La pesadilla de las comisiones millonarias no se acaba por José Luis Martínez Almeida y cada semana surgen nuevas informaciones que complican todavía más el caso. El ayuntamiento de Madrid tendrá que hacer frente ahora a otro frente que ha abierto el juez del caso de las mascarillas sobre la presunta estafa cometida contra el consistorio. En este caso, por la calidad y el uso que se hizo del material sanitario que el ayuntamiento compró a un precio totalmente desorbitado por las comisiones que cobraron los controvertidos comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño. Ahora, según informa eldiario.es, el magistrado ha puesto en marcha varías diligencias en este sentido, después de que hayan declarado los dos empresarios. En esta primera fase, ha quedado demostrado que Medina y Luceño no tuvieron que demostrar nada para hacer negocio con el dinero del ayuntamiento, comprando mascarillas en China, sobre las cuales ahora se investiga su calidad.
El juez abrió diligencias a finales de mayo para poner el foco en que pasó cuando las mascarillas y el resto del material sanitario llegó a Madrid, mucho más tarde de lo que se esperaba. Anticorrupción habla de 4 millones de guantes "de ínfima calidad" y la Fiscalía de unas pruebas diagnósticas sin "un nivel de sensibilidad aceptable". Entre las diligencias destaca la petición de un informe que tiene que servir para analizar la idoneidad de las mascarillas, teniendo en cuenta la normativa del 2020, que no era la misma que la actual. Además, también pide información al consistorio sobre el camino que siguieron las mascarillas chinas una vez en Madrid: a quien se destinaron, como se distribuyeron y si todavía hay que no se han utilizado. Hay que tener en cuenta que parte de estas se destinaron al Hospital Puerta del Hierro, donde trabajaba la mujer de uno de los comisionistas.
Se esperaban FPP2
Con test y guantes de ínfima calidad, parece lógico que el juez quiera aclarar si las mascarillas KN95, el modelo que llegó vía Luceño y Medina, tenían o no los estándares de calidad mínimos. Para hacerlo, ha pedido que declare el responsable de un informa de la policía municipal. De todo se desprende que la intención de juez Adolfo Carretero no solo es establecer si hubo sobrecostes, algo que parece evidente con las cifras millonarias que ya han trascendido, sino también si la mercancía que llegó era defectuosa y donde fue a parar. En este sentido, tiene un papel muy importante la figura de Antonio Prieto, gerente de Madrid Salud, que se puso en contacto con Elena Collado, que ya veía venir la estafa y era la encargada de ventas del ayuntamiento, para reprocharle que las mascarillas tenían que ser FPP2, pero no había ningún certificado que lo demostrara.