Los abogados de los presos políticos trabajan hoy en el escrito de recusación del magistrado Manuel Marchena, que preside la Sala Segunda que tiene que juzgar el caso del 1-O.
Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Cuixart lo han presentado esta mañana. Este mediodía lo han hecho Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez.
Carme Forcadell se añadirá al escrito de Junqueras y Romeva y todavía no está claro que Joaquim Forn se añada a la recusación.
Los abogados deciden por separado este movimiento que denuncia la imparcialidad del juez, aunque están en permanente contacto los unos con los otros, según han explicado fuentes de los despachos de abogados. No hay estrategia conjunta, a pesar de que si que hay compenetración.
La defensa de Junqueras y Romeva pide que se aparte el juez por "las recientes noticias relativas a la existencia de un acuerdo político para el reparto de las vocalías del órgano de gobierno de los jueces y concretamente las manifestaciones efectuadas y hechas públicas del Senador Sr. Ignacio Cosidó según la cual el pacto entre los partidos PP y PSOE se habría efectuado con la intención de controlar políticamente y afectar tanto al Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional con la finalidad última de, a través de tales nombramientos, controlar el resultado y sentido de los procedimientos tratados en estos Tribunales".
Jordi Cuixart, en su recusación, advierte que lo juzgará un tribunal de excepción controlado por PP y PSOE. La defensa de Cuixart pide que se aparte Manuel Marchena del tribunal que presidirá el juicio a la democracia. Coincidiendo con el 20-N, Òmnium Cultural denuncia la permanencia de presos y tribunales políticos y la obstrucción de los derechos lingüísticos.
Turull, Rull y Sànchez dicen que "según se desprende de este mensaje y de las numerosas
noticias publicadas, por lo visto el Excmo. Sr. Magistrat D. Manuel Marchena habría prestando inicialmente su conformidad a este pacto, una disponibilidad que sólo habría retirado por escrito al hacerse público el anterior mensaje del Sr. Senador".
E insisten con la incompatibilidad de Marchena para poder presidente el juicio del 1-O, ante las conexiones políticos del magistrado: "Aunque, según parece, dicho acuerdo político no llegará a ejecutarse al haberse revelado su existencia y objetivos, la verdad es que el anterior mensaje, de ser cierto su contenido, pondría en clara evidencia la inequívoca coincidencia de intereses entre el Sr. Magistrado y el Partido Popular, hasta el punto de haberse acordado su presidencia para que actuara como correa de transmisión de los designios de esta formación política al Consejo General del Poder Judicial y como medio de control en la sombra de la Sala Segunda del Tribunal Supremo".