El primer asalto del exilio en Luxemburgo será este jueves a las 14 h en la sala azul del Tribunal General de la Unión Europea (EU). La defensa de los eurodiputados Carles Puigdemont y Toni Comín expondrán ante el tribunal que el entonces presidente de la Eurocámara, David Sassoli, tenía que haber defendido su inmunidad ante las euroórdenes de detención dictadas por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el 14 en octubre de 2019 (una vez condenados los presos políticos por sedición, malversación y desobediencia por el 1-O) y el 4 noviembre de 2019. Es la causa T-115/20. Hay que recordar que Clara Ponsatí obtuvo el acta el 1 de febrero de 2020, cuando los diputados británicos abandonaron la cámara por el Brexit, y en este procedimiento no aparece, pero sí en la vista del viernes en el TGUE, donde el abogado de los tres, Gonzalo Boye, reclamará que el TGUE anule la aprobación del Parlamento Europeo de levantarles la inmunidad para atender al suplicatorio del juez Pablo Llarena para entregarlos al Estado español parta juzgarlos por los hechos del 1-O del 2017.
El president Carles Puigdemont y el conseller Toni Comín fueron escogidos eurodiputados por Junts el verano del 2019, pero no pudieron acceder con garantías en el Parlamento Europeo, en Bruselas, hasta el 20 diciembre de 2019. En verano, el entonces presidente de la cámara, Antonio Tajani, les cerró el paso, y no lo pudieron hacer hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió que Oriol Junqueras disfrutaba de la inmunidad parlamentaria cuando fue juzgado y condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de prisión por los delitos de sedición y malversación. En esta sentencia, el TJUE fijaba la doctrina Junqueras, la cual establece que un parlamentario obtiene el acta al ser escogido, y, por lo tanto, la jura de la Constitución, como exige el Estado español, no es imprescindible.
La polémica vuelve con Metsola
David Sassoli -que sustituyó Tajani en julio del 2019 al frente del Parlamento Europeo, y que murió el enero pasado- después de una reunión muy tensa con la presidenta del grupo de los socialistas, Iratxe García, que intentó de nuevo frenar el acceso de los políticos independentistas a la Eurocámara, anunció que había pedido a los servicios jurídicos del Parlamento que evaluaran la aplicación, cuanto antes mejor, de los efectos de la sentencia del TJUE. Se les consideró eurodiputados de pleno derecho y desde entonces, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí han ejercido de diputados del Parlamento Europeo, hasta que el 24 de febrero de 2021 el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aprobó levantar la inmunidad de los tres eurodiputados catalanes, tal como reclamó el Tribunal Supremo y dieron su apoyo el PSOE, PP y Cs.
Paralelamente a los tribunales, la actual presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, del Partido Nacionalista, es quien tiene ahora la patata caliente sobre las actas de los independentistas catalanes, ante la respuesta que ha recibido de la Junta Electoral Central (JEC), que se salta la jurisprudencia europea para insistir en que tienen que cumplir el requisito de jurar la Constitución, como ahora también le exige al eurodiputado Jordi Solé (ERC), que sustituyó Oriol Junqueras al declararse firme su condena. Precisamente, el TJUE se pronunciará el próximo 22 de diciembre sobre el recurso del presidente d'Esquerra por la negativa de la Eurocámara a darle el escaño.
Metsola, que visitó Barcelona la semana pasada, tuvo que aclarar el martes que no retirará el escaño a los eurodiputados catalanes, como indicaba un diario español, sino que ha encargado un informe jurídico para tomar una decisión. Si esta es contraria a los políticos catalanes, seguramente su defensa volverá a pedir el amparo de los tribunales, puesto que el derecho a la inmunidad es el que tienen que resolver ahora.
La vista del viernes: la anulación del suplicatorio
El viernes, el mismo tribunal del TGUE analizará a partir de las nueve y media de la mañana la reclamación de la defensa del exilio para que se anule la decisión de la cámara europea de acceder al suplicatorio cursado por el juez Llarena para entregarlos al Estado español. Es la causa T-272/21. En esta vista, el abogado Gonzalo Boye expondrá la "persecución política" que viven Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí desde el Gobierno, el cual -sostienen- ha reformado el Código Penal, con derogación del delito de sedición, solo para conseguir su detención. También expondrá la falta de imparcialidad del presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el eurodiputado, Adrián Vázquez de Cs, para que se aprobara la retirada de la inmunidad de los políticos catalanes.