El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza para Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente madrileño Ignacio González, detenido en la operación Lezo. Rodríguez Sobrino también ocupa el puesto de consejero delegado de la empresa editora del diario La Razón.

Fuentes de la investigación han informado de la decisión del magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, acorde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Velasco ha interrogado esta mañana a Rodríguez Sobrino, quien fuera presidente de Inassa -filial del Canal en Latinoamérica- hasta que fue cesado por el Ejecutivo regional que preside Cristina Cifuentes tras aparecer su nombre en los papeles de Panamá. Ha sido el cuarto de los detenidos en la denominada Operación Lezo contra la corrupción en el Canal de Isabel II en declarar ante el juez y el primero para el que dicta prisión provisional sin fianza.

El juez cree que fue el responsable de las propuestas para que el Canal invirtiera en 2013 un total 31 millones de dólares en la compra de la brasileña Emissao, empresa que fue "hipervalorada ficticiamente", hasta el punto de que su patrimonio neto al cierre de aquel año era de 10,2 millones de dólares y en tan solo dos años había descendido a 5 millones de dólares.

En opinión del magistrado, el desfalco a las arcas públicas tan solo en la compra de esa empresa ascendería a unos 25 millones de dólares (23,3 millones de euros al cambio actual). También sabe que ocultó en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, de "origen desconocido", que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal.

Y tiene indicios de que una hija de Rodríguez, imputada en el caso, controla el patrimonio oculto de su padre y que pudiera ser titular de bienes muebles e inmuebles, algunos en el extranjero, que en realidad serían de él.

Las escuchas telefónicas a la línea de Rodríguez Sobrino también implicaron en la trama al director de La Razón, Francisco Marhuenda, quien ha sido imputado. Fuentes de la investigación aseguran que Marhuenda habría presionado a la presidenta Cifuentes para evitar que denunciara las irregularidades del Canal de Isabel II a causa de la implicación del conseller delegado de la empresa editora de su diario.