Este domingo hace seis meses del 1-O. Desde entonces, Catalunya ha visto una declaración de independencia en el Parlament, la liquidación del autogobierno con la aplicación del artículo 155 y la destitución del Gobierno de Carles Puigdemont, el procesamiento de políticos independentistas que están en prisión preventiva o en el extranjero, y unas elecciones a finales de año con una participación histórica. Sobre la mesa se ha puesto el nombre de tres candidatos a una investidura que todavía está políticamente bloqueada y que tiene en el 22 de mayo la fecha límite. Más allá, pero, de la rama politico-institucional y judicial, el 1-O abrió una etapa también de movilizaciones al alza. El soberanismo ha convocado a la calle para protestar contra las cargas policiales del 1-O y contra los encarcelamientos, de forma sostenida. Y aunque en menos ocasiones, también los unionistas se han hecho oír en manifestaciones en Barcelona.

Una de las primeras reacciones al 1-O llegó dos días después, el 3 de octubre. Una jornada de protesta, bajo el concepto de "paro de país", con concentraciones masivas en pueblos y ciudades -700.000 personas, según la Guardia Urbana, por la tarde en Barcelona- para protestar contra las cargas policiales del domingo. La cincuentena de cortes en las carreteras marcó también la jornada. Por el contrario, cinco días después, el domingo 8 de octubre, el centro de Barcelona se llenó a rebosar de manifestantes a favor de la unidad de España, convocados por Sociedad Civil Catalana: 350.000 personas, según el mismo cuerpo.

La movilización en la calle siguió el día 10, en el que estaba previsto una declaración de Puigdemont al pleno del Parlamento. Según la Guardia Urbana, 30.000 personas lo siguieron en el paseo Lluís Companys. Y el doble de personas salieron el 12 de octubre la calle, pero por motivos contrarios. Unas 65.000 personas, cifraron los agentes de Barcelona, trece veces más que el 2016.

El soberanismo apoya a los presos políticos

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart fueron los dos primeros dirigentes independentistas que entraron en la prisión. La respuesta llegó al día siguiente: paros a los puestos de trabajo y una concentración con 200.000 personas, siempre de acuerdo con los datos de la Guardia Urbana, que encendieron velas a la Diagonal de Barcelona. Pero hubo una segunda manifestación, el 21 de octubre, que llenó de arriba abajo el Paseo de Gracia: la cifra, 450.000. Desde entonces, como mínimo cada mes, el ANC y Òmnium Cultural han organizado un acto en la calle para recordar los encarcelamientos del 16-O.

Con la declaración de la República en el Parlamento y la inmediata aplicación del 155, llegó una nueva manifestación constitucionalista a Barcelona a finales de octubre. Según la Guardia Urbana, SCC reunió a 300.000 personas otra vez, en una concentración con al menos un taxista herido de poca gravedad y con una pelea en la plaza de Catalunya.

Aquella semana Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig optaron por quedarse en "el exilio" en Bruselas mientras que Oriol Junqueras, Carles Mundó, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Santi Vila, Dolors Bassa y Meritxell Borràs se presentaron a declarar ante la Audiencia Nacional por rebelión, sedición y malversación. El encarcelamiento de los consellers destituidos derivó en una concentración inicial en las puertas del Parlamento la noche del 2 de noviembre. Y empezaron las caceroladas.

Segundo paro de país

Una huelga el 8-N, con polémica y a los tribunales, acabó con nuevos cortes en las carreteras y en las vías del AVE en Sants y Girona y más concentraciones en varios puntos del país. Las entidades soberanistas volvieron a convocar al cabo de tres días, el 11-N. Unas 750.000, según la Guardia Urbana, llenaron –e iluminar- la calle Marina de Barcelona. Y de aquella manifestación salió la convocatoria del ANC y Òmnium para otra jornada, esta vez en las calles de Bruselas el 7 de diciembre. La policía belga lo cifró en 45.000 manifestantes.

