Varios colectivos están convocando una protesta ante la sede de la Comisión Europea en Barcelona el 17 de agosto, para exigir la "verdad" del atentado yihadista del 2017. La reivindicación tiene el apoyo del Consell per la República, que ha llamado a asistir. La concentración tendrá lugar a las 12 horas ante la sede situada en el Passeig de Gràcia 90 con el lema "5 anys del 17-A: Prou impunitat". "Todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. El estado que cometió omisiones graves en la protección de la vida, ahora no quiere garantizar el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas. Damos apoyo a la concentración", ha indicado el Consell per la República.

La relación del cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils, el imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y con los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles sigue siendo la principal incógnita en los atentados del 17-A, no resuelta en el juicio a los tres acusados, y que revivió con las declaraciones del excomisario jubilado de la policía española José Manuel Villarejo durante su juicio en la Audiencia Nacional, cuando insinuó que el CNI permitió dar un susto a Catalunya para intentar detener el procés independentista.

La poca transparencia fomentó las incógnitas. El 5 de marzo del 2018 el director del CNI, Félix Sanz Roldán, comparecía a puerta cerrada en la comisión de secretos oficiales del Congreso para explicar la relación del centro con Es-Satty. El PP, Ciudadanos y el PSOE impidieron la creación de una comisión de investigación sobre los atentados que habían solicitado los independentistas catalanes.

Además, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional calificó de "teoría conspirativa" y "sin apoyo fáctico" que casi tres años después de las investigaciones por los atentados de Barcelona y Cambrils, el 17 y 18 de agosto del 2017, se pidieran más pruebas para aclarar si el imán de Ripoll Abdelbaky es-Satty realmente murió en la explosión de Alcanar (con Youssef Aalla); la implicación del CNI, así como posibles responsabilidades policiales y políticas. Todas estas pruebas, descartadas, las pedía el abogado Jaume Alonso Cuevillas en nombre de Javier Martínez y su mujer, padres de Xavier, el niño de tres años asesinado por atropello con catorce personas más por el yihadista de Ripoll Younes Abouyaaquob, con una furgoneta en la Rambla, y que fue abatido días después por los Mossos.