"Los hechos han cogido una relevancia mucho más importante que la que nosotros nos habíamos imaginado o pensábamos". El anuncio del president, Carles Puigdemont, de convocar una cuestión de confianza a raíz de la aprobación de las enmiendas a la totalidad que impedían la tramitación de los presupuestos del Govern impactó en los escaños de la CUP el pasado 8 de junio con la consistencia de un cubo de agua más que fría, congelada, y el diputado Joan Garriga fue el encargado de replicar al anuncio desde el atril del Parlament. "Es cierto. Que nadie se ofenda porque digamos la verdad de lo que pensamos. Nos sentimos responsables, corresponsables, de estos hechos, pero no culpables", remachó ante las protestas que surgían de JxSí.

Aquel episodio tensó las relaciones entre JxSí y la CUP. Todo el mundo se sentía engañado. Puigdemont dejó claro que no tenía ninguna intención de negociar la cuestión de confianza, los cupaires replicaron reclamando una reunión que siguieron exigiendo durante semanas y que situaron como condición para sentarse a hablar de los nuevos presupuestos... Pero pasaron más cosas. El secretariado de la CUP se renovó, el exdiputado Quim Arrufat y el gerundense Lluc Salellas se situaban al frente con esta renovación. Se apuntaba cierta apertura en las filas anticapitalista, a pesar de la complejidad para extraer conclusiones a partir de los movimientos internos de esta formación.

Puigdemont-CUP

Durante el mes de agosto, ERC se sumó a la presión al presidente para que se reuniera con la CUP para abordar la cuestión de confianza, consciente de que hasta que no se desbloqueara esta vía de diálogo, los anticapitalistas no aceptaban abordar los presupuestos con Economía. Y los contactos se abrieron. Fue durante el verano, pero continuaron con el comienzo de curso. El 2 de septiembre, Puigdemont se reunió con las diputadas Mireia Boya y Anna Gabriel y un miembro del secretariado en el palau de la Generalitat. Fue la primera imagen pública de las conversaciones previas.

La CUP anunció inmediatamente el voto a favor de la cuestión de confianza y Puigdemont empezó a hablar de una "cadena de confianzas". Se trataba de un hilo donde se tenían que ir anudando sucesivamente la cuestión de confianza, el debate de política general y el debate de presupuestos. Los cupaires se ha resistido -y se resisten- a aceptar que esta cadena de complicidades se convierta en un dogal al cuello de sus diputados. De hecho, todavía hoy, a pesar de haber superado el consejo político de la CUP y haber dado luz verde a la tramitación del proyecto, se niegan a dar por hecho la aprobación final de las cuentas.

Conversaciones formales

En este contexto, el 7 de septiembre se puso en marcha las conversaciones formales sobre presupuestos, que se han ido prolongando hasta cerrar el preacuerdo que ahora tiene que servir para sacar adelante el proyecto del Govern.

Por parte de la CUP ha intervenido el diputado Benet Salellas y la diputada Eulàlia Reguant, unos negociadores bastante conocidos por el Govern. Por parte del ejecutivo, el secretario de Economía, Josep Maria Jové, un político de perfil contundente y mensaje claro, y un peso pesado tanto en ERC y como el departamento. En una parte de las negociaciones se incorporó el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, y en algunas ocasiones el secretario de Economía, Pere Aragonés. 

Se incorpora Presidencia

Los cupaires, sin embargo, insistían en escuchar también en las conversaciones la opinión de presidencia, por lo cual se acabó incorporando a la negociación el secretario de Govern, Joan Vidal, persona de máxima confianza de Puigdemont, así como la responsable de Asuntos Interdepartamentales, Elsa Artadi, que fue estrecha colaborador de Andreu Mas Colell en Economía y buena conocedora de los resortes presupuestarios.

La CUP quería evitar las disonancias dentro del ejecutivo que había detectado en la anterior negociación, por esa razón, en un primer momento establecieron conversaciones paralelas con Presidencia y Economía. Sin embargo, la presencia de los representantes de las dos partes del ejecutivo en la mesa de negociación había de garantzar que no había en el discurso grietas.

Esta circunstancia provocó una situación del todo desconocida en el Govern donde las negociaciones de los Presupuestos siempre habían estado exclusivamente en manos de Economía. Esta vez, los negociadores eran de Economía y también de Presidencia. De hecho, tampoco se había dado nunca la circunstancia en el Govern que la conselleria de Economía estuviera en manos de un partido diferente al del presidente.

IRPF

Con esta peculiar composición se fueron desplegando las conversaciones. A veces en el departamento de Economía, en la plaza Sant Jaume... incluso se convirtió en habitual ver por los pasillos del Parlament a los representantes del Govern que se dirigían a la negociación. Y se fueron dibujando las líneas rojas del acuerdo. Hubo algunos momentos de tensión, como la reunión en que los cupaires pusieron sobre la mesa el debate sobre el aumento de presión en determinados tramos del IRPF y el secretario de Govern dejó claro que si se pretendía avanzar por esta vía las conversaciones se podrían dar por acabadas.

La CUP, sin embargo, reclamaba cambios en relación al proyecto del mes de junio que permitieran explicar a sus bases el apoyo, esta vez sí, a las cuentas.

La negociación fue avanzando con la conciencia de todas las partes que un no acuerdo abocaría a unas nuevas elecciones y con el convencimiento de que nadie de los que estaban en aquella mesa tendrían fácil explicar el porque descarrilaba el proceso, justo en el momento en que se había fijado fecha de referéndum.