Hacía pocos días que había empezado la campaña electoral y que habían salido de la prisión Mundó, Romeva, Turull, Rull, Bassa y Borràs después de pagar 100.000 euros de fianza cada uno –Santi Vila y Carme Forcadell salieron al cabo de un día después de pagar la fianza inicial. Y también al principio de diciembre el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidió retirar la orden de detención europea que había pedido a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en noviembre y que había llevado Puigdemont, Ponsatí, Monte, Serret y Comín a comparecer ante la justicia belga.

Y en este contexto llegaron las elecciones del jueves 21-D, convocadas por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en aplicación del artículo 155. Se registró una participación histórica: un 81,9% de votos en las urnas que dieron la victoria, por primera vez, a los de Inés Arrimadas: Cs (36 diputados), JxCat (34), ERC (32), PSC (17), CatComú-Podem (8), CUP (4) y PPC (4). Unos resultados que revalidaban, con dos escaños menos, la mayoría absoluta del bloque independentista.

Después de constituirse el nuevo Parlamento, la movilización en la calle volvió a finales de enero, justo el día del aplazamiento de la sesión de investidura de Carles Puigdemont. El ANC había convocado una concentración a las puertas del Parque de la Ciutadella, que acabó con golpes de porra y momentos de tensión entre los Mossos y los manifestantes, después de que algunos concentrados se saltaran el cordón policial del parque.

Registros en Òmnium Cultural

Los cacheos de mediados de marzo en la sede de Òmnium Cultural y en el despacho y el domicilio del secretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons, reactivaron las protestas. Òmnium respondió con una concentración soberanista en la plaza de Sant Jaume de Barcelona a mediados de marzo. Al cabo de dos días, el 18 de marzo, SCC devolvía en la calle con unas 7.000 personas y con l'exprimer ministro francés Manuel Valls en la cabecera.

Con la notificación del procesamiento, el retorno a prisión de Bassa, Forcadell Romeva, Rull y Turull por orden de Llarena y la detención de Puigdemont en Alemania, el soberanismo ha reanudado la movilización los últimos días. El domingo el ANC y Òmnium gritaron a una manifestación hasta el consulado alemán con 55.000 personas, según la Guardia Urbana para protestar contra la detención de Puigdemont. En paralelo y convocados en algunos casos por los CDR, un grupo de personas se concentraron ante las delegaciones del gobierno español, unas protestas que se saldaron con cargas policiales, nueve detenidos y 100 personas atendidas heridas de diversa consideración, según el SEM. También se produjeron cortes en las carreteras y marchas lentas, acciones que se han repetido al menos hasta este miércoles –martes se desalojó una concentración al A-2 en Soses (Segrià), con al menos un herido.

La detención del presidente en Alemania llegó pocas horas después de que Llarena reactivara la euroorden de detención contra Puigdemont, Comín, Serret, Monte y Ponsatí -Ponsatí abandonó Bélgica y retornó a la universidad escocesa de Saint Andrews. También activó en paralelo una internacional para Marta Rovira, secretaria general de ERC, que anunció que se marchaba "al exilio" y no compareció en el Supremo. Rovira se ha desplazado a Suiza donde también está la exdiputada cupaire Anna Gabriel.

Todo se produce en un contexto político de negociaciones y toma y daca entre los independentistas para investir a un candidato a la presidencia y formar gobierno. ERC pide una investidura "efectiva" y JxCat y la CUP exigen restablecer Puigdemont al frente de la Generalitat –la CUP pide "programa republicano" si se propone otro candidato.

De hecho, uno de los que se puso sobre la mesa fue el de Jordi Sànchez y, aunque el pleno de su investidura no se llegó a celebrar, los cupaires ya habían anunciado que se abstendrían. Una abstención que mantuvieron en el primero y único debate de investidura que se ha llevado a cabo en la cámara desde las elecciones del 21-D. Fue el de Jordi Turull, que volvió a ingresar en la prisión el 23 de marzo, al día siguiente de perder en la primera vuelta de la investidura. Con esta votación, sin embargo, se puso en marcha el reloj que se había congelado al Parlamento: si los independentistas no desencallan la investidura antes del 22 de mayo se convocarán elecciones de forma automática.