El proyecto de una televisión en abierto, impulsado por la Moncloa y vinculado al grupo PRISA —editor de El País y propietario de La SER—, ha desencadenado un conflicto interno en la compañía, que ya ha provocado la destitución de varios directivos. La división entre los detractores y los partidarios del proyecto ha derivado, en las últimas horas, en la dimisión del CEO de Prisa Medios, Carlos Núñez; el despido del director de contenidos de PRISA, José Miguel Contreras, y una purga de los afines al PSOE dentro del consejo de administración, que pasará de tener quince miembros a solo once. A consecuencia de este conflicto, también ha quedado cuestionada la directora de El País, Pepa Bueno.
El presidente y máximo accionista del grupo, Joseph Oughourlian, ha cerrado la puerta al proyecto de televisión, que contaba con el apoyo de un sector de la compañía y la complicidad del Gobierno. Oughourlian expuso este mismo martes su oposición a la iniciativa en una entrevista al diario de la competencia Expansión, en la que dejó claras sus discrepancias con el presidente de Prisa Media, Carlos Núñez. Horas más tarde, este mismo martes, el consejo de administración decidió oficialmente no optar a la licencia de televisión, en una votación en la que doce consejeros votaron en contra y solo tres a favor.
A partir de aquí, se han ido produciendo una serie de cambios internos en la compañía. Este miércoles, se anunciaba la dimisión de Núñez y, horas más tarde, el despido de Contreras, que hasta ahora había sido la persona de confianza de la Moncloa para facilitar que el grupo consiguiera una licencia de Televisión Digital Terrestre (TDT) para crear un canal de alcance estatal. Dentro de la compañía, también apostaban por el proyecto el director de vídeo, Fran Llorente. Finalmente, sin embargo, la iniciativa no ha superado el principal obstáculo: la oposición firme de Oughourlian, máximo accionista del grupo a través de Amber Capital.
El grupo PRISA pondrá el foco en reducir su deuda
La oposición de Oughourlian al proyecto se justifica por la situación financiera del grupo, que acumula una deuda de casi 800 millones de euros. El presidente de PRISA considera que la inversión necesaria para un canal de televisión, estimada en unos 150 millones de euros durante los primeros tres años, no es asumible y pondría en riesgo la solvencia de la empresa. La rebelión de Oughourlian hace descarrilar el proyecto televisivo de Pedro Sánchez y marca un nuevo rumbo para la compañía, que centrará sus esfuerzos en reducir la deuda y en fortalecer sus líneas de negocio actuales, como la prensa y la radio.