Cuantificación compleja

Este ha sido posiblemente el mejor ingrediente para atar esta salsa. Quedan, sin embargo, muchos puntos pendientes. E incluso puntos de vista diferentes sobre la cuantía del acuerdo. Desde Economía se cifra en 180 millones el aumento de los ingresos del ejecutivo gracias a las medidas aprobadas en las conversaciones con la CUP, pero los negociadores admiten que no será exactamente así, que hay partidas como la de los Grandes Establecimientos Comerciales que ya existía pero ahora se han tenido que redefinir para superar los filtros de la UE, o el impuesto sobre las nucleares, igualmente rediseñado para evitar al TC y que se ha transformado en un impuesto sobre el riesgo medioambiental.

  2017 2018

TRIBUTOS PROPIOS

81.523.925 128.806.129

Impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radioeléctricos

28.290.948 62.781.644
Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 14.565.000 17.364.884
Impuesto sobre viviendas vacías   -337.417
Impuesto sobre los refrescos en exceso de azúcar 30.987.123 41.316.164

Impuestos sobre las estancias en establecimientos turísticos

7.680.854

7.650.854

TRIBUTOS CEDIDOS

39.859.940

52.532.712

Impuesto sobre Transmisiones Patrimonial (ITP) 4.810.970 4.910.970
Actos Jurídicos Documentales 22.451.498 22.451.498
IRPF   12.672.772
Máquinas recreativas y de azar 12.597.472 12.597.472
TOTAL 121.383.865 181.338.841

 

Tampoco la eliminación en el IRPF de la deducción adicional del 1,5% por vivienda tendría la contundencia con que se ha interpretado, dado que se calcula que se traducirá en un incremento para los contribuyentes de unos 40 euros anuales como media. Afecta a la bonificación del 1,5 adicional, que se añade al 15% estatal de deducción, que afecta a viviendas adquiridas antes del 1 de julio del 2011, y que sólo se aplicaba a Catalunya y en casos muy concretos -menores de 32 años, situación de paro de más de 183 días el año, tener hijos o invalidez de 65% o superior- y que a partir de ahora será exclusivamente para rentas de hasta 30.000 €. Esta medida dejará fuera de la deducción a unas 250.000 personas y se traducirá en un incremento de unos 11 millones de euros en la recaudación.

Grandes fortunas

La actuación sobre las grandes fortunas se hará a través de un nuevo impuesto sobre activos no productivos que gravarán bienes inmuebles, vehículo, embarcaciones y aviones privados que no son utilizados para ninguna actividad económica. Es decir, que se trata de evitar que se camuflen este tipo de propiedades privadas dentro de sociedades. Eso se hará a través de una nueva figura impositiva, que el Govern tramitará en el Parlament al mismo tiempo que el proyecto de presupuestos.

Lo que sí figura ya en el acuerdo con la CUP es el incremento en la fiscalidad del Juego. Se trata, sin embargo, según fuentes de la negociación de un aumento habitual también cada año en este, como en tanto otros capítulos, a pesar de que este afecta a un sector -maquinas recreativas, casinos y bingos- especialmente emblemático para los cupaires que de su oposición a proyectos como Barcelona World de Tarragona.

Bebidas azucaradas

El acuerdo incorpora, también, novedades, como el impuesto sobre bebidas azucaradas. De hecho, hacía tiempo que desde el ejecutivo se intentaba impulsar una medida de este tipo. Los llamamientos de la OMS contra las bebidas azucaradas y las iniciativas fiscales en esta línea adoptadas en países como Gran Bretaña ha favorecido la medida. La recaudación prevista es de 41 millones anuales cuando esté plenamente vigente. Aunque esta iniciativa no tiene tanto un objetivo recaudatorio como de fomento de hábitos alimenticios saludables.

El acuerdo no es sólo fiscal. Incorpora, entre otros, el compromiso de no aprobar nuevos conciertos educativos pero también de no replantear ninguno mientras esté vigente -el próximo año no caduca ninguno-, o el de revertir la privatización de Aguas Ter-Llobregat en caso de que se confirme la sentencia dictada en primera instancia por el Supremo -esta decisión se ha aprobado en diferentes iniciativas parlamentarias-.

El pacto incluye igualmente aspectos referidos a gasto social, el compromiso para derogar la ley catalana de estabilidad o la lucha contra la corrupción.

Referéndum

No obstante, el punto que puede resultar más conflictivo es la exigencia irrenunciable de la CUP sobre la concreción de una partida explícitamente dedicada al proceso, en concreto, a la celebración del referéndum. Los cupaires no aceptan sólo una partida genérica sobre procesos participativos, sino el compromiso del Govern con la convocatoria a través de los presupuestos.

Esta decisión facilitará la ya anunciada actuación de los grupos de la oposición que enviarán el proyecto al Consell de Garanties Estatutàries. Pero no sólo eso. Unos presupuestos donde figure una partida dedicada al referéndum independentista podría ser visto, según fuentes del ejecutivo, como un incumplimiento de la anulación del TC sobre la resolución del 9N y generar un nuevo incidente de ejecución. Esta vez, sin embargo, el responsable del incidente sería quien firma el proyecto del Govern, es decir, el vicepresidente y responsable de Economía, Oriol Junqueras.

En pleno proceso, el debate de los presupuestos adquiere muchas derivadas, algunas incluso sorprendentes. Pero el efecto de no sacar adelante el proyecto sería todavía más impactante ante la opinión pública. Es por eso, que resultaba casi impensable la posibilidad de que la votación del proyecto no prosperara cuando, como es de prever, se someta a votación su tramitación en el último pleno de diciembre. Nadie duda de que este convencimiento ha hecho la negociación mucho más sencilla. La aprobación definitiva del proyecto, sin embargo, no está garantizada. Las intervenciones que ayer se escucharon en el consejo político de la CUP lo dejaron claro. Eso quedará, no obstante, para el mes de febrero. De momento, los presupuestos seguirán su curso en la Cámara catalana.