La intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA), el 10 de marzo de 2015, por las autoridades del Principat d'Andorra —que dieron por buena la nota de alerta de las autoridades norteamericanas sobre indicios de blanqueo de capitales en el banco, caso juzgado y a la espera de sentencia—, así como su posterior liquidación, es un episodio excepcional y con capítulos oscuros pendientes de aclarar. ElNacional.cat ha obtenido nuevos documentos que certifican que los titulares de la BPA, los hermanos Higini y Ramon Cierco, así como el ex CEO de la BPA, Joan Pau Miquel, recibieron presiones de la denominada policía patriótica, que dirigía el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que les aportaran de forma ilegal datos bancarios de la familia Pujol Ferrusola y de supuestas cuentas que tenían Artur Mas y Oriol Junqueras.
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Las presiones sucedieron al menos un año antes de que la BPA fuera intervenida, como su filial, el Banco Madrid, comprado a la Kutxa en 2010, y también disuelto. Al final, la policial del PP consiguió el pantallazo de las cuentas de los Pujol, el verano del 2014, que regularizaron 3,1 millones de euros. Ahora, también se descubre que la delicada situación de la entidad fue aprovechada por la Fiscalía Anticorrupción para obtener datos de los clientes del banco español hasta abril del 2014, que estaba en ordenadores en Andorra.
Sin juzgado
Además, ningún juez español quiere saber nada de la querella presentada por el ex CEO de la BPA contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y excargos de su equipo. Se ha convertido en una querella-zombie: hace más de un año que no es aceptada ni archivada por ningún juzgado. El juez Manuel García-Castellón ha rechazado varias veces investigar la denuncia por extorsiones, coacciones y chantaje de agentes de la policía patriótica, aunque ha enviado a juicio al exministro de Interior Fernández Díaz y a excargos de su equipo, como Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, por haber usado a la policía española contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, para evitar que difundiera información comprometedora para el partido.
Solo una juez de Andorra investiga al expresidente Mariano Rajoy y sus exministros por la trama andorrana de la Operación Catalunya. No obstante, hace meses que su interrogatorio está bloqueado en juzgados españoles. De esta querella habla el comisario Villarejo con Martínez en una conversación grabada el 22 de agosto de 2014. "A ella la están llevando al huerto [refiriéndose a Vicky Álvarez]. La querella va dirigida contra el borrador [el falso informe de la Udef] y sus conversaciones con Alicia [Sánchez-Camacho]", afirma Villarejo, e incluso sostiene que "han hablado con el fiscal Grinda y el juez Pijuan, el del caso del borrador", refiriéndose al juez del caso Palau, que ahora ejerce en Andorra, y que no cayó en la trampa de aceptar un informe falso de la policía patriótica.
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Coacciones documentadas
La brigada política creada en el gobierno de Mariano Rajoy envió a agentes a Andorra para investigar si la familia del expresident Pujol tenía cuentas en Andorra como mínimo desde el 2012. Así consta en notas informativas que se remitían a altos cargos del Ministerio del Interior, como en conversaciones grabadas por el comisario jubilado Villarejo con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entre los años 2013 y 2014. Primero, con las pistas que les dio el empresario catalán Javier de la Rosa, a quien tilda de "mercenario", y la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Vicky Álvarez, "una pesetera", según Villarejo.
En concreto, en una nota informativa, fechada el 29 de diciembre de 2012, la policía sostiene que ya ha hecho gestiones con bancos andorranos, y que no se puede dar toda la información hasta que prescriban porque supuestamente tendrían cuentas el marido de Maria Dolores de Cospedal, líder del PP, y el rey Juan Carlos I, a través de su amigo Josep Cusí, como desveló El Confidencial, casi diez años después y cuando ya no era jefe de Estado (abdicó 19 de junio de 2014).
Afirma: "Ingresos no declarados a Hacienda, paralizada la investigación también sobre el clan Pujol hasta que prescriba, ordenado por la Superioridad, para aparecer tanto ILH (marido de MDC) como su sobrino como perceptores de estos fondos. De aquí viene que se insista en la conveniencia de corregir estos errores. Resulta totalmente inoperante ocultar tan importante información, así como la referida a la que vienen facilitando los colaboradores de la banca andorrana en un malentendido criterio proteccionista, toda vez, que, en un caso, ocultando los vínculos de altas instituciones del Estado con el mismo banco que utiliza el clan Pujol y/o los negocios privados de un cónyuge obstaculizarán gravemente el proyecto AEC [Actividades en Catalunya] ".
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Anticorrupción y la embajada en Andorra
Paralelamente a la guerra sucia de la policía patriótica, la Fiscalía Anticorrupción no desaprovechó la oportunidad de actuar, justo cuando la BPA hacía una semana que había sido intervenida y era gestionada por administradores judiciales; no por sus titulares. El 16 de marzo de 2015, los fiscales José Grinda y Juan José Rosa acuerdan ampliar las diligencias de investigación 7/2015 y pedir información de los clientes del Banco Madrid para aclarar las informaciones sobre supuesto blanqueo de capitales de la entidad, según un informe del Sepblac. Se pide permiso al Banco de España, ya que el Banco Madrid también fue intervenido por el efecto de la BPA. Se descubre que datos más antiguos del banco, hasta abril del 2014, los tiene la entidad andorrana. Y la policía española pide a los administradores de la BPA que autoricen a darla, aunque la asesoría jurídica del banco no lo ve claro. Todo sale adelante, y la policía española pide que los datos se entreguen en la Embajada de España en Andorra, donde está Celestino Barroso, inspector de la policía y agregado del Misterio del Interior, y posteriormente acusado por los directivos de la BPA de haberlos extorsionado para que dieran las cuentas de los Pujol (difundido por El Mundo y confesado días después por el expresidente en julio de 2014).
Finalmente, la entrega de los datos bancarios se realiza el 24 de marzo de 2015, acción que se inicia por la mañana, unas cuatro horas antes de que la juez y el fiscal de Andorra den su visto bueno a cumplir esta comisión rogatoria internacional para librar datos bancarios a autoridades españolas. Por estos hechos, los titulares de la extinta BPA pusieron una querella por prevaricación contra la jueza de Andorra, de la cual se desconoce su tramitación. Un día antes, los fiscales anticorrupción vincularon las supuestas investigaciones abiertas al Banco Madrid con la investigación que ya dirigía desde el 2011 el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, sobre el caso Emperador, causa por blanqueo del empresario chino Gao Ping.