Después que Salvador Illa subiera el tono contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la última sesión de control por el cambio de criterio a la hora de defender jurídicamente los Mossos, el PSC ha vuelto este viernes a la carga con dos temas más: la gestión penitenciaría y los recursos destinados a las personas con discapacidad. Después de visitar el centro penitenciario de Ponent, el diputado Rubén Viñuales ha pedido al Govern que modifique la circular que establece el sistema de contención de presos.
De hecho, esta circular cayó muy mal entre los funcionarios, que se movilizamos en la plaza Sant Jaume el pasado mes de junio. La circular del Govern ordena contener a los internos violentos primero de forma verbal y después, si hace falta, reducirlos e inmovilizarles panza arriba. Los trabajadores respondieron que en situaciones complicadas "eso es inviable" y denunciaron sentirse perseguidos y fiscalizados por la dirección de Serveis Penitenciaris.
El diputado de los socialistas ha tildado de "inasumible" la cantidad de agresiones que están sufriendo los funcionarios, hecho que ha vinculado a la nueva circular. Viñuales también ha pedido "mejoras" en las equipaciones y ha puesto de ejemplo que el centro penitenciario que ha visitado hoy "es el más antiguo de Catalunya" y en el cual "le hacen falta mejoras". Ha puesto de ejemplo que tiene muchas "zonas oscuras", es decir, zonas donde no llegan las cámaras de seguridad.
El diputado del PSC también ha reclamado que el acuerdo al que se ha llegado para que los funcionarios de prisiones se puedan prejubilar se aplique y se concrete de dónde saldrán los recursos. En este sentido ha criticado la "incoherencia" de Junts a la hora de presentar una enmienda a los presupuestos españoles en este sentido "cuándo no quieren que se aprueben y critican a los partidos que sí que lo quieren".
Personas con discapacidad
Por otra parte, la formación que lidera Illa ha presentado un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, que se celebra este viernes, y que denuncia que Catalunya es la comunidad autónoma que más ha reducido el gasto en servicios sociales desde el 2009 y ha señalado que los presupuestos para el 2022 destinan menos recursos a derechos sociales que los del 2020.
Los socialistas han asegurado que, aunque el Parlament ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Catalunya no ha materializado cambios legales que garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Según el PSC, Catalunya tiene que trabajar para la inclusión "plena y efectiva" del colectivo y hacer cumplir la normativa de contratación de un mínimo del 2% de personas con discapacidad en las empresas proveedoras de las administraciones públicas.