Laura Borràs, en el centro del debate. El PSC presentó este lunes una iniciativa legislativa con el fin de eliminar las pensiones vitalicias ligadas a la presidencia del Parlament. Un movimiento que, curiosamente, llega una vez ha acabado el juicio a la presidenta suspendida, Laura Borràs, y se espera su condena. Esta circunstancia ha generado polémica, ya que la juntaire ha superado los dos años desde que fue investida en su cargo, y ahora podría verse beneficiada por esta retribución habiendo superado el plazo mínimo. A pesar de esta coincidencia, los socialistas defendieron en rueda de prensa que su ofensiva contra las pensiones vitalicias "no va en contra de nadie ni es por ningún caso en concreto", descartando así que Borràs hubiera motivado la propuesta.
Pero menos de 24 horas después, la portavoz del PSC, Alícia Romero, ha admitido que la presidenta suspendida sí que ha tenido un papel clave. "Hemos abierto planteado eso porque ahora hay este debate", ha reconocido la socialista. Un debate que gira en torno a "la interinidad del Parlament" que ha provocado la suspensión de Borràs como presidenta, y al cual Romero ha pedido "poner solución" en una interpelación directa a Junts, ERC y la CUP, partidos que dieron apoyo a la investidura de la juntaire. A continuación, ha estado todavía más clara, señalando el hecho de que Borràs está en medio de un "proceso judicial", y que ante el "debate social" que ha provocado su circunstancia han decidido "analizar" la ley de expresidentes del Parlament.
La ley actual de 1988, modificada en 2003, prevé que cuando un presidente abandona el cargo cobre el 80% del sueldo durante la mitad del tiempo que lo ha ejercido o un mínimo de 4 años. Los socialistas proponen que sea del 20% y durante 6 meses. En el caso de la jubilación, a partir de los 65 años ahora cobran una pensión vitalicia del 60% si han ejercido un mínimo de 2 años, mientras que el PSC quiere que sea un 10% durante seis meses.
El complemento de los comuns para los casos de corrupción
Por su parte, los comuns también han querido meter baza a la polémica con una propuesta propia y que complementa la de los socialistas: revocar el 100% de las pensiones vitalicias cuando exista una condena de corrupción. En caso de que Laura Borràs fuera finalmente condenada en su juicio por los contratos cuando era presidenta de la Institución de las Letras Catalanas, se vería directamente afectada por esta iniciativa. El portavoz de los comuns, David Cid, ha defendido que la propuesta del PSC es "un buen punto de partida, pero no puede ser el punto de llegada", por lo que ha pedido incorporar su complemento. "Si ahora hay una mayoría de fuerzas favorable a garantizar que uno corrupto no pueda cobrar una pensión por haber ejercido un cargo público, aprovechémosla y para aplicar una mirada más amplia y previsora", ha dicho. La propuesta ha sido bien recibida por el PSC: Alícia Romero ha dicho que "de entrada les parece bien y razonable".
¿Y los expresidentes de la Generalitat?
La posición de los socialistas, que solo hace referencia a los expresidentes de la cámara catalana, ha sido criticada por otros grupos que han pedido "ampliar" la mirada. En respuesta, la portavoz del PSC se ha abierto a "revisar" las prerrogativas de los expresidentes de la Generalitat, a pesar de considerar que la figura de la máxima autoridad del país es "diferente" a la presidencia del Parlamento. Romero ha considerado que se tienen que mantener unas prerrogativas en el caso de los expresidentes de la Generalitat y, en cambio, ha defendido que con la propuesta que han registrado para los expresidentes del Parlament no cobrarían ni la retribución temporal ni la pensión vitalicia. Solo a los expresidentes que ahora lo cobran se los daría un 10% del sueldo durante seis meses para que se adaptaran a la nueva situación. "Se puede revisar todo pero creemos que el presidente de la Generalitat tiene que poder tener trato de presidente y garantizar una situación de prerrogativas a presidentes que han hecho una tarea importante y a los cuales se les tiene que reconocer", ha argumentado.
El PSC calcula que su proposición de ley sobre los expresidentes del Parlament se podría debatir y votar al pleno a finales de mayo o principio de junio, que es cuando toca a los socialistas incorporar una de sus iniciativas al orden del día del pleno. Pero también ha apuntado que si hay acuerdo entre diferentes grupos a la Junta de Portavoces, la iniciativa se podría debatir antes.