El PSOE ha unido este martes sus votos a los del PP, Vox, Junts per Catalunya y el PNV para que el Congreso de los Diputados empiece a estudiar una proposición de ley que presentaron los socialistas en abril con el objetivo de reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. 300 votos a favor (también los de UPN y Coalición Canaria), 14 en contra (los de ERC, Bildu y el BNG) y 29 abstenciones (las de Sumar y Podemos). La voluntad es reformar la Ley General Penitenciaria de 1979 para que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, una petición largamente reivindicada que se acentuó hace unos meses a raíz del asesinato de Núria López, cocinera de Mas d’Enric. Así pues, el texto apuesta por agravar las penas para quienes atenten contra su integridad y por dar presunción de veracidad a su testimonio.
Durante el debate, los grupos no han ahorrado críticas a la iniciativa del PSOE. Desde Junts per Catalunya, Josep Maria Cervera, ha puesto en relieve que este reconocimiento “igualará” a los funcionarios de prisiones a los docentes, los agentes rurales, los bomberos o el personal sanitario. Eso sí, ha pedido que esta iniciativa sea “compatible con la creación de un cuerpo especial de funcionarios penitenciarios de la Generalitat” y ha advertido que Junts velará para que la reforma legislativa “no desvirtúe el modelo penitenciario catalán, no represente una centralización encubierta que afecte a las competencias de la Generalitat y no sea un lastre económico para el Govern de Catalunya”. Por este motivo, los juntaires negociarán la que han llamado “cláusula catalana”.
Por parte de ERC, Pilar Vallugera ha cargado contra la “concitación de tantas voluntades de derecha juntas”, cosa que, a su parecer, explica “donde se encuadra” esta iniciativa. La diputada republicana ha sostenido que, más que aprobar una reforma de estas características, sería necesario “cambiar las condiciones materiales, subir las retribuciones, rejuvenecer las plantillas e instaurar jubilaciones anticipadas”. Sin esto, “el reconocimiento de autoridad no sirve para nada”. ERC considera que esto será algo “simbólico” y “sin ningún efecto en la realidad” y pide “incidir” en el hecho de que ahora los reclusos “son más agresivos”. Vallugera ha sido muy crítica con los socialistas: “Están olvidando los principios de prevención, rehabilitación y reinserción. Hagan políticas de izquierdas de una vez y dejen de aliarse con el PP”. En la misma línea, Jon Iñarritu, de Bildu, ha enmarcado la propuesta socialista en un “autoritarismo que no va en la vía de la reinserción y de rehabilitación”, sino en la “vía punitiva”.
Divergencias entre el PSOE y Sumar
El debate y votación de proposición de ley ha vuelto a evidenciar las diferencias entre los dos socios de Gobierno. Por un lado, José Luis Aceves, del PSOE, ha destacado el trabajo que los socialistas han hecho con los sindicatos de funcionarios de prisiones para “conseguir que sus reivindicaciones puedan ver la luz de forma definitiva” y se reconozca plenamente su “labor fundamental basada en el principio constitucional de la reinserción social de las personas privadas de libertad”. El diputado socialista ha pedido que este tema sea una “cuestión de Estado” a través de un “debate sereno”. Sin embargo, el diputado de Sumar Enrique Santiago ha reprochado al PSOE que el debate “se ha insertado en una tendencia populista de reforzamiento del autoritarismo como solución a cualquier problema de convivencia o comportamiento social”, dentro y fuera de las prisiones.
Quien también ha aprovechado para disparar contra el PSOE ha sido Ana Belén Vázquez, diputada del PP. “Nos insultan, nos dan ultimátums, nos llaman máquina del fango, incluso nos mandan a la mierda, y hoy nos piden que les apoyemos. ¿Saben por qué? Porque han perdido las elecciones, porque ustedes no tienen el apoyo suficiente en el Congreso de los Diputados”, ha lanzado a los socialistas.
“Resarcir económicamente a los funcionarios penitenciarios cuando sufran daños personales”
En concreto, el escrito registrado por el PSOE fija que los “funcionarios pertenecientes a cuerpos o escalas de instituciones penitenciarias” tienen el “carácter de agentes de la autoridad” a todos los efectos legales y en el ejercicio de sus funciones. Además, añade que en los procedimientos disciplinarios sancionadores, los informes emitidos por los funcionarios que “hayan presenciado los hechos” constituyen una “base suficiente para adoptar la resolución que sea procedente” si aportan “todos los elementos probatorios disponibles” y siempre que no haya una prueba en contra. La iniciativa también quiere que la administración tenga que “resarcir económicamente a los funcionarios penitenciarios cuando sufran daños personales o materiales en acto o con ocasión del servicio” siempre que no haya “luto, negligencia o impericia graves”. Además, apunta directamente a los procedimientos penales seguidos contra funcionarios penitenciarios: pide que se garantice “la separación del resto de los detenidos, en caso de detención” y que, si ingresan en la prisión, estén separados de los otros reclusos para “salvaguardar su integridad física”.
Una propuesta idéntica del 2020: PP, Junts y Unidas Podemos votaron a favor y ERC se opuso
La iniciativa legislativa registrada por el PSOE es idéntica a una que los socialistas ya presentaron hace cuatro años, en julio de 2020. La proposición de ley no se debatió hasta 2022 y, después de superar el primer examen parlamentario, quedó en un cajón y acabó caducando por la disolución del Congreso de los Diputados. En aquella ocasión, en la única votación que hubo, la propuesta del PSOE recibió el apoyo, entre otros, del Partido Popular, Junts per Catalunya y Unidas Podemos. En cambio, ERC, Bildu, el BNG y la CUP se opusieron a su toma en consideración.