La ley de amnistía se ha aplicado a 102 personas, 51 de ellas policías, en el primer mes y medio de su entrada en vigor, el 11 de junio pasado, según el balance que ha hecho público Alerta Solidaria, que defiende a la mayoría de activistas independentistas, este miércoles. Los agentes de la policía (casi todos de la policía española, aunque también hay agentes de los Mossos) continúan liderando la lista de beneficiarios, seguidos por 42 manifestantes y 9 políticos. Este centenar de amnistiados solo representan al 21% de las 486 personas con causas penales abiertas que la Fiscalía General del Estado (FGE) calculó que podrían obtener la extinción de su responsabilidad penal y civil. Esta cifra no se podrá ampliar hasta septiembre, ya que agosto, que empieza este jueves, es inhábil en los juzgados, excepto las causas urgentes fijadas por la ley. Aparte, hay resoluciones negativas de la amnistía para 38 personas; ninguna de ellas afecta a agentes  de la policía, según la formación independentista

En las ocho semanas de vigencia de la norma del olvido penal por hechos relacionados con la independencia de Catalunya, destaca que el Tribunal Supremo ya ha acordado que envía la ley a consultas al Tribunal Constitucional, por un condenado por desórdenes. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) también anunció, este martes, que consultará la legalidad de la ley al Constitucional y también al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), solo por el delito de malversación, hecho que implica que no aplica la amnistía, pero también que detiene el juicio contra los cargos de ERC Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga. Según los datos de Alerta Solidaria, la consulta a otros tribunales afecta 71 personas: 56 políticos y 15 manifestantes.

Un Supremo mudo con las causas del 1-O

Además, el Tribunal Supremo mantiene su silencio desde que el 1 de julio pasado resolvió que no aplica la amnistía a los líderes políticos. Por una parte, el juez instructor del 1-O, Pablo Llarena, no aplica la norma al president en el exilio, Carles Puigdemont, y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, y ello, les mantiene su orden de detención en el Estado español, y con el pleno de investidura  en el Parlament previsto para este agosto. La sala de lo penal del Supremo, presidida por Manuel Marchena, tampoco ha aplicado la amnistía a los políticos que condenó: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, y les mantiene la inhabilitación a cargo público hasta el 2030 y 2031, al considerar que con la malversación del 1-O se enriquecieron personalmente y es una excepción para no aplicarles la extinción penal.

El caso de los CDR y Roger Español, pendientes

La mayoría de tribunales catalanes sí que aplica la ley de amnistía, frente al criterio del Supremo y del TSJC. La sección de apelaciones del TSJC y distintas secciones de Audiencias de Barcelona y Girona, además de jueces instructores han extinguido la responsabilidad penal a activistas, como Adrián Sas, y a jóvenes manifestantes como Xènia García, que estuvo en prisión preventiva por manifestarse contra la sentencia del procés, en la Via Laietana, el octubre de 2019. Hay casos pendientes como el activista de Madrid Dani Gallardo, en busca y captura para cumplir una condena de 4 años de prisión. Aparte, un magistrado de Barcelona ha confirmado que Abel Mora, joven anarquista, continúe en la prisión porque la condena de 3 años y 9 meses de prisión que se le impuso "no tiene relación con el procés", y dominó "su rechazo ideológico", al permitir  que su compañero empujara a un ciudadano que llevaba una bandera española,  y que cayó escaleras abajo del metro.

Por su parte, los 12 vecinos acusados de terrorismo en la operación Judas también esperan una respuesta de la Audiencia Nacional. El tribunal les ha levantado las medidas cautelares, como la retirada de pasaporte y presentación en el juzgado, pero tiene la intención de llevar la ley de amnistía en el TJUE, en este caso por si se puede amnistiar una acusación de terrorismo. Si al final lo hace, significa que el juicio a los 12 CDR queda suspendido, pero no cerrado.

Además, entre las causas pendientes, está el caso contra un escopetero y tres superiores de la policía española, acusados por haber reventado el ojo derecho a Roger Español, el cual también es acusado de desórdenes el 1-O. La sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona todavía no ha preguntado a acusaciones y defensas si tiene que aplicar la amnistía a todos ellos, según fuentes jurídicas.

Y la causa contra la treintena de excargos de Junts y ERC, que está a caballo entre el juzgado de instrucción 13 y la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, continúa empantanada por recursos de la Fiscalía y las partes. Así que la aplicación de la amnistía para ellos no se podrá encarrilar hasta que acaben las vacaciones de verano.