La Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, a quien acusa de un presunto delito de blanqueo de capitales en un caso en que se juzgará también a José Ramón Prado Bugallo, narcotraficante conocido como Sito Miñanco, y 47 personas más. El anuncio se hace pocos días antes de que Boye se encargue de una de las vistas clave en el pulso que Puigdemont protagoniza en Luxemburgo para defender su inmunidad. La Audiencia ha confirmado el auto aunque el pasado mes de septiembre Boye pidió practicar nuevas diligencias en la investigación o el sobreseimiento de la acusación contra él por falta de consistencia de las pruebas, que se sustentan en la declaración de dos de los imputados.

Todo arranca el 6 de febrero del 2017 cuando la policía requisó 889.620 euros en los equipajes de cinco de las personas procesadas en este caso. Desde el primer momento, uno de ellos, Manuel González Rubio asumió la propiedad y explicó que llevaba estos fondos a Colombia dónde estaba montando una empresa. Para defenderse de las acusaciones contra él y el resto de los implicados acudió al despacho de Boye, de quien ya era cliente desde el 2010 a raíz de sus actividades como empresario. Por esta razón, la defensa argumenta que Boye "no tenía motivo para sospechar" del origen ni del objetivo del capital intervenido", dado que conocía su actividad empresarial y su solvencia.

De hecho, la defensa de Boye asegura que el dinero era de González Rubio y que así lo demuestran tanto las pruebas recogidas como las escuchas policiales. Por el contrario, la instrucción sostiene que el dinero no era de González Rubio sino de Sito Miñanco, a quien sitúa como responsable de una organización criminal que intentó introducir 4 toneladas de cocaína en Espanya, y para quien este empresario actuaría como correo. 

Cambio de declaración

En la instrucción se responsabiliza a Boye de blanqueo de capitales en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial, y se fundamentan estas acusaciones en las declaraciones de dos de los acusados, González Rubio -supuesto propietario del dinero- y Manuel Puentes Saavedra. Ambos aseguran que junto con Sito Miñanco mantuvieron reuniones en el despacho de Boye, para confeccionar los contratos falsos que tenían que servir para blanquear el dinero. La defensa asegura que estas declaraciones son falsas y recuerda que Puentes Saavedra, después de cambiar su declaración previa de "foma radical" para inculpar a Boye, quedó en libertad. Además, no se informó, como se había acordado, a las autoridades colombianas de que este testigo podría haber participado en aquel país en un asesinato. "Consiguió libertad e impunidad, la recompensa es enorme incluso a riesgo de la cooperación jurídica internacional con Colombia", asegura. Por lo que respecta a González Rubio con su declaración, se autoexculpa y deriva toda la responsabilidad en terceras personas, entre las cuales, Boye.

Localización de los móviles

Ante las afirmaciones de estos testigos, la defensa del abogado asegura que aquellas reuniones no se produjeron nunca y lo demuestra con informes periciales en que se sitúa dónde estaban los móviles de las personas afectadas en los días y horas que señaladas. Este informe demuestra que las reuniones no se pudieron producir, que personas que supuestamente asistieron no se encontraron en el despacho de Boye en los días y horas indicadas y que, de hecho, Gonzalez Rubio ni tan sólo estaba en el Estado español, mientras que Sito Miñanco no estaba en Madrid.

Estas localizaciones quedarían además, según el escrito, en buena parte ratificadas por un contra informe encargado por la fiscalía, y concluyen, entre otros puntos, que González Rubio no coincidió nunca en el despacho de Boye con Sito Miñanco, ni tampoco Puentes Saavedra. Por lo tanto, se asegura de que es "absolutamente falso" los que se afirma en las dos declaraciones incriminatorias.

"Testimonios falsos"

El escrito con la petición de sobreseimiento presentado por la defensa el mes de octubre carga contra la instructora del caso y concluye que la incriminación de Boye se basa "única y exclusivamente en las declaraciones de los coprocesados Manuel Puentes Saavedra y Manuel González Rubio". Según la defensa del abogado estas declaraciones tienen finalidades espurias en el caso de Puentes Saavedra y de autoexculpación, en el caso de González Rubio. En este sentido, recuerda la jurisprudencia en relación de declaraciones de coimputados que, como acusados, no tienen obligación de decir la verdad y pueden callar o incluso mentir, según el TC.

El texto reprocha que la instructora, María Tardón, no haya abordado las investigaciones pertinentes para verificar estas versiones. No sólo eso, la responsabiliza de haber omitido datos que actúan como contraindicios. Acusa a la instructora de basar las conclusiones y el auto de procesamiento en declaraciones que sólo se corroboran la una a la otra, pero sin que se aplique los principios de contradicción -dado que Boye no pudo estar presente en ninguna de las dos declaraciones para confrontar lo que se decía- y la "mínima corroboración" -dado que, en opinión de la defensa, no estarían corroboradas por las diligencias de la investigación practicada-. Es más, como se ha venido insistiendo, documentando y probando, es justo lo contrario: estos testigos han sido absolutamente desvirtuados y son, por definición, falsos", remacha.

El escrito presenta otros informes que corroboran la defensa. Subraya que no vio delito de blanqueo de capitales ni la secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, ni el SEPBLAC, ni la Secretaría de Política Financera, ni la Abogacía del Estado, ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Instrucción parcial e inquisitorial

Por todo ello, la defensa de Boye pidió la revocación de las conclusiones y el reenvío de las actuaciones al juzgado para practicar diligencias "esenciales e imprescindibles" antes de cerrar la investigación. De hecho, asegura que la instrucción ha sido "parcial e inquisitorial", que se ha practicado "sólo las diligencias de signo presuntamente incriminatorio" y obviando o denegando sistemáticamente aquellas que pudieran favorecer a la defensa.

Argumentan que se ha impedido incluir las declaraciones de uno de los testigos -José Luis Correa Hincapié- que demostrarían que "el dinero no pertenecía a ninguna organización criminal, ni mucho menos, procedían del narcotráfico" y que corroborarían la versión ofrecida por Boye.

Por esta razón, el abogado reclamó, entre otros, un pormenorizado listado de pruebas documentales en España y en Colombia, y declaraciones a testigos y peritos, así como el listado de visitas que han recibido en la prisión, "incluidos agentes de policía", González Rubio y Puentes Saavedra.

"Sin estas diligencias resultará imposible satisfacer los mínimos que tienen que estar garantizados a los efectos de poder ejercitar una defensa material que permita a mi mandato desmontar las falsas premisas sobre las cuales se ha construido el procesamiento y se pretende construir la acusación", advierte.