La Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) ha presentado una propuesta para vincular el incremento de la prestación y sus complementos al Índice de Precios al Consumo (IPC) anual de Catalunya. La propuesta ha sido presentada en el marco del debate actual al Parlamento de Catalunya sobre una proposición de ley de modificación de la Ley de la RGC. Según la Comisión Promotora, la implementación de la RGC ha sido afectada por graves restricciones, con una disminución de 9.346 personas beneficiarias entre septiembre del 2022 y enero del 2023, principalmente a causa de extinciones y suspensiones de la prestación por motivos injustificados. Eso ha llevado a una disminución de la tasa de cobertura de la prestación para la población con pobreza material severa a Catalunya.

La Comisión Promotora ha informado de las "graves restricciones en la implementación de la RGC, con un descenso de 9.346 personas beneficiarias entre septiembre del 2022 y enero del 2023, en gran manera a consecuencia de extinciones y suspensiones de la prestación por motivos, en gran parte, injustificados". Este descenso de beneficiarios ha hecho bajar, según las mismas fuentes, la tasa de cobertura de la prestación a la población con pobreza material severa en Catalunya, que en diciembre del 2020 era del 32% y en enero de este año se situó en el 23 ,7 %, cuando en el País Vasco la tasa de cobertura es del 74%. Esta entidad ha planteado "la necesidad" de que el Parlamento de Catalunya promueva una auditoría independiente sobre la gestión de la RGC.

Para abordar esta situación, la Comisión Promotora ha propuesto la necesidad de que el Parlamento de Catalunya promueva una auditoría independiente sobre la gestión de la RGC. Al mismo tiempo, el Departamento de Derechos Sociales ha informado de que en febrero del 2023 el número de beneficiarios de la RGC se elevaba a 164.665 personas, 8.063 menos que en febrero del 2022. Durante el 2022, una media de 281 familias al mes salieron del programa de RGC por haber conseguido trabajo, un dato que indica que este año, si continúa la bonanza económica, esta cifra podría ser todavía más elevada. Así, en enero del 2023 se extinguió el derecho de 278 familias a tener la RGC y en febrero, de 308 más, por inserción en el mercado laboral.

Desde su aprobación el año 2017, un total de 14.810 familias han visto suspendida o extinguida su prestación para obtener un contrato de trabajo. No obstante, es posible compatibilizar la ayuda de la RGC con contratos de trabajo a tiempo parcial, siempre que el importe de la nómina sea inferior a los límites económicos que prevé la ley de la renta garantizada. La propuesta de la Comisión Promotora de vincular el incremento de la RGC y sus complementos en el IPC anual de Catalunya es una medida que busca garantizar que la prestación evolucione en línea con el aumento del coste de la vida. Eso es particularmente importante para los beneficiarios de la RGC, que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad social.