Primer juicio que se suspende a independentistas en previsión de la futura ley de amnistía. El juzgado de lo Penal 2 de Girona ha comunicado a los procesados por la invasión de las vías del tren en la ciudad en el 2018, caso conocido por '21 raons', que suspende el juicio programado para el 12 y 13 de diciembre ante la tramitación de la ley del olvido sobre hechos del procés de Independencia de Catalunya, según se ha notificado este viernes. Los abogados de los cuatro jóvenes, Montse Vimyets y Benet Salellas, había pedido la suspensión de la vista ante el registro de la proposición de ley del PSOE en el Congreso, y la letrada de la Administración de Justicia, María Jesús Hernández, el juzgado lo ha acordado, con la oposición de la Fiscalía y la aceptación de la Abogacía del Estado.

Será la cuarta vez que se aplaza el juicio a Berta, Josep, Luis y Òscar, los cuatro encausados por el corte del AVE a Girona durante las movilizaciones del aniversario del 1-O del 2018. El marzo pasado, el juez del penal 2 de Girona aceptó la suspensión del juicio a los activistas a petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que son acusación, porque el instructor de la causa, un agente de los Mossos de Esquadra, estaba de baja por enfermedad. 

Juicio para el 2024

La nueva fecha del juicio se ha fijado para el 11 y 12 de noviembre de 2024. Tiempo suficiente para que la tramitación y vigencia de la ley de amnistía esté resuelta, y si se aprueba, las defensas podrán pedir la suspensión definitiva de la vista por pérdida del objeto, puesto que se habrán borrado legalmente. La Fiscalía pide para cada uno de ellos cuatro años de prisión y a pagar multas por valor de 12.150 euros a cada uno por los delitos de desórdenes públicos, de daños y delito leve de lesiones.

Un juicio "inútil"

En el decreto, la secretaria judicial recoge el razonamiento de todas las partes. Las defensas piden la suspensión porque los hechos a enjuiciar entran plenamente en poder ser amnistiados, puesto que la acción de los activistas fue por un aniversario del 1-O, y además señalan el coste de celebrar un juicio en que después los jóvenes pueden ser amnistiados. Un argumento que acepta la Abogacía del Estado, al razonar, que ciertamente la proposición de ley ya está en el parlamento para debatir.

Por el contrario, la Fiscalía sostiene que la ley todavía no está en vigor, e incluso afirma que "puede tener una aplicación incierta en los hechos que se tienen que juzgar", a pesar de que los delitos que les imputa y la acción encajan en la ley presentada por los socialistas.


Ante esta situación, la responsable del juzgado admite que no hay ningún supuesto legal que permita suspender un juicio por una ley orgánica en tramitación. No obstante, añade, que todavía no se ha localizado un testigo que quiere la Fiscalía y que el instructor de los Mossos continúa de baja laboral, además de destacar que el juicio durará dos días. Y, razona: "La ley de amnistía se encuentra en tramitación parlamentaria y en su actual redactado recoge, dentro de su ámbito objetivo, los hechos objeto de la presente causa, y de prosperar su aprobación, se habría hecho inútil la celebración de un juicio con tan alto coste material y personal".

Por todo esto, aprecio "más juicioso" aplazar la fecha del juicio, "con un margen temporal suficiente para clarificar la situación legislativa de la proposición de ley de amnistía", además de la localización de los testigos pendientes.