Varias autoridades de la Catalunya Nord y también del Principat han protagonizado este miércoles una protesta ante la prefectura de Perpinyà (equivalente a una delegación del gobierno), contra la decisión del Tribunal de Montpellier de prohibir el uso del catalán en los plenos municipales. Al encuentro han asistido los alcaldes norcatalanes que impulsaron el uso del idioma, como el de Elna, Nicolas Garcia, y concejales como Pere Manzanares, así como el conseller exiliado Lluís Puig y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. También ha tenido el apoyo del Consell de la República y Òmnium. Los concentrados llevaban una pancarta con el lema Fem viure el català.

Los asistentes han reivindicado el derecho de utilizar el catalán "con normalidad" a toda la Catalunya Nord, desde el Rosselló a la Alta Cerdanya. Los consistorios que han empezado a recuperar el catalán en los plenos municipales son los de Elna, Els Banys, Sant Andreu de Sureda, Tarerac y Portvendres.

La alcaldesa de Els Banys, Maria Costa, ya ha hecho varias declaraciones indicando que seguirá hablando en catalán en los plenos, lo que ha sido muy celebrado en la red. "Yo personalmente, y supongo que también será el caso de todos, continúo [hablando en catalán]. No haremos al payaso de cambiar de idioma para hacer caso a los franceses y no sé qué. De ninguna manera", ha indicado.

No todos los ayuntamientos seguirán necesariamente la misma estrategia. El Ayuntamiento de Portvendres modificará el artículo de su consistorio, y hará primero los plenos en francés y después en catalán. Ello va en la línea de la valoración que sostiene el abogado que lleva el caso, Mateu Pons, que asegura que a pesar del fallo judicial, la sentencia abre la puerta de manera "implícita" a hablar primero en francés y después traducirlo al catalán. En cambio, los otros tres ayuntamientos, no: exigen poder expresarse primero en catalán.

Ahora los alcaldes norcatalanes pueden apelar al Tribunal de Tolosa de Languedoc. Si tampoco les diera la razón, podrían recurrir al Consejo de Estado. Y si este también cerrara la puerta al catalán, podrían llevar el caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.