Un juzgado de lo Penal de Barcelona ha condenado a tres independentistas a penas de 6 a 22 meses de prisión por los disturbios durante el desalojo de la acampada a la plaza Universitat después de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O en noviembre del 2019. Los condenados habrían agredido a tres guardias urbanos que realizaban el desalojo, uno de los cuales recibió un puñetazo en la cara que le rompió la nariz.

Según la sentencia, durante el desalojo de la acampada la madrugada del 20 de noviembre por parte de la Guardia Urbana, después de 22 días de protesta. Hacia las 12 del mediodía, uno de los acusados golpeó muy fuerte a uno de los agentes, que no sufrió lesiones. Otro de los acusados dio una patada a la cadera de otro agente. Finalmente, el tercer acusado habría dado un puñetazo a la cara de otro agente, por debajo de la visera del casco de protección. El agente sufrió una fractura nasal y sufre alteración en la respiración nasal.

Los tres acusados negaron los hechos y las defensas intentaron evidenciar algunas contradicciones de la acusación, pero el magistrado da credibilidad a la versión de los agentes y a su identificación de los sospechosos tanto presencialmente como a través de las imágenes grabadas en aquellos incidentes. De hecho uno de ellos incluso asegura que no estaba en la plaza aquel día, ya que sufre alteraciones psíquicas a causa del consumo de drogas como un trastorno de la personalidad antisocial y narcisista, impulsividad, agresividad, baja tolerancia a la frustración. Otro de los acusados sufre un 38% de discapacidad por trastorno bipolar y de la afectividad, pero el magistrado no considera que tuviera las capacidades alteradas en el momento de los hechos.

Por todo eso, condena a uno de los acusados a seis meses de prisión por atentado a la autoridad con el atenuante de anomalía psíquica, otro a un año y diez meses de prisión por atentado a la autoridad y lesiones, con el atenuante de reparación del daño ya que la Caja de Solidaridad ha pagado 4.200 euros, y el tercero a seis meses de prisión por atentado a la autoridad y 180 euros de multa por lesiones leves. Además, uno de ellos tendrá que pagar 120 euros de indemnización y otro más de 3.300 euros al guardia urbano a quien rompió la nariz.

Por su parte, Alerta Solidaria ha lamentado que la versión policial se haya impuesto y culpa el Ayuntamiento de Barcelona para impulsar el desalojo y "contribuir a la tensión y represión contra la protesta legítima".