El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede taponar el escándalo del CatalanGate ante las informaciones contradictorias publicadas hoy sobre el espionaje masivo de políticos, activistas y abogados independentistas catalanes. Por una parte, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha admitido que usó el programa israelí Pegasus, propiedad de la empresa NSO, para espiar políticos catalanes del 2017 al 2020, y especialmente para detener al presidente Carles Puigdemont, según informa el diario El País. En la información, el CNI, que tiene prohibido hacer pública su actuación, ha negado un seguimiento masivo a independentistas catalanes y ha asegurado que todo fue con autorización judicial. Por otra parte, otro medio madrileño y contrario al PSOE, El Español, ha asegurado que magistrados del Tribunal Supremo han negado haber autorizado un espionaje masivo, como el realizado en Catalunya los últimos años. Finalmente, El Periódico, sitúa la compra de un dispositivo espía que derivó en Pegasus a la policía patriótica del PP y del comisario José Manuel Villarejo en el 2014 y que se habría mantenido en la actualidad. Argumentos, todos ellos, sin pruebas, que no han servido de cortafuegos.

Tampoco ha servido la estrategia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su comparecencia en el Senado de este martes por la tarde, con su tono desafiante, poniendo en duda la investigación del grupo Citizen Lab, de la universidad de Toronto, y amenazando a los independentistas que "la denuncia falsa es delito". Y mientras tanto, Sánchez mantiene su mutismo. En su intervención, la ministra Robles ha acusado a los políticos independentistas catalanes de usar este caso de espionaje de forma "teledirigida" y los ha invitado a ir a los tribunales, ya que "el juez es el único que puede determinar qué es delito". Lo cierto es que la denuncia de los republicanos de hace dos años en Barcelona es la primera presentada en un  juzgado y ahora se espera que lo hagan la mayoría de los espiados, que, además, tienen la prueba de la investigación canadiense y del The New Yorker,  periódico también despreciado por Robles al decir "no sé quién es este medio".

En el juzgado

Por su parte, el Govern ha subido su nivel de exigencia para que Sánchez dé explicaciones y aclare con pruebas fehacientes que el CNI no está detrás de este seguimiento indiscriminado a opositores políticos y si es con autorización judicial, que se muestre. Una nueva iniciativa es que el Parlament se personará en la denuncia que presentarán los diputados catalanes afectados por Pegasus. Inicialmente, se presentará una denuncia en el juzgado de guardia, el cual seguramente la derivará al juzgado de instrucción 32 de Barcelona, ya que desde septiembre de 2020 tiene una causa abierta por las querellas presentadas por el expresidente del Parlamento y conseller de Empresa, Roger Torrent, y el exdiputado Ernest Maragall, al ser alertados de haber sido infectados por el software israelí. Hay juristas que defienden que las denuncias de afectados en todo el Estado español se tienen que aglutinar en el juzgado de Barcelona, que ya instruye la causa, todo y que hasta ahora con pocos resultados, ya que la comisión rogatoria a Israel para que pida información a la empresa NSO, se espera desde octubre de 2020 que sea respondida.

Cas Volhov

Y contra las críticas de Robles, los afectados pueden mostrarle una prueba del caso Volhov, donde dos de los investigados, el exdirigente de Convergència David Madí y el exconcejal d'ERC Xavier Vendrell, fueron espiados al mismo tiempo por la Guardia Civil por mandato judicial, y a través de Pegasus sin por ahora saber quién dio la orden. También hay pruebas de mensajes de WhatsApps intervenidos a los investigados, del entorno independentista catalán, por orden del titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, en los cuales se les alerta en el año 2020 de que han detectado que tienen virus maliciosos y que hagan unas pruebas y aporten su mòbil a Citizen Lab. Nada antiguo ni repetitivo, como ha insinuado Robles.

¿A quién han espiado?

Así, en un intento de cortafuegos contra el CatalanGate hoy, de forma excepcional, se ha publicado que el CNI ha admitido que utilizó el programa de espionaje israelí Pegasus, que solamente pueden adquirir gobiernos, para espiar personas del entorno independentista catalán, ahora bien, ha subrayado que lo hizo siempre de manera individualizada y con autorización judicial, según publica El País. Fuentes del servicio de inteligencia español no revelan ni a quién espiaron ni cuándo. Solo detallan un caso que tenían un móvil intervenido de uno de los acompañantes del presidente Puigdemont y por eso lo pudieron detener en Alemania por hacerlo volver al Estado español, sin éxito. Además, ponen en cuestión la investigación de Citizen Lab que destapó el presunto espionaje a al menos 65 independentistas con Pegasus. Aseguran, en cambio, que muchos de los que figuran a la lista no fueron espiados nunca por el centro. No obstante, no se aporta ninguna prueba.

La información de El Español también quiere ser contundente y ha asegurado que varios magistrados del Tribunal Supremo (TS) que han tenido a su cargo el control previo de las solicitudes del servicio de inteligencia para intervenir comunicaciones o entrar en domicilios. "El CNI nunca nos ha solicitado autorización para interceptar las comunicaciones", indican. "El CNI nunca ha solicitado autorización para interceptar las comunicaciones de más de tres o cuatro personas en la misma petición. No ha habido nunca una solicitud masiva", asegura uno de los llamados jueces del CNI que hace muchos años que trabaja en esta función. Es más, el magistrado contactado por el citado digital añade: "Si hubiéramos recibido esta petición, no lo habríamos autorizado".

Masivo en la Audiencia Nacional

Las investigaciones masivas y prospectivas, sin embargo, existen en el Estado español y contra la disidencia política. Una prueba evidente es la investigación que tiene abierta desde el 2017 el juez Manuel Garcia Castellón, titular del juzgado central instrucción 6 de la Audiencia Nacional y miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Según fuentes policiales, Garcia Castellón mantiene una investigación contra un número elevado de independentistas catalanes, y seguramente con los teléfonos intervenidos (por el programa SITEL) porque la causa continúa secreta, ante lo que se califica como el desafío independentista catalán y las grandes movilizaciones de Tsunami Democràtic, especialmente en el aeropuerto del Prat y en la Jonquera, en octubre de 2019 contra la sentencia del Supremo a los líderes catalanes.

Universidad de Barcelona

Además de las acciones judiciales contra el CatalanGate, también se realizan acciones de rechazo en Catalunya. La Universidad de Barcelona ha convocado este viernes, a las 12 del mediodía, un acto para denunciar "la aberrante vulneración de derechos humanos" que supone el espionaje hecho con los programas Pegasus y Candiru entre el 2017 y en el 2021. Se adelanta que en este acto se contará con la participación de los abogados que presentarán querellas y por entidades de defensa de derechos humanos y asociaciones de juristas.