El procesamiento de 25 de los 28 investigados en el proceso del referéndum ni es un paso cualquiera en todo el camino judicial, ni mucho menos el final. Estamos, seguramente, al principio de lo que será el mayor caso judicial de los últimos años en España. Y por descontado a Catalunya.

Si no hay un cambio de tercio, los 9 presos podrían pasar años entre rejas. No es ningún secreto. Es el pensamiento tanto de abogados como de los propios presos y sus entornos. Encarcelados, primero hasta el juicio, y después para cumplir la condena si no es que hay un cambio de rumbo del tribunal o bien llegaran los indultos. Cosa ahora mismo impensable por cómo el gobierno español mantiene el pulso político.

¿A qué se enfrentan ahora los 25 procesados? Sólo Artur Mas, Marta Pascal y Neus Lloveras, de la rama del PDeCAT, no irán a juicio. El resto, aunque el juez considera Mas el cerebro de todo, tendrán que pasar por el banquillo de los acusados y asumir penas, que sobre el papel van de los 6 meses de prisión a los 35 años.

Primero de todo y para empezar esta nueva etapa judicial, a Pablo Llarena los ha citado en todos para comunicarles cuál es su situación procesal. Durante tres días desfilarán por la entrada ya conocida del Supremo todos los acusados. Los que están en la prisión y los que no. Sólo faltarán, al menos eso es lo que es de prever, a los exiliados. Se los comunicación el delito por el que se les juzgará, qué hechos se los atribuyen y se los dará el derecho a palabra para explicarse.

Hay 13 procesados por rebelión que se enfrentan apenas de entre los 10 a los 35 años, según el papel que desarrollaron. El código penal prevé hasta tres niveles de penas.

De entre 25 a 30 años de prisión para los que se consideren inductores o cabezas principales. De los 15 en los 25, para los "mandos subalternos", según dice la ley. Lo que serían los ejecutores. Y de 10 a 15 para los participantes.

Las penas en las que se enfrentarán se sabrán antes del juicio y las fijará la Fiscalía según su criterio. Y todo hace pensar que forzará las más altas para dar una lección ejemplar.

Los procesados que están acusados de rebelión son: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Toni Comín, Josep Rull, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Marta Rovira.

Con todo, si a los procesados que están en el exilio se los acaba extraditando por el delito de malversación, sólo se les podrá juzgado por este delito. Por lo tanto la Fiscalía no podrá pedir penas por rebelión.

Hay 14 cargos más acusados de malversación. Es el delito que le permite a Llarena reclamar a los exiliados a los estados donde están ahora. Pero no se trata de un delito político sino se un delito asociado a la corrupción.

La malversación está castigada con la prisión. Pero la pena es baja, va de los 2 a los 6 años. Que se puede rebajar con atenuados y que si no se llega a los 2 años, evitaría el ingreso en la prisión.

También incluye la inhabilitación para los cargos públicos.

Los procesados por malversación son Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Toni Comín, Josep Rull, Lluís Puig, Carles Mundó, Dolors Bassa, Santi Vila, Clara Ponsatí, Joaquim Forn y Meritxell Serret.

El magistrado Pablo Llarena ha dejado un tercer delito para incluir a la mayoría de los acusados. De hecho, con la descripción de los hechos que hace en el auto de procesamiento, los informes de la Guardia Civil y las resoluciones judiciales previas, es lo único que tiene fundamento y que es la desobediencia. Se desobedeció. Es obvio y declarado por todos los procesados. Y lo hicieron públicamente. Tanto con declaraciones institucionales como con manifestaciones a los medios de comunicación.

Anunciaron una declaración de independencia y un proceso para hacerla y por eso desobedecieron todas las prohibiciones del Tribunal Constitucional.

La desobediencia, sin embargo, es el delito más leve. La pena de prisión que incluye, que va de los 6 meses a 1 años, se puede sustituir por una multa. Por lo tanto, con una condena por este delito, se evitaría la entrada masiva en la prisión de todo un gobierno y una mesa del Parlamento.

Están procesados por desobediencia los que formaban la Mesa del Parlamento del anterior legislatura: Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. Además también se los imputa este delito aparte del Gobierno y a las ex diputadas de la CUP Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila, Meritxell Serret, Mireia Boya y Anna Gabriel.

Artur Mas, Marta Pascal y Neus Lloveras no se les atribuye ningún delito. Si la Fiscalía no recurre la decisión del juez, su caso acabará archivado y no irán a juicio. Pablo Llarena, sin embargo, no argumenta en su auto los motivos por los cuales lo ha llevado a imputarlos, primero, y a no procesarlos después, aunque a Mas le atribuye ser el motor para poner en marcha toda la maquinaria del proceso independentista.

Prisión catalana

Una vez acaben todos los trámites judiciales con los encarcelados en el Tribunal Supremo, este podría autorizar su traslado a una prisión catalana. Pero lo tienen que pedir los mismos presos.

El argumento en todos los casos es que los acusados que están en prisión provisional tienen que estar cerca del tribunal que los investiga con el fin de tenerlos a disposición cuando este los cite. Y lo más recomendable es estar, en este caso en Madrid.

Una vez hayan comparecido a mediados de abril, y empiece el tramo final de la instrucción, los abogados podrán pedir el traslado y Llarena tendrá que decidir si se los concede o bien, argumenta que les quiere tener cerca para citarlos cuando le convenga.

Inhabilitaciones

Una vez el auto de procesamiento sea firme (ahora todavía se pueden presentar recursos), empezará el proceso de suspensiones e inhabilitaciones.

Con el auto de procesamiento y buena parte del gobierno en la prisión, Llarena tiene vía libre por inahabilitar-los. Son los dos requisitos que hacen falta.

Con respecto al gobierno en el exilio, mientras no haya extradiciones ni encarcelamientos, el juez está limitado y sólo podría promover las suspensiones.

Pero este trámite está pendiente todavía de las euroórdenes de detención y de si las Fiscalías de cada uno de los países donde están los exiliados ven delito y motivo para la extradición en España.

Órdenes de detención

En caso de que alguno de los países donde hay procesados en el exilio vea motivo de delito y los extradite en España, los acusados llegarán detenidos directamente a Madrid.

En la capital de España, en una comisaría de la Policía Nacional consignará su detención y hará la entrega al juez Llarena. Dependiendo de los horarios, los procesados podrías pasar noches en los calabozos policiales hasta su declaración ante el juez, que con toda probabilidad, después de la vista con las partes, dictaría la orden de prisión avalándose con los delitos de los que les acusa y el riesgo de huida.

Europa

La vía europea judicial está abierta.

Jordi Sànchez ya tiene una primera resolución de medidas cautelares dictada por la ONU donde el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas advierte el estado español que tiene que respetar el derecho político de Sànchez.

Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Cuixart han llevado su caso a la Comisión de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. Se presentó hace un mes con el objetivo que la ONU confirme si la prisión cautelar decretada contra ellos vulnera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por el Estado español.

Pero el camino que se quiere abrir ahora es la del Tribunal de Derechos Humanos Europeo. Para poder recurre a Estrasburgo hacía falta agotar todos los recursos al Tribunal Supremo. Junqueras, Horno, Sànchez y Cuixart, están en esta situación y sólo falta que los abogados presenten el escrito al TDHE.

Para que lo puedan hacer el resto, hand e empezar de cero. Y eso quiere decir recurrir primero el auto de procesamiento, después recórre la prisión provisional en Llarena, después en la sala de apelaciones y después en el Tribunal Constitucional. Eso en el caso del resto de encarcelados ha costado prácticamente 5 meses. Y este es el tiempo que podría tardar en llegar el juicio, todo y que, recordamos Llarena tiene un año para cerrar la instrucción.

La instrucción

La Guardia Civil sigue investigando para Pablo Llarena. El último movimiento ha sido pedir una pieza secreta. Y el juez les ha dado un mes.

Que una pieza se declare secreta es presagio de cacheos o escuchas telefónicas. Por lo tanto, antes de 4 semanas podría haber novedades y movimientos policiales.

Hasta que este tiempo no se agote, Llarena no cerrará la instrucción. Y todo dependerá de las nuevas pruebas que pueda aportar la Guardia Civil.

Y una vez cerrada la investigación, que no de fecha límite hasta marzo del 2019, el juez tiene que hacer todos los trámites procesales para poner fin a su investigación, trasladar el caso en la Sala de lo Penal del Supremo, que se adjudique el tribunal que tiene que hacer el juicio y después reclamar los escritos de acusación, donde la Fiscalía, la abogacía del estado y VOX harán el escrito donde preguntarán cuántos años se tendría que privar cada uno de los 25 procesados en la prisión.