El otoño será muy caliente, y no tanto por la agenda política, sino más bien por la situación económica marcada por la inflación derivada de la guerra orquestada por Vladímir Putin. Es en este contexto que el conseller de Economía, Jaume Giró, ya se ha avanzado para poder empezar a negociar las cuentas para el año 2023, una negociación que siempre es complicada por los equilibrios que tiene que hacer el Govern con sus socios y que lo será todavía más con una agenda política compleja con causas como la de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el juicio de la diputada de la CUP Eulàlia Reguant por su causa contra Vox, y el debate de política general donde se escenificarán las diferencias entre los partidos. Giró ya ha hecho unas primeras rondas de contactos y sobre todo ha hecho pedagogía para alertar de la "irresponsabilidad" que sería no tener unos presupuestos aprobados en diciembre, si bien las negociaciones ya parten con un pique interno entre los dos socios de Govern, ERC y Junts, por el impuesto de sucesiones que los segundos quieren eliminar aunque no aparece en el plan de Govern.
"No nos tendríamos que permitir prorrogar unas cuentas hechas en un contexto diferente y en un horizonte que no tiene nada que ver con el de ahora", decía el conseller Giró esta semana durante el pleno del Parlament. De hecho, por primera vez en Catalunya, el conseller registró a finales de junio un informe de orientaciones presupuestarias, una herramienta que se elabora en la mayoría de países anglosajones que tiene como objetivo marcar la información disponible de cara a todos los grupos parlamentarios y los ciudadanos para marcar el perímetro donde se podrá elaborar el presupuesto del año próximo. El titular de Economía y Hacienda ya ha ido haciendo movimientos, pues, para poder aprobar las cuentas en diciembre, como en el ejercicio anterior, y por eso pidió "generosidad y voluntad sincera de negociación a la oposición".
Pero más allá de la oposición, hará falta primero que se pongan de acuerdo los dos grupos del Govern, y es que el primer choque ya se ha escenificado. Fue en la segunda fase del Congreso de Junts que el partido aprobó en la ponencia suprimir el impuesto de sucesiones y analizar la conveniencia de suprimir el impuesto de patrimonio. Pocos días después el mismo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante la sesión de control al Govern, rechazó la propuesta asegurando que el plan de gobierno es muy claro y que la previsión es consolidar el actual modelo, que incluye los dos impuestos, y por lo tanto, no se prevé ninguna supresión. Entonces no pasaron ni 24 horas cuando el vicepresidente Jordi Puigneró en una entrevista en RAC1 remarcó que Junts "tiene todo el derecho" de plantear eliminar el impuesto cuando se negocien los presupuestos: "Al momento de negociar los presupuestos todo el mundo pondrá sus condiciones sobre la mesa y Junts pondrá las suyas, solo faltaría", dijo el conseller con más peso de Junts. El desacuerdo está servido y lo que está claro es que este impuesto que quiere incluir Junts alejaría de forma abismal a los supuestos socios del Ejecutivo, la CUP y los comuns, claramente en contra de esta medida fiscal.
A estas alturas todo apunta que serán los comunss los socios preferentes. Al fin y al cabo es la formación con la que el Govern pudo sacar las cuentas en el ejercicio anterior, a pesar de haberlo intentado con una CUP que a pesar de empezar la legislatura siendo socia preferente, ahora ya ha roto con el Govern. Los comuns quieren participar de esta negociación, pero para hacerlo quieren un trato preferente y no ser el segundo plato de nadie, como pasó el año pasado cuando el Govern, al ver que la CUP no facilitaría la aprobación de las cuentas, recurrió a última hora a la formación de Jéssica Albiach.
El PSC tiene muchas ganas
La historia del PSC con el Govern no es correspondida. Los socialistas no dejan de tender la mano para negociar y sacar adelante iniciativas y así poder formar parte de la gobernabilidad, pero estos ofrecimientos son tomados con mucha cautela por parte del ejecutivo de ERC y Junts, que en un año se han limitado a trabajar juntos con los socialistas el desbloqueo de cargos caducados o el acuerdo por el catalán en la escuela. El PSC ya se brindó para negociar los presupuestos el año pasado y de nuevo se ha manifestado predispuesto a negociar las cuentas del próximo año, con el objetivo de ser una oposición crítica y constructiva. Después de la primera toma de contacto con Giró, la formación de Salvador Illa está atenta de saber si el Govern tiene la voluntad de seguir negociando, ya que quieren aprovechar esta oportunidad.
Muchas cosas tendrían que cambiar para recuperar a la CUP
Después del pacto de investidura entre ERC y la CUP que llevó a la presidencia Pere Aragonès, el siguiente paso era la aprobación de los presupuestos. Fracasó después de que la CUP considerara insuficientes las medidas finales reflejadas en las cuentas, que no suponían, según los anticapitalistas, un auténtico giro a la izquierda. Desde entonces la CUP se ha alejado cada vez más del Ejecutivo, de quien ya no quiere ser socio preferente. Es en este contexto que la formación ve practicamente imposible negociar los presupuestos. Para que esta situación cambiara, la CUP quiere que el Govern deje de responder a los "intereses de Foment y la patronal". La CUP considera que el Ejecutivo no hace políticas transformadoras, y como principales ejes que remarcan que tiene que abandonar el Govern, sitúan proyectos como el Hard Rock o los Jocs Olímpics d'Hivern, y apuestan por sustituirlas por iniciativas sociales que tengan en cuenta las necesidades de la gente y avanzar en medidas que ya habían pedido como la internalización del 061 o la energética pública.
Los comuns quieren estar desde el minuto uno
Los comuns ya han dejado clara públicamente su voluntad de negociar los presupuestos, pero con tres condiciones marcadas: entrar en la negociación desde el minuto uno, asegurar que los presupuestos son expansivos para llegar a las personas más vulnerables, y que los del 2022 se cumplan punto por punto. En esta última cuestión incide especialmente la formación morada, que considera que principalmente en sanidad, educación y vivienda los departamentos van muy retrasados, mientras que están satisfechos con avances de movilidad, fiscalidad y lengua. Sea como sea, Albiach ha mostrado todo su compromiso a actualizar las cuentas: "Estos presupuestos se hicieron en una situación de preguerra, ya que fueron aprobados el 23 de diciembre, y la invasión de Ucrania empezó dos meses después". Los retos actuales, con una inflación rampante y una crisis energética que nos amenaza, son diferentes a los de aquel momento, y es por eso que las nuevas cuentas tienen que adaptarse, consideran los comuns: acelerar transformaciones y redoblar esfuerzos.