El PSC se planta, después de 14 horas de reuniones con el Govern sobre los presupuestos del 2023. El partido de Salvador Illa ha hecho llegar este miércoles su propuesta al president, Pere Aragonès, con los "elementos claves" que habrá que incluir en el proyecto para la aprobación de los presupuestos. "Son propuestas de sentido común y no puedo imaginarme que el Govern de la Generalitat no las acepte si es cierto que quiere presupuesto para el próximo año", ha advertido la portavoz socialista, Alícia Romero, que ha insistido repetidamente en que la responsabilidad de sacar adelante el proyecto es del Ejecutivo de Aragonès. Aunque el PSC no ha querido hablar de ultimátums, la contundencia del posicionamiento sitúa en una posición complicada al gobierno Aragonès, que hasta ahora ha evitado incluir en la negociación propuestas que los socialistas señalan hoy como irrenunciables.

"Seguiremos trabajando, pero este es el marco. Una negociación en que dos partes tienen el mismo peso [33 diputados], tiene que asumirse en los presupuestos. Nosotros no nos adheriremos con cuatro retoques al proyecto, nosotros queremos negociar el presupuesto. El Govern lo sabe y sabe que son nuestros elementos clave para poder sacar adelante el presupuesto", ha asegurado Romero al ser interrogada sobre si esta propuesta se plantea en clave de ultimátum. Por su parte, el Govern ha optado por ignorar el desafío del PSC y se ha limitado a asegurar que las conversaciones continúan de manera discreta y que la insistencia pública de los socialistas no representa "ningún cambio relevante".

 

La portavoz socialista ha asegurado que su grupo está dispuesto a "rescatar Catalunya en un momento muy complicado, pero no a rescatar al president Aragonès", y ha mostrado su confianza en que el president se avendrá a aceptar la propuesta que hoy mismo le han hecho llegar en la que los socialistas reclaman que se respete la voluntad del territorio en proyectos que tienen el apoyo del Parlament, como es el caso Hard Rock; y que no se toque la fiscalidad.

Transparencia

Las propuestas incluyen un capítulo dedicado a transparencia en que los socialistas proponen, entre otras cuestiones, que una comisión del Parlament se encargue de validar las subvenciones y ayudas del Govern a los medios de comunicación privados o que el Centro de Estudios de Opinión (CEO) dependa del Parlament.

 

Ante el hecho de que algunas de estas propuestas entren en contradicción con las acordadas por el Govern con los comuns, Romero ha reprochado la estrategia negociadora que ha mantenido Aragonès —"que solo es responsabilidad de ellos"— y que se ha dedicado a cerrar propuestas con otros sectores, o con los comuns, sin compartirlas con el PSC. "Si no hay presupuestos a 1 de enero, la responsabilidad es solo y exclusivamente del president Aragonès y ERC, que son quienes tienen que presentar los presupuestos", ha advertido Romero, a penas empezar la comparecencia.

Aeropuerto y Ronda Nord

Las propuestas del PSC se engloban en tres grandes bloques: económico, "proteger a las personas" y trasparencia. En el primero se subraya que los presupuestos tienen que servir para "canalizar oportunidades", y se destacan las aportaciones del Estado destinadas a diferentes proyectos, entre los cuales la ampliación del aeropuerto, donde el Gobierno quiere invertir 1.700 millones de euros —que aumentaría un 2% el PIB de Catalunya—, por lo que reclaman que el Govern se implique de "manera firme". El otro gran proyecto es la Ronda Nord, que "tiene el apoyo del territorio", por lo cual se reclama su impulso y el inicio de las obras; en tercer lugar, se ha referido al contrato programa con Renfe para hacer efectivo en dos meses la compra de trenes de cercanías.

El PSC reprocha, en el segundo punto del capítulo económico, la forma en que se han ejecutado los fondos Next Generation; y se muestran decepcionados porque solo se han adjudicado 1.000 de los 13.000 millones que se han destinado.

Hard Rock

El tercer punto del bloque económico son las inversiones privadas que llegan a Catalunya y que hay que "acompañar", como es el caso del Hard Rock, una proyecto "importante" para el Camp de Tarragona, que significa más de 1.000 millones de euros de inversión, según destaca el PSC. "No entendemos los escollos que hacen que no se aprueben, no queremos pensar que son elementos electoralistas. Pero es importante y queremos que se desencalle, porque comporta partidas y tareas a desarrollar", ha remachado, señalando un proyecto que el PSC ha situado desde el primer día como línea roja para el acuerdo.

La cuarta palanca que ha señalado Romero es el propio presupuesto, de más de 33.000 millones, donde el PSC plantea cuestiones sobre despliegue económico, modelo productivo e industria; conocimiento; y energías renovables, uno de los puntos donde hay más distancia con ERC.

Salud, derechos sociales...

Un segundo bloque de la propuesta, bajo el título de Proteger a las personas se ha dedicado a los capítulos dedicados a salud —hacer crecer la atención primaria hasta un 84% de los presupuestos, un plan de choque de listas de espera—; propuestas en derechos sociales, con la apertura de 2.000 nuevas plazas de residencia, eliminar listas de espera para la ley de dependencia, hasta reducirlo a seis meses; enseñanza —la apertura de más plazas en formación profesional y apuesta por la concertación de plazas con colaboración publicoprivada, y escuela inclusiva; inversiones en infraestructuras, como una nueva desaladora; transporte público y movilidad.

El tercer bloque se dedica a la transparencia, a partir de un análisis del funcionamiento de la administración con propuestas concretas para incorporar el 2023, entre las cuales la reducción del número de entidades de la Generalitat de Catalunya, que se elevan a 300; eliminar las delegaciones territoriales en Barcelona y estudiar el resto; suspender el crecimiento de las oficinas en el exterior, ya que a pesar del apoyo del PSC a estas, consideran que hay que estudiar la situación para racionalizar su funcionamiento; en este capítulo se plantea también que la ACN pase a formar parte del conglomerado de la CCMA; que el CEO dependa del Parlament; y que las subvenciones a los medios de comunicación privados se vean en una comisión parlamentaria.

El PSC reclama una comisión de seguimiento que se reúna cada dos meses para comprobar el despliegue del presupuesto y un compromiso del Govern con la "seguridad jurídica y el ordenamiento, con respecto al marco legal vigente" en el sentido de que no se incorporará nada a los presupuestos que lo contravenga.

Después de semanas en que el Govern aseguraba que el acuerdo estaba a punto de cerrarse, el movimiento del PSC ha dejado de nuevo la pelota en el tejado del Govern.