictatoriales.