La respuesta de Junts pel Sí y la CUP al 155: "constituir una república catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social". Así consta en la propuesta de resolución presentada de forma conjunta por la mayoría independentista. El documento asegura que se dispondrá la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad, que dará lugar al inicio de un "proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante".
De la misma forma, el texto conjunto de JxSí y la CUP, que será debatido y votado en el pleno de este viernes, subraya la "voluntad de abrir negociaciones con el Estado español, sin condicionantes previos", unas conversaciones dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes. "Las negociaciones tendrán que ser, necesariamente, en pie de igualdad", continúa la propuesta.
Después de pedir una prórroga para la presentación de propuestas de resolución, el texto ha entrado en registro en el Parlament pocos minutos antes de las once de la mañana. A efectos prácticos, su aprobación supondría el levantamiento de la suspensión de la declaración de independencia del 10 de octubre. Todavía no se sabe si la votación será desde el escaño, nominal o secreta.
Se votan los efectos
Según fuentes de la mayoría independentista, la propuesta de resolución que será debatida y votada recoge los "tres mandatos explícitos" del resultado del referéndum del 1 de octubre: la declaración formal de independencia, el inicio de un proceso constituyente y el despliegue de los efectos de la ley de transitoriedad jurídica. Sin embargo, estas fuentes aclaran que no se vota una declaración de independencia, que ya fue firmada el 10 de octubre y está recogida en la parte expositiva de la resolución, sino que se votan los efectos de la declaración de independencia.
Junts pel Sí y la CUP han presentado una segunda propuesta de resolución conjunta que pide la apertura de una investigación sobre las actuaciones del Estado durante las últimas semanas y días, y especialmente durante el referéndum del 1 de octubre. El objetivo se dirimir las "responsabilidades políticas y penales" de estas actuaciones.