A mediados de febrero, la Mesa del Parlament aprobó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por Solidaritat Catalana para levantar la Declaración Unilateral de Independencia con tres votos a favor, de Junts y la CUP, una abstención de Esquerra Republicana y dos votos en contra del PSC. Este jueves, ya con el Parlament disuelto tras la convocatoria electoral para el 12 de mayo (aunque esta no hará que la ILP decaiga), los socialistas han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la tramitación de la ley. Ya en su momento, desde el PSC señalaron que esta iniciativa era "extemporánea" y suponía persistir en errores del pasado cuando, según defendían los socialistas catalanes, la mayoría de la sociedad apuesta por pasar página. A pesar de sus votos en contra, la tramitación de la ILP quedó aprobada.
Días más tarde, como también hizo Vox, Cs y el PPC, el PSC pidió a la Mesa del Parlament que reconsiderara la admisión a trámite. En aquel escrito, argumentaban que el contenido de la ley es "manifiestamente contrario a los principios básicos constitucionales y estatutarios" y "palmariamente inconstitucional" y recordaban que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre esta cuestión, cosa que ahora deberá hacer de nuevo ante el recurso del PSC. Con todo, la mesa tumbó todas las reconsideraciones contra la iniciativa legislativa popular que pide declarar la independencia.
Informe contrario del letrado
En el recurso ante el Tribunal Constitucional, los socialistas subrayan que el secretario de la Comisión de Control de la ILP del Parlamento, Xavier Muro, firmó un informe que resolvía que no se cumplían "las condiciones que se establecen en la Ley 1/2006, de la Iniciativa Legislativa Popular, para que la Mesa del Parlament pudiera admitir a trámite la iniciativa." Según el escrito del letrado, la proposición de ley "no se ciñe al ámbito estricto de las competencias de la Generalitat" y, por lo tanto, incumple el artículo 6.2 de la ley que regula las ILP. Además, el informe también apuntaba a que la iniciativa suponía una "modificación sustancial de la forma de estado y de gobierno establecida y definida a la Constitución" y añadía que "cualquier regulación que altere o contradiga el diseño constitucional requiere una previa reforma constitucional".
A diferencia de la ILP que sí se admitió a trámite, esta misma semana, la Mesa del Parlament ha rechazado tramitar otra sobre autodeterminación. Se trata de una iniciativa que propone regular el estatus político de Catalunya impulsada por el Cercle Català de Negocis (CCN), Reagrupament Independentista, Cercle Català per la Iniciativa Popular y Suport Civil Català. El secretario tercero y diputado de la CUP, Carles Riera, es el único que ha votado a favor de tramitarla. Un informe de los letrados desaconseja tramitarla porque tiene un contenido similar a la ILP de Solidaritat Catalana tramitada el 20 de febrero, no cumple los requisitos formales y se trata de un tema que no es competencia de la Generalitat ni del Parlament.