PSC, Junts, ERC, los comuns y la CUP han reeditado este miércoles el acuerdo de un "cordón sanitario" con el que "aislar" a Vox y Aliança Catalana en el Parlament de Catalunya. En la línea de lo que ya pactaron durante la campaña electoral, estos cinco partidos se comprometen a no aceptar "ni por acción ni omisión" los votos de la extrema derecha para una eventual investidura. Asimismo, se conjuran por evitar que prosperen sus iniciativas e impedir, siempre que se pueda, que tengan presencia en nombramientos y órganos de la cámara catalana como las mesas de las comisiones, los grupos de trabajo o la designación de senadores autonómicos. El manifiesto firmado, que consta de seis puntos, lleva por título "Por un Parlament comprometido con la democracia, los derechos y la diversidad".
El documento firmado afianza el compromiso feminista y antirracista del Parlament. El objetivo es, explican, combatir los "discursos de odio" por parte de los dos partidos de derecha populista. En este sentido, el texto también establece que desde la presidencia del Parlament y de las comisiones se tiene que actuar para "impedir que los discursos de los diputados de la ultraderecha criminalicen la inmigración". Si bien el acuerdo no detalla posibles sanciones, preguntados por esta cuestión remiten a la comisión del reglamento; que, según la diputada de ERC Najat Driouech, es "el sitio donde toca".
El pacto establece que cada grupo nombrará un diputado o diputada para hacer seguimiento del acuerdo, lo que han denominado "comisión de seguimiento", que también incluirá la presencia de entidades de la sociedad civil como la Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR). Se trata de una novedad con respecto al cordón sanitario de la anterior legislatura, que solo incluía a Vox, ya que entonces Aliança Catalana todavía no había llegado a tener representación en el Parlament. Esta legislatura los de Sílvia Orriols han conseguido dos escaños, mientras que Vox tiene 11.
"Aislar" para "no normalizar" la extrema derecha
El manifiesto consta de seis puntos: el primero de ellos señala que "no se aceptarán ni por acción ni por omisión los votos de la extrema derecha para formar una eventual mayoría de investidura ni de gobierno". Además, se usarán las intervenciones parlamentarias para "combatir los discursos de odio, defendiendo los derechos humanos y contrarrestando las informaciones falsas que puedan inducir a discriminaciones y vulneraciones de derechos humanos." En tercer lugar, los firmantes acuerdan evitar que la extrema derecha tenga presencia en ningún órgano de gobierno del Parlament, al mismo tiempo que se evitará su presencia "en los nombramientos sobre los cuales el Parlament tiene potestad estatutaria o legislativa".
Con la finalidad de "no normalizar la extrema derecha" se contemplan acciones como no convocar a Vox ni a Aliança Catalana cuando "se realicen encuentros entre grupos parlamentarios para abordar temáticas concretas", así como rechazar sus iniciativas o "evitar buscar su acuerdo para girar o hacer prosperar" determinadas votaciones. Otro de los objetivos de estas cinco formaciones es "institucionalizar el compromiso feminista y antirracista del Parlament", lo que incluye mantener el recuento de muertos en el mar Mediterráneo y de asesinatos machistas o "reformar el reglamento para prever sanciones en caso de que no se firme el compromiso contra la discriminación y el acoso".
Consenso entre cinco partidos de amplias diferencias
Para el diputado del PSC Ferran Pedret, el acuerdo supone un compromiso para intentar "aislar" estas formaciones "en aquello que es posible". Asimismo, ha marcado como objetivo "combatir sus discursos y políticas". A pesar de admitir que ninguna de las estrategias contra la extrema derecha aplicadas hasta ahora en el Parlament ha demostrado grandes éxitos, ha defendido que no se puede dejar de combatir estas ideas. La diputada de Junts Judith Toronjo ha hecho referencia al "pacto antifascista" como una continuidad del acuerdo de la pasada legislatura contra Vox. Y ha puesto el acento en el hecho de que esté suscrito por casi el 80% de los diputados del Parlament. "Lo hemos hecho siempre desde Junts, fuimos, somos y seguiremos siendo", ha añadido.
Por parte de ERC, la diputada Najat Driouech ha defendido que "no hay una extrema derecha buena y una mala". "No permitiremos que nadie tape su racismo y xenofobia con su bandera. Denunciamos los discursos de odio de todos los partidos de extrema derecha", ha añadido en referencia al partido de Sílvia Orriols. En la misma línea, el diputado de los comunes Andrés García ha hecho valer el compromiso para "para los pies al racismo y al fascismo". "A la extrema derecha ni agua, ni en catalán, ni en castellano," ha proclamado. Para la diputada de la CUP Laure Vega, el "problema" de la extrema derecha existirá mientras haya una "sociedad desigual" y se ha referido al acuerdo de este miércoles como "un pequeño paso de una lucha que tiene que ir mucho más allá".