Después de que el rey Felipe VI se marchara —sin Letícia- hace poco más de un año en la Arabia Saudí para tratar la compra de cinco corbetas por más de 2.000 millones de euros para la marina Saudí construidas por el astillero pública española Navantia, y a pesar del aviso del Parlamento Europeo con mención especial en España para detener la venta de armas en este país, mañana el príncipe heredero de la Arabia, Mohamed Bin Salman, visitará España en el marco de su gira europea, por donde está pasando estos días después de haber sido tres semanas en los Estados Unidos.

Esta visita comportará que, previsiblemente, el gobierno español y el Monarca firmen con Bin Salman la compra de las corbetas, pero las cuatro ONG de la campaña Armas Bajo Control —Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón- vuelven a exigirlos que detengan las exportaciones de armas a la coalición saudí porque, no sólo es ilegal dentro de la legislación española, sino que, además, representa una "complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional al Yemen".

De hecho, según el artículo 8.1 de la Ley 53/2007 sobre comercio de armas, las autorizaciones de exportaciones de armas serán denegadas "cuando existan indicios racionales que puedan ser usadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con finalidades de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España".

El negocio de las armas

Sólo desde 2015 y hasta junio de 2017, España ha exportado armas en la Arabia Saudí por un valor de 728,5 millones de euros, cosa que estaría fuera de la legalidad porque, según el artículo 6 del Tratado de Comercio de Armas, "un Estado no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales [...] si en el momento de la autorización tiene conocimiento que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los cuales sea parte".

Por lo tanto, y de acuerdo con el artículo 7 del mismo tratado, un Estado sólo podrá exportar armas si el motivo queda excluído del anterior artículo, pero al no ser así, se puede acabar convirtiendo en cómplice de los crímenes en el Yemen porque estas corbetas podrían utilizarse para perpetrar "ataques militares directos contra la población civil, ataques indiscriminados o para mantener el bloqueo aéreo y naval", ataques que dificultarían, todavía más, el flujo de alimentos, combustible y medicamentos.

 

Un conflicto que hasta enero de este año ya se ha saldado con la muerte de casi 6.000 civiles, más de 50.000 heridos y tres millones de personas desplazadas internas". Y no sólo eso. Más de 22 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, en una guerra abierta por la Arabia Saudí contra el Yemen que ya hace unos tres años que dura y que ha provocado terribles consecuencias para su población civil.

De hecho, un tercio de los más de 15.000 bombardeos de la coalición saudí han atacado escuelas, mercados, hospitales o viviendas, tal como recuerda al director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, que, además, ya ha documentado 36 ataques aéreos que "aparentemente violaron el derecho internacional humanitario y podrían constituir crímenes de guerra", mientras que Human Rights Watch ha documentado "85 bombardeos aparentemente ilegítimos de la coalición saudí, que han causado la muerte de cerca de 1.000 civiles".

Así pues, si España, finalmente, firma mañana la venta de armas en el país saudí, podría acabar siendo cómplice de esta agresión contra los derechos humanos.