Si hay unanimidad rotunda en alguna cuestión entre los socios de govern es en quien tiene que ser el socio prioritario para negociar los presupuestos de la Generalitat: la CUP. Lo han repetido por activa y por pasiva tanto los representantes del partido liderado por Oriol Junqueras como los del presidente Carles Puigdemont. Y entre tanta unanimidad, sin embargo, todavía no hay nada claro, porque la CUP a estas alturas, no ha visto "nada" de las cuentas catalanes.

Así lo han asegurado fuentes de la formación a ElNacional.cat después de dos semanas de actividad parlamentaria, primero con el debate de política general y después con el primer pleno ordinario de principio de curso después de la temporada estival. En estas sesiones se han visto evidentes discrepancias dentro del independentismo con respecto al método para alcanzar la república catalana, las más destacables por la propuesta de la CUP de hacer un referéndum antes que acabe la legislatura y que fue tumbada por ERC y Junts, y la otra sobre la mesa de diálogo, de la cual los anticapitalistas no esperan mucha cosa y reivindican más confrontación, bien igual que Junts.

Una vez pasadas estas dos semanas y aprobado el anteproyecto de los presupuestos del estado en el Consejo de Ministros el jueves de la semana pasada, el ejecutivo catalán tiene que hacer frente al otoño negociador con el fin de conseguir aprobar las cuentas del 2022 antes del 1 de enero. El conseller de Economía, Jaume Giró, aseguró la semana pasada que se aprobarán en noviembre, resaltando que entre Junts y ERC están de acuerdo "desde el primer día". Unas declaraciones que rodaron por todo el país y que después fueron matizadas por fuentes próximas, que comentaron que quizás será en noviembre o mejor diciembre.

Sea como sea, la voluntad es negociarlos con la CUP, y a pesar de los anticapitalistas aseguran que todavía no han visto nada de las cuentas, fuentes próximas al Ejecutivo sostienen que las negociaciones avanzan y que de momento la CUP no se ha levantado de ninguna mesa de negociación. Al mismo tiempo, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, se ha manifestado optimista sobre la futura negociación con la formación, ha asegurado que la CUP es necesaria para el cambio de modelo que buscan, y ha descartado plantear -a pesar de haya habido insinuaciones de PSC y comunes- ningún otro escenario que suponga negociarles con otros partidos.

Los cupaires se reservan a estas alturas salir a defender cualquier condición y rechazan poner líneas rojas, pero tienen claro que el apoyo a las cuentas será posible si reflejan al modelo de país que defienden desde sus filas.

El conseller de Economía, Jaume Giró, y la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà en una imagen de archivo / Sergi Alcàzar

Y de su modelo de país han hablado las últimas semanas recorriendo a una de las frases célebres de que repiten los cupaires, que hace falta "un giro de 180 grados". Por giro, entienden un cambio de rumbo en las medidas presentadas en el plan de govern, del cual los molestan temas como la candidatura a los Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 o lo que consideran que son "infraestructuras faraónicas y con obsolescencia programada". Por todo ello, remarcan como imprescindible que se paren los "macroproyectos".

Acuerdo de investidura entre ERC y CUP

A pesar de no avanzar condicionantes, si que estos días han avisado que para sentarse a hablar sobre la negociación de las cuentas, hace falta que se esté cumpliendo el acuerdo de investidura entre ERC y la CUP. En este sentido han ido haciendo presión al gobierno y alertándolo de que están lejos de aprobar los presupuestos si el pacto "de mínimos" de la investidura no se cumple. Peligraba su cumplimiento, por ejemplo, cuando estalló el anuncio de la ampliación del aeropuerto, contra la cual los cupaires se plantan. Ahora que se ha parado la inversión, ERC ha marcado posición para acercar filas con los anticapitalistas y defender que esta ampliación sólo se puede hacer si es respetuosa con el territorio.

En el documento de la alianza entre ERC y la CUP elaborado el mes de marzo, que hacía énfasis sobre todo en el terreno de las políticas sociales y no en la hoja de ruta independentista, está escrito que "la CUP se compromete a trabajar para facilitar la gobernanza en todas aquellas cuestiones vinculadas a los compromisos adquiridos y que los impliquen de forma concreta, incluyendo la estabilidad presupuestaria, siempre que los compromisos se vean reflejados".

Entonces ahora todo dependerá del documento que el Ejecutivo comparta con la CUP, y sobre todo, del grado de cumplimiento que los cupaires consideren que se ha producido sobre los acuerdos pactados con los republicanos, entre los cuales estaba por ejemplo la suspensión del uso de las balas de foam, la retirada de la Generalitat como acusación particular contra activistas, la no intervención de la Brimo en desahucios o la creación de una banca pública.

En la imagen principal, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès y la diputada de la CUP Dolors Sabater / Europa Press