Entre decretos y amnistía y en medio de negociaciones de última hora, movimientos por los pasillos y llamamientos a disolver partidos independentistas, el Congreso de los Diputados ha dado este miércoles un paso de cara a los futuros presupuestos generales del Estado. Un paso pequeño, pero imprescindible. La Cámara Baja ha debatido el límite de gasto y ha validado los objetivos de estabilidad y el plan de reequilibrio por 179 votos a favor (de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, el PNV, el BNG y CC) y 171 en contra (después de una votación que ha acabado en empate y que se ha tenido que repetir por llamamiento a petición de PP y Vox). Ahora tendrán que recibir luz verde del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y amenaza con tumbarlos. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sostiene que la Abogacía del Estado avala una fórmula para esquivar este veto. El objetivo del Gobierno es aprobar los presupuestos a lo largo del primer trimestre del año.
El objetivo de déficit público que plantea al Ministerio de Hacienda es del 3% para el conjunto de las administraciones. Específicamente, es del 0,1% para las comunidades autónomas y del 0% (situación de equilibrio presupuestario) para las entidades locales. Como las reglas fiscales están suspendidas desde 2020, si el objetivo de estabilidad no se aprobara (en caso de que el Senado mantuviera su negativa), las cuentas públicas para el 2024 se tendrían que basar en los objetivos de déficit que se enviaron a Bruselas en abril: en términos globales no habría cambios (se mantendría el 3% de déficit), pero sí que variaría para las administraciones autonómicas y locales, que tendrían que hacer un mayor esfuerzo. Comportaría que las comunidades autónomas tendrían que cerrar el año en equilibrio (el 0% de déficit) en lugar del 0,1% y que los ayuntamientos tendrían que tener un 0,2% de superávit, en lugar del equilibrio que propone el Ministerio de Hacienda.
ERC y Junts denuncian agravios y mala financiación
Los partidos independentistas han aprovechado el debate en el Congreso para volver a poner de relieve los agravios y la mala financiación que sufre Catalunya. Tanto ERC como Junts han apelado a cumplir la Ley de Dependencia y la disposición adicional tercera del Estatut, que fija que "la inversión del Estado en Catalunya en infraestructuras se equiparará a la participación relativa del PIB de Catalunya con relación al PIB del Estado para un periodo de siete años".
Desde las filas republicanas, Teresa Jordà ha argüido que "los desequilibrios y los abusos" definen la relación del Estado con Catalunya y ha lamentado que la realidad está "cargada de agravios y deslealtades institucionales por parte del gobierno central, que es centralista y centrifugador". Jordà también ha criticado el "reparto injusto de los objetivos de déficit", dado que las comunidades autónomas asumen un tercio del gasto, mucho del cual tiene que ver con políticas sociales, pero el Estado los asigna un 0% de margen de déficit. Eso provoca un "grave problema de bienestar y de cohesión social y adoba el caldo de cultivo del creciente fascismo".
Por parte de Junts per Catalunya, Josep Maria Cruset ha denunciado que los gobiernos de PSOE y PP "han hecho siempre la reducción del déficit cargando el esfuerzo a espaldas de las administraciones autonómicas y locales", que "paradójicamente" son las más próximas a la ciudadanía y las que tienen más carga en materias de servicios sociales, educación y sanidad. Eso, en una Catalunya "mal financiada y víctima de un déficit fiscal desbocado" genera una "situación perversa que es una losa que nos ahoga como país y nos asfixia como ciudadanos". Cruset ha instado al actual ejecutivo de coalición a demostrar que "hacer política sin querer perjudicar siempre Catalunya es posible" y, mirando adelante, ha advertido que "es evidente que si no hacen las cosas diferentes, no obtendrán nuestro voto para los presupuestos", ya que, "a diferencia de otros", su voto "no lo tienen cautivo".
El Senado tiene la última palabra con un matiz
Los objetivos de estabilidad son la única iniciativa en la cual el Congreso no tiene la última palabra. Por lo tanto, si el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, vota en contra, la Cámara Baja no puede levantar el veto, como pasa con las proposiciones o proyectos de leyes, sino que obliga el Gobierno a aprobar uno nuevo. Así lo fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en el 2012 cuando Cristóbal Montoro era el ministro de Hacienda del Gobierno presidido por Mariano Rajoy.
Sin embargo, María Jesús Montero aseguró a mediados de diciembre que el Ministerio de Hacienda cuenta con un informe jurídico de la Abogacía del Estado que establece que el Gobierno puede llevar dos veces los objetivos de estabilidad a las Cortes Generales (entre la primera y la segunda propuesta no puede pasar más de un mes) y que, aunque en ambas sean rechazados, el proyecto de presupuestos puede salir adelante. Ahora bien, en este caso las cuentas se tendrían que basar en lo que dispone el plan que se remitió a Bruselas en abril.
Un límite de gasto de 199.120 millones de euros
Aparte de los objetivos de estabilidad, el Congreso también ha debatido el límite de gasto no financiero para las administraciones públicas en el periodo 2024-2026. El pasado 12 de diciembre el Consejo de Ministros lo fijó en 199.120 millones de euros, un incremento del 0,5% con respecto al 2023. Están incluidos 9.905 millones provenientes de los fondos europeos.
¿Y ahora qué?
A partir de ahora, el Gobierno se tiene que arremangar para negociar el contenido detallado de los presupuestos generales del Estado. Y lo tiene que hacer después de las advertencias que sus socios le han expuesto y habiendo sufrido la primera derrota parlamentaria de la legislatura.
El Gobierno dará luz verde a las nuevas cuentas públicas en las próximas semanas o meses, pero algunos socios, como Junts per Catalunya, ya han avisado de que quieren discutir el contenido antes de que se pronuncie el Consejo de Ministros. Posteriormente, los presupuestos llegarán a las Cortes Generales y tendrán que transitar por el Congreso y por el Senado en una tramitación densa y tempestuosa antes de llegar al BOE.