La criticada reforma del Código Penal, acordada por el PSOE, Podem y ERC, también tiene ciertos beneficios. La Fiscalía de Barcelona ha rebajado el castigo pedido a un independentista catalán por las movilizaciones contra la sentencia del procés, al aplicar por primera vez la modificación del delito de desórdenes públicos. Inicialmente, le pedía 3 años y 7 meses de prisión y le ha rebajado a 1 año y 9 meses al considerar que el nuevo redactado del delito de desórdenes público le es más beneficioso, según fuentes de la Fiscalía de Barcelona. En concreto, le pedía esta elevadísima pena por haber actuado en una manifestación (Art.557 bis 3), supuesto que actualmente no se recoge en el delito básico de desórdenes si se actúa de forma individual, y su pena va de 1 a 6 años de prisión. Además, le ha rebajado la petición del delito de daños de 1 año y 3 meses de prisión a tres meses al haber pagado la responsabilidad civil.
El procesado ha aceptado esta rebaja sustancial de la condena, que ha pasado de 4 años y 10 meses a 2 años de prisión, en una vista que se ha realizado en la sección décima de la Audiencia de Barcelona este martes. Al ser una condena no superior a los dos años, el fiscal ha pedido que se le suspenda la entrada en la prisión por un plazo de tres años. Medida aceptada por el tribunal.
Quemar una papelera
En el escrito de acusación, la Fiscalía expone que el encausado participó en una multitudinaria manifestación convocada el 19 de octubre de 2019, y que desde una semana antes se repetían en la zona de la Via Laietana y contra la Jefatura de la policía española para mostrar el rechazo ciudadano a la condena del Tribunal Supremo a los líderes sociales y políticos catalanes, publicada el 14 de octubre.
Detalla que había un cordón policial de unos 500 policías, y que los manifestantes montaron barricadas y les tiraban objetos, y que el acusado, fue acompañado con unos menores de edades y "amparándose en la manifestación" "alteró la paz pública". En el relato de hechos, se expone que un ciudadano alertó a la Guardia Urbana de que en la plaza Ramon Berenguer el Gran el encausado quemaba una papelera, valorada en 207 euros, cantidad que fue abonada por el procesado al Ayuntamiento de Barcelona, y esto es valorado para reducirle la petición de pena final.
La reforma del Código Penal ha sido criticada por entidades catalanas porque se ha añadido un supuesto agravado, que tiene una horquilla de los 3 a los 5 años de prisión, hecho que implica una entrada segura en un centro penitenciario. Antes de la reforma, la pena en los casos agravados iba de entre 1 a 6 años de prisión. También se ha criticado que ahora se penaliza más la ocupación de espacios.
La manifestación contra el gobierno español por la cumbre con Francia, este jueves en Barcelona, será la primera con la reforma penal en vigor.