En la reunión de este martes, el Govern de la Generalitat prevé debatir y validar la propuesta para "acompañar" a los 34 altos cargos perseguidos por el Tribunal de Cuentas, a quienes se les reclama el abono de 5,4 millones en el plazo de dos semanas, antes de que se les embarguen los bienes. Desde que se conoció la sanción millonaria, el ejecutivo catalán busca la rendija para cubrirles las espaldas, a través del asesoramiento del gabinete jurídico. La salida que han encontrado se pega a lo que se conoce como a principio de indemnidad.

Sin aclarar si el apoyo incluirá un aval económico o se limitará a lo exclusivamente jurídico, la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha revelado este lunes que el gobierno "defenderá la inocencia y la libertad de expresión y representación" de todos los afectados, que han sido multados por la acción exterior de la Generalitat.

Derecho a tutela

El estatuto básico del funcionario público, una normativa española, regula que cualquier servidor público tiene derecho a una tutela y "tiene que poder ser acompañado por la administración". Es el principio de indemnidad. Fuentes gubernamentales indican a ElNacional.cat que la intención es que en menos de 24 horas se puedan anunciar los detalles de la propuesta a fin de que los trabajadores públicos implicados tengan el apoyo necesario.

Evitar el bumerán

La situación, así lo apuntan desde presidencia, es compleja. Y es que hay que encontrar bien el equilibrio para que la decisión de que se tome sea aceptada por el Tribunal de Cuentas y no tenga un efecto bumerán, que no acabe yendo en contra de los actuales miembros del gobierno. Es decir, que se evite el riesgo de ser acusados de malversación por haber tirado de dinero público para pagar la sanción. Entre este extremo y el quedarse de brazos cruzados, hay un camino por recorrer, que sería la propuesta que acabará planteando la Generalitat. Una de las posibilidades que toma fuerza es utilizar el seguro que tiene contratado el gobierno catalán.

La caja de solidaridad

Los socios de gobierno se han expresado con matices sobre esta cuestión. Así, mientras Junts per Catalunya, como la ANC, defiende que el Govern de la Generalitat tiene que avalar a los compañeros perseguidos, desde de ERC han evitado concretar si este apoyo debe ser en forma de aval. Los republicanos, en paralelo, piden que se active la caja de solidaridad, que ahora mismo depende de la ANC. De hecho, en nombre del Govern, la propia consellera Vilagrà ha reflexionado que "la represión no se detiene y por lo tanto que se activen todos los mecanismos de apoyo es importante".

La ANC, en cambio, discrepa. Considera imperativo que el ejecutivo de Aragonès cubra "hasta el último céntimo" de los cargos implicados porque "no hacerlo sería renunciar a la defensa de su legitimidad". En un comunicado avisan que "traspasar la responsabilidad de defender los miembros del Govern a la sociedad civil debilita el movimiento independentista" e "incluso puede incentivar un aumento de la represión económica". La entidad cree que la caja de solidaridad se tiene que reservar para el independentismo de base.

En la imagen principal, el cartel del Tribunal de Cuentas, en Madrid. / ACN