Una reclamación millonaria para el estado español durante la oscura actuación de la policía patriótica del PP. Los hermanos Higini y Ramon Cierco, propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA), reclaman que el Banco de España los indemnice con un total de 141 millones de euros por provocar la liquidación del Banco Madrid, de su propiedad, por supuestas irregularidades de blanqueo de capitales, ahora desmentidas por los tribunales. La intervención del banco se produjo al mismo tiempo que los titulares de la BPA recibieron presiones de la policía patriótica del PP para saber si políticos catalanes tenían cuentas en Andorra y ensuciar la causa independentista, en la llamada Operación Catalunya.

Así es como se obtuvo, de forma ilegal, un pantallazo de la cuenta en la BPA que la familia del expresident de la Generalitat Jordi Pujol tenía en Andorra sin declarar a Hacienda, y atribuida a una deixa que el abuelo Florenci dejó a la mujer del president, Marta Ferrussola, y a sus siete hijos. El dinero, unos cuatro millones de euros, estaba inicialmente en la Banca Reig, que pasó a ser Andbank y que en 2010 invitó a la familia Pujol a marcharse de la entidad y fueron a la BPA. Ante las noticias, el president Pujol confesó el dinero escondido, en julio del 2014, y la operación contra el BPA se inició, en marzo del 2015, con una alerta del Tesoro de los EE.UU. sobre el riesgo que suponía el BPA, que directamente afectó al Banco Madrid, que había sido adquirido en 2010 por la entidad andorrana.

Ninguna irregularidad

En la demanda, presentada a la sección 5.ª de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, se detalla en 149 páginas todas las vicisitudes vividas por la entidad bancaria y culpa al Banco de España de provocar una huida de fondos (el 20%), con el anuncio de su intervención, que desembocó en su liquidación, con la presentación del concurso de acreedores, del cual la Fiscalía pidió que se declarara la entidad "culpable", y el juez lo descartó e indicó que fue "fortuito", ante la falta de medidas gubernamentales. La intervención del Banco Madrid provocó que muchos clientes quedaran con las cuentas bloqueadas. Marta Ferrusola y tres de sus hijos habían ingresado 1,3 millones de euros para legalizar y pagar las multas a Hacienda, y con la intervención solamente pudieron recuperar 100.000 euros cada uno, como el resto de clientes.

 

El Banco de España desestimó la reclamación millonaria, y ahora los hermanos Cierco (en total cuatro socios) solicitan que lo haga la Audiencia Nacional. "La actuación del Banco de España les ha causado un grave e ilegal daño patrimonial que no tienen que soportar", afirma en la demanda su abogado, Jesús Rodríguez Márquez, y sostiene que no hay prescripción mientras los procedimientos penales hayan estado vivos.

Expone que en 2015, cuando se inicia todo el procedimiento, la BPA es una banca andorrana centrada en la actividad privada que opera en seis países (Andorra, España, Suiza, Luxemburgo, Panamá y Uruguay), y que el total de sus activos llega a los 1.985 millones de euros y la ratio de solvencia, según las directrices de Basilea III, era del 15,38%. Por su parte, el Banco Madrid era una entidad privada especializada en la gestión de grandes patrimonios, propiedad del BPA, tenía unos 15.000 clientes, la morosidad no llegaba al 2%, y con 695 millones en depósitos. El final de la entidad fue a raíz de la decisión de la Financial Crimes Enforcement Network ("FinCEN") del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de considerar a BPA "como una institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales". Se añade que en marzo del 2015, el Banco de España acuerda la intervención del Banco de Madrid, después de que el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) acordara la intervención de la matriz.

La familia Cierco expone que la intervención y posterior liquidación del Banco Madrid se produjo aunque su situación de liquidez y solvencia era "muy superior a los mínimos legales exigidos", y aunque se podrían haber aplicado "medidas más proporcionadas y menos onerosas". Añade que cuatro y seis años después todos los procedimientos judiciales y administrativos iniciados con relación al incumplimiento de obligaciones en materia de blanqueo de capitales por Banco Madrid han concluido "sin que se haya declarado la existencia de ningún ilícito por parte de sus administradores". Incluso, añade que el procedimiento administrativo incoado por el SEPBLAC ha finalizado "con un sobreseimiento" con respecto a la totalidad de los administradores del banco. La última resolución es del 18 de agosto del 2021.

Por todo esto, los titulares del banco andorrano desaparecido reclaman al Estado. Precisan que el importe de la reclamación de los cuatro socios se ha hecho multiplicando el porcentaje de cada uno de los socios del Banco Madrid tanto por el 100% de su valor teórico contable (129 millones) como por el 100% de la valoración obtenida por el perito del banco (187 millones). Así hay cuatro reclamaciones de 3.932.000 euros y una de 129.805.000 euros.

Rajoy en Andorra

En el estado español, por ahora, no se permite juzgar nada de la Operación Catalunya. El noviembre pasado, la entidad de juristas Drets y el Institut de Drets Humans de Andorra (IDH) pidieron a la jueza de Andorra que investiga el caso sobre la presunta extorsión a la Banca Privada de Andorra (BPA), enmarcada dentro de la Operación Catalunya, que cite a declarar a los querellados Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz además de otros miembros de la antigua cúpula de Interior. En caso de que no se presenten a declarar, reclama que se dicten órdenes de búsqueda y captura internacional a través de la Interpol.

Drets y el IDH pretenden que la justicia determine qué papel tuvo el gobierno de España y el de Andorra en la liquidación de BPA y las presiones para conseguir las cuentas bancarias de la familia Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras. La jueza admitió en octubre del 2020 la querella presentada por los delitos de falsedad de documento y coacción de órganos constitucionales contra el expresidente español. Al exministro Fernández Díaz también lo consideran autor de un delito de amenazas, coacciones, extorsión y chantaje, junto con el exsecretario de Interior Francisco Martínez Vázquez y el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó.

Foto principal: el expresidente español Mariano Rajoy, en la comparecencia por el caso Kitchen / Europa Press