Los diecisiete procesados por malversación en el referéndum del 1-O han depositado en el juzgado los 2,1 millones de euros que faltaban para abonar de la fianza de 5,8 millones de euros que les exige a la titular del juzgado número 13, según ha informado este mediodía a la Caixa de Solidaritat
La cantidad se ha podido depositar gracias a las aportaciones solidarias de ciudadanos en la Caixa de Solidaritat, de los partidos y del embargo de fincas propiedad de los afectados. "Aunque hemos resuelto el problema momentáneamente, seguimos necesitando dinero para llevantar los embargos", indican desde la Caixa de Solidaritat.
La jueza impuso una responsabilidad civil de 5,8 millones de euros a 17 de los 30 procesados por los preparativos del referéndum a los cuales atribuye un delito de malversación, entre los cuales figuran exaltos cargos y técnicos de la Generalitat supuestamente involucrados en la organización del 1-O.
En una primera fase, los procesados depositaron en el juzgado casi 3,7 millones de euros - recaudados en la caja de solidaridad -, al tiempo que recurrieron las fianzas argumentando que el resto de la suma que a la jueza les reclama equivale a los 2,1 millones que el Tribunal Supremo impuso como responsabilidad civil a los líderes independentistas juzgados en el Alto Tribunal. Ayer depositaron medio millón de euros más.
Recurso todavía para resolver
Sin esperar a que la jueza resuelva los recursos, la secretaria del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro -el testimonio de la cual sobre los hechos del 20-S en la conselleria de Economía fue clave para que las acusaciones imputaran rebelión en la cúpula del procés- dictó ayer martes un decreto para acordar el embargo de las cuentas corrientes de los procesados.
La secretaria acordó embargar los saldos favorables en las cuentas corrientes de los 17 procesados hasta llegar a los 2,1 millones de euros que, a fecha de ayer, faltaban para pagar para completar la fianza.
Las defensas de los procesados recurrieron la resolución de la secretaria argumentando que es la jueza, y no la letrada de la administración de justicia, la que tiene que determinar la suficiencia o no de las fianzas mediante un acto motivado.