El decreto ley del pacto entre Junts y el PSOE aprobado este martes en el Consejo de Ministros ya ha sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entra en vigor este jueves y en un máximo de 30 días será ratificado en el Congreso de los Diputados. Junts votó en contra del decreto ómnibus, que incluía un total de 80 medidas, entre ellas las subidas de las pensiones y las ayudas al transporte público, pero también otras en las que no estaba de acuerdo, como el impuesto a las energéticas. Junts pidió trocear el decreto para incluir estas medidas sociales con las que estaba de acuerdo, lo cual inicialmente el PSOE se negaba a hacer. Después de días de reproches y acusaciones mutuas, finalmente se consiguió un acuerdo entre el partido de Carles Puigdemont y el de Pedro Sánchez, que enterró el decreto ómnibus para crear este decreto del pacto.
Este decreto incluye un total de 29 medidas, y fruto de la negociación, ha habido algunas variaciones. Por ejemplo, a cambio de mantener la suspensión de los desahucios para familias vulnerables (una imposición innegociable para Sumar), el nuevo decreto incorpora medidas para combatir las ocupaciones ilegales delincuenciales y para crear un sistema público de avales y garantías para propietarios y arrendatarios. Así, el Estado garantiza que pagará la cuota de alquiler en caso de que el inquilino no pueda asumirlo, a cambio de que pongan en el mercado alquileres a precios asequibles. También se ofrecerán ayudas para la reforma de la vivienda en caso de destrozo por ocupación. Como contrapartida al voto favorable de Junts, en la reunión de la próxima semana la Mesa del Congreso permitirá que se tramite una cuestión de confianza al presidente español, aunque con un nuevo redactado. Pero ¿qué incluye y qué ha dejado fuera el nuevo decreto?
Lo que incluye el decreto
Se respetan la mayoría de las medidas sociales que decayeron la semana pasada en el Congreso, con las votaciones en contra de Junts y el PP:
- Las bonificaciones al transporte público hasta junio.
- La subida del 2,8% de las pensiones, y cerca de un 6% en el caso de las pensiones mínimas.
- La subida del 9% para el ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas.
- El aumento del tope para la cotización extra, que se aplicará a los salarios superiores a 4.900 euros.
- El aumento del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que se ingresa en la hucha de las pensiones y que pasará del 0,7 al 0,8%.
- La prórroga de la suspensión de desahucios para familias vulnerables. Incorpora la creación de medidas para proteger garantías para propietarios e inquilinos.
- La prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas a consumidores vulnerables.
- La mejora del bono social de electricidad a los consumidores vulnerables y vulnerables severos.
- Las ayudas a los afectados por la DANA del País Valencià.
- Las ayudas a los afectados por la erupción del volcán en la isla de la Palma.
- La prórroga del llamado escudo antiopas, para proteger frente a inversores extranjeros intracomunitarios a las empresas de sectores estratégicos en ámbitos como seguridad, salud y orden público.
- El retorno al PNV del palacete de París, que los nazis entregaron a Franco.
Lo que deja fuera el decreto
La mayoría de las medidas tributarias y económicas irán en otro decreto que todavía no se ha negociado con Junts y que Pedro Sánchez ha dicho que confía en poder aprobar "en cuestión de semanas". Esto incluye:
- La prórroga del salario mínimo interprofesional de 1.134 euros brutos mensuales, a la espera de que se concrete la nueva subida para el 2025.
- El plan Moves, de ayudas para la compra de vehículo eléctrico.
- Las ayudas a empresas electrointensivas, que son las industrias que requieren un alto consumo de energía.
- Las entregas a cuenta para mejorar la financiación de las comunidades autónomas. Cae la partida de cerca de 10 millones a repartir entre las comunidades.
- Los beneficios fiscales para la UEFA por la celebración de las finales de la Champions League Femenina 2024 y la Europa League 2025.
- La subida a 2.500 euros (ahora 1.500 euros) de la renta procedente de un segundo pagador que exime de presentar la declaración de la renta si los ingresos totales no superan los 22.000 euros anuales.
- La deducción en el IRPF de entre el 20 y el 60% por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, así como la deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos y de puntos de recarga.
- El endurecimiento del impuesto para gravar las fusiones bancarias.
- La modificación de la ley de la sociedad de la información o del servicio postal, que según Junts vulneraría competencias de Catalunya.