Los profesores del Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, que fueron imputados en mayo de 2019 acusados de humillar a hijos de guardias civiles después del 1-O han roto el silencio. El día del referéndum, el 1 de octubre del 2017, este centro, situado a pocos metros del cuartel de la Guardia Civil más grande de Catalunya, fue uno de los lugares donde se produjeron cargas policiales y no pudo abrir las puertas para llevar a cabo la votación. Nueve profesores fueron acusados de humillar a estos alumnos. Todas las denuncias quedaron archivadas antes de llegar a juicio al considerar que no había indicios de delito. Sin embargo, uno de los casos se había quedado abierto y no se había cerrado definitivamente hasta noviembre de este año. Tres de los profesores investigados han roto el silencio y en una entrevista este domingo en TV3 han explicado como han vivido este periplo judicial desde el 2017 y la "campaña mediática" que sufrieron al estar señalados, dando nombres y apellidos, e incluso, compartiendo dadas de su vida personal. El exprofesor del centro, David Tomé, ha afirmado "tenía ganas que llegara este momento porque ahora podemos hablar nosotros. Éramos nueve denunciados, pero una sola causa".

Periplo judicial durante 7 años

La última causa que quedaba para cerrar, y finalmente, se ha archivado era la de Lucía Cortinas, profesora de Biología y Geología. La Fiscalía había pedido el sobreseimiento de la causa, pero la Audiencia Provincial de Barcelona pidió que el juzgado de instrucción número 7 de Martorell mantuviera la causa abierta y practicara nuevas diligencias. El año 2019, el mismo juzgado ya había archivado la misma causa, pero la Fiscalía presentó un recurso y se reabrió. En la entrevista, la docente ha afirmado que cuando se cerró del todo la causa, no reaccionó como se había imaginado. "Siempre había pensado que sería un momento de alegría y fue todo el contrario. Sentía un océano de tristeza que me agobiaba".

Excepto uno, todos los profesores investigados pidieron cambiar de centro a través de una comisión de servicios, alegando "motivos personales graves o profesionales excepcionales". Esta opción la facilitó el Departament d'Educació, cuando se interpusieron las denuncias para que mientras durara el proceso judicial se pudieran mantener al margen del Institut Palau. Cortinas detalla que "empecé con muchas ganas en otro instituto, pero de repente me quedé sin energía. No podía más". Ante esta situación pidió una licencia porque no veía con ánimos de volver en las aulas aquel curso. Los docentes denuncian que han sufrido un calvario y judicial y apuntan que "se ha hablado mucho de los hijos menores de edad de los guardias civiles, pero a mí me gustaría hablar de los hijos e hijas de los docentes denunciados. Mi hijo ha vivido como su madre decía que no podía tirar adelante su vida".

Consecuencias personales y profesionales

Aparte del daño personal, los profesores también apuntan a unas secuelas profesionales. David Tomé reconoce que ahora "soy más prudente, porque las cosas que dices se pueden malinterpretar". Por su parte, Helena, que es profesora de Lengua catalana y literatura, lo ha notado, sobre todo, cuando ha tratado cuestiones sociolingüísticas en el aula "porque se puede hacer una lectura política": "Ha habido mucha autocensura por parte del profesorado, y un cierto miedo a la posibilidad que, según qué diga o según qué haga, me vuelva a pasar lo mismo".

Lucía Cortinas, incluso, se replanteó su profesión. "En muchos momentos he querido dejar de ser docente, y todavía ahora tengo dudas de seguir", reconoce. Sin embargo, los 3 se mantienen firmes en su manera de ejercer su profesión y en la responsabilidad de educar en valores y espíritu crítico. Yo sigo hablando con el alumnado, de la misma manera que el 2 de octubre de 2017 hablé de comprender los otros, de no juzgar, de la empatía. Y si eso es adoctrinar, sí, adoctrino".  Aunque, 7 años después, el caso ha quedado cerrado judicialmente, David Tomé apunta que "nuestro nombre ha quedado manchado". "Todavía ahora muchas familias e, incluso, alumnos encuentran nuestros nombres en las redes sociales y pueden tener la duda de si es verdad lo mal que se dijo de nosotros".

Acusados de delito de odio

El 1 de octubre del 2017, en Sant Andreu de la Barca, habían organizado tres colegios electorales: el Institut El Palau, el Institut Montserrat Roig y el Centro de Atención Primaria (CAP). La Guardia Civil intervino los 3 centros para impedir las votaciones, y lo consiguió en el CAP y en el Instituto, ya que no pudieron abrir. Los días posteriores al referéndum, familias de guardias civiles aseguraron que sus hijos se sintieron señalados en el aula, y presentaron una denuncia contra 9 profesores. Unas acusaciones consiguieron salir adelante porque la Fiscalía consideró que los hechos podían constituir delitos de odio y contra la integridad moral. Aseguraron que los profesores vejaron a los alumnos para ser hijos de guardias civiles y los enviaron al juzgado.

Finalmente, la Audiencia de Barcelona archivó la causa el 7 de marzo del 2023. A pesar de que, la de Lucia Cortinas quedó abierta 1 año y medio más. "Mis compañeros y yo, como docentes, transmitimos unos valores de respeto y de convivencia. Me dijeron que estaba haciendo absolutamente lo contrario y no tenía manera de defenderme", ha explicado Helena Soler, exprofesora del Instituto El Palau. El primer caso archivado por el juzgado de instrucción número 3 de Martorell —aunque todavía no de manera definitiva— fue el de David Tomé, profesor de Geografía. Se investigaba su actuación en una asamblea que tuvo lugar en el instituto el 20 de octubre de 2017 en que el alumnado votaba secundar una huelga en contra de la actuación policial del 1-O. En todos los casos, la justicia ha archivado las causas antes de llegar a los juzgados por falta de indicios. En cada una de ellas se ha apuntado que, si la presunta actuación de los profesores fuera cierta, sería "grave e impropia, pero no constitutiva de delito".