Guerra sucia. Altos cargos del Partido Popular habrían contactado con detectives privados para encargar una investigación secreta contra Isabel Díaz Ayuso, según publican este miércoles algunos medios españoles como El Confidencial y El Mundo. Así, hablan de una operación en la cual estaría implicada Ángel Carromero, que es el director general de Coordinación del Ayuntamiento de Madrid (en manos de José Luis Martínez-Almeida) y que tiene contacto directo con Pablo Casado y Teodoro García Egea. Y es que este caso de presunto espionaje tiene lugar en medio de una batalla entre Génova y el ejecutivo madrileño para controlar el PP regional.
Supuestamente, una empresa de investigación recibió el encargo de indagar en el entorno familiar de Ayuso para conseguir información sobre el hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso. La cuestión es que existen sospechas en torno al hecho de que se llevó una comisión por un contrato concedido por el ejecutivo regional a un supuesto empresario amigo. Hablamos del posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos en nombre de un cargo del Ayuntamiento de Madrid. La adjudicación se produjo en abril del 2020 para adquirir mascarillas FFP2 y FFP3 y fue otorgada a la compañía Priviet Sportive por 1,5 millones de euros. Resulta que el administrador de la empresa, Daniel Alcázar Barranco, reside en Sotillo de la Adrada (Ávila), donde Ayuso y su hermano veranean desde hace mucho tiempo.
Los espías de Génova empezaron a investigar el octubre pasado para intentar obtener información sobre este caso: querían una prueba inequívoca que demostrara que Tomás Díaz Ayuso se llevó un porcentaje del contrato de las mascarillas y la utilizó para desacreditar a la actual presidenta madrileña. El encargo consistía en adquirir dos documentos: un extracto de la cuenta bancaria del hermano y la declaración de proveedores ante la Agencia Tributaria de la mencionada Priviet Sportive. Como era prácticamente imposible acceder al vínculo existente entre ambas partes, Carromero decidió contactar con detectives privados, hasta el punto de solicitar un presupuesto a una agencia de investigación. Pero resultó ser demasiado cara y demasiado sospechosa. Finalmente, los lampistas de la ejecutiva nacional del PP no han conseguido nada de nada.
Por su parte, la formación conservadora se ha hecho eco de toda esta cuestión. Mediante un tuit, el PP ha desmentido "rotundamente" las informaciones publicadas en relación con una "supuesta investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid". Dicho esto, el partido de Casado ha asegurado que tomará las "medidas judiciales" oportunas ante estas "falsedades". Sea como sea, es bien seguro de que noticias como estas no hacen más que empeorar la guerra abierta dentro del PP por el control del partido. Una guerra que encabezan Ayuso, por una parte; y Casado, por otra. De momento, parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid va ganando (y con mucha diferencia